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Hace ya un par de meses, publiqué aquí mi diagnóstico acerca de dónde estábamos, políticamente hablando, las izquierdas españolas, a dos años y medio del revulsivo que fue el movimiento social a partir del 15-M, y después de dos años de gobierno del Partido Popular, que, forzado por las circunstancias (pero también acicateado por sus propios intereses y por su ideología), ha llevado a cabo un sinnúmero de reformas regresivas y antipopulares, al servicio de la preservación de la hegemonía social y política de la oligarquía española y del gran capital europeo; y ha ocasionado, de paso (y ayudado por la notoria inepcia política del PSOE), una oleada desconocida desde hacía mucho tiempo de protestas y movilizaciones, así como un deterioro generalizado de la legitimidad del sistema político español.
Mi diagnóstico no era, desde luego, halagüeño: afirmaba -y sigo afirmando- que el enorme movimiento en favor de la democracia real que apuntó a partir de las movilizaciones de mayo de 2011 estaba prácticamente finiquitado. (Señalaba allí las razones que, en mi opinión, han conducido a este fracaso.) Y sugería que, a falta de nuevos acontecimientos, lo que íbamos a ver, en estos próximos tiempos, era un crecimiento -que ya estamos experimentando- de la relevancia de las izquierdas, tanto en el plano de los discursos públicos como en el electoral. Pero que ello (sin resultar, desde luego, despreciable) no iba a transformar el sistema político español, que (previsiblemente) va a continuar siendo tan notablemente oligárquico y poco participativo como lo conocemos hasta ahora (y, por consiguiente, la sociedad, tan desigual, empobrecida y dominada); por más que pequeñas reformas resulten esperables (y deseables), mas nada verdaderamente radical, ni en lo político ni en lo socioeconómico.
Justamente, es esto lo que estamos viendo: al hilo del crecimiento en fuerza y en difusión que los discursos políticos de las izquierdas han experimentado (porque explican mejor que las mentiras de la propaganda hegemónica lo que está pasando, y ello resulta patente, y porque los corifeos del "régimen del 78" y de la "economía del pelotazo" se encuentran completamente desacreditados, aun entre sus propi@s votantes), se están lanzando, y relanzando, numerosas iniciativas políticas, que pretenden traducir en el plano electoral y de la representación institucional esta evolución política. Algun@s diríamos que hasta demasiadas (pero esa sería otra cuestión): tenemos -por el momento- a Izquierda Unida, tenemos a Equo, tenemos el reciente proyecto de Podemos, tenemos al Partido X, tenemos a las izquierdas "periféricas" (catalana, gallega, vasca), tenemos iniciativas algo más cautelosas, tales como Alternativas desde Abajo; etc.
Mi problema (e intuyo que el de otr@s much@s) es que todas las iniciativas que acabo de mencionar se parecen, a mi entender, como una gota de agua a otra. Hay, desde luego, matices, que no digo que no posean alguna importancia. Pero no mucha: proceden, sí, de tradiciones diferentes, obedecen a desconfianzas asentadas dentro de la cultura de las izquierdas españolas (el PCE frente al trotskismo, los "viejos" partidos frente a los que presumen de "nuevos", los que asumen una identidad "español" frente a quienes la tienen "catalana", "gallega" o "vasca", los post-15M y los anteriores,...). Pero, más allá de debates microscópicos, de tintes meramente organizativos (y yo diría que lo es, al menos tal y como se está planteando, el que ha surgido acerca de las elecciones primarias como método de selección de candidat@s), y de diferencias en sus estilos de presentación (fruto de sus diferentes tradiciones de origen), lo cierto es que todas comparten idéntico enfoque político: el puramente reformista.
En efecto, ¿qué es lo que están proponiendo, como alternativa política, estas iniciativas? Más allá de la retórica (¡por supuesto, la palabra "rebelión" aparece en todos los discursos!), las más radicales de entre ellas se limitan a hablar, en el terreno socioeconómico, de la reforma del artículo 135 de la Constitución española y de una moratoria en el pago de la deuda, su sumisión a una auditoría ciudadana y el rechazo de la deuda que se llegue a considerar ilegítima. O, en el plano político, de la introducción de más mecanismos participativos, del control de la promiscuidad entre cargos políticos y gran capital, y de posibles técnicas de control de l@s representantes por parte de l@s elector@s.
Nada, sin embargo, sobre el modo que se pretende emplear para hacer valer estas propuestas (sin duda, valiosas) en la realidad del sistema político español. Explicándolo en palabras claras, y con preguntas concretas: aun suponiendo (¡en la mejor de las situaciones imaginables!) que las izquierdas españolas ganasen las próximas elecciones generales por mayoría absoluta, ¿existe intención de promover una iniciativa de reforma constitucional, que cambie el contenido del art. 135 CE, de acuerdo con el procedimiento estipulado en el art. 167 CE? Y, para la introducción de los referendos revocatorios, que exigiría modificar, entre otros, el art. 67 CE ("los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo"), se seguirá el mismo procedimiento? Porque, claro, hace falta el voto favorable de tres quintas partes de l@s diputad@s y de tres quintas partes de l@s senador@s, y triunfar luego en el -más que previsible- referéndum, que una décima parte de l@s diputad@s o de l@s senador@s pueden obligar a convocar.
¿Y qué pasa con el impago de la deuda? Parece claro que, aparte de las repercusiones políticas (tanto en el plano interno como en el internacional -en otro lugar me ocupé de esta cuestión), cualquier medida de esta índole chocaría inmediatamente, entre otros, con los tribunales, en la medida en que el derecho de propiedad privada se vería, obviamente, afectado. Y chocarían, muy señaladamente, con el Tribunal Constitucional (cuya composición, si se respetan las previsiones legales, sólo muy lentamente puede ser alterada) y con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (que es conocido por su inclinación manifiesta por interpretaciones más bien pro-liberales del Derecho europeo). De manera que, en ausencia de una reforma constitucional a fondo (que, si quisiera respetar las previsiones legales, debería realizarse conforme al engorroso procedimiento del art. 168 CE), y de la denuncia de tratados europeos, cualquier reforma en este sentido sería previsiblemente suspendida y anulada, antes de ser llevada a la práctica.
Entiéndaseme bien: ni estoy afirmando que cambiar sea imposible, ni estoy reclamando que pongamos, en lugar de la política prosaica, una mítica "Revolución" -así, con mayúsculas- de efectos taumatúrgicos (que nunca ha existido ni existirá, y que sólo sirve para que nostálgic@s y soñador@s de toda laya entretengan sus conversaciones). Lo que sí que reclamo es realismo político: saber que simplemente con proclamar nuestros deseos (aquí: nuestras propuestas de cambio) estas no van a realizarse; que hay que poner los medios para ello. Algunos de estos medios son, obviamente, los electorales. Pero no sólo.
Lo que estoy queriendo decir, en suma, es que los objetivos que las izquierdas están incluyendo en sus programas exigen, para ser realistas (si no son meros brindis al sol), una revolución: una revolución con minúsculas. Esto es, actuaciones políticas y de gobierno que se salgan del marco legal y político vigente: cambiar de constitución sin respetar los procesos de reforma previstos por la Constitución de 1978, hacer caso omiso de compromisos internacionales y de tribunales, etc. Y que, de otro modo, tales propuestas nunca serán llevadas a cabo.
Llegados a este punto, dos son las opciones. Bueno, tres: la tercera (la que, por desgracia, percibo como más probable) es el derrotismo. Que nos conformemos con proclamar lo que queremos -lo que desearíamos, más bien- y que, en la práctica, los partidos y candidaturas de izquierdas que se presenten a todo el próximo ciclo de elecciones se conformen con su crecimiento en votos y escaños. Y que intenten, gracias a ese crecimiento, parchear un poco, para mejor, algunas de las regulaciones y políticas más impresentables de los partidos hegemónicos. Mas sin cuestionar su hegemonía.
Pero, si no estamos dispuestos a aceptar la derrota antes de empezar la lucha, y si sabemos, además, que para llevar a cabo nuestras propuestas es preciso desobedecer, y salirse el marco legal vigente, entonces hay que admitir que sólo quedan dos alternativas: el elitismo o la vocación constituyente. De elitismos ya hemos tenido muy malas experiencias en las izquierdas: grupos de "salvadores" que creen tener la verdad y que pretenden imponérsela a tod@s, en las izquierdas y en toda la sociedad, sin respetar ni el Derecho, pero tampoco -lo que es más grave- los derechos ni la opinión de la ciudadanía. No creo que, hoy, a ningun@ nos atraiga buscar a nuestro Pol Pot...
Así que, en realidad, las alternativas verdaderas (descartada también la insurrección, por improbable) son solamente dos: o aceptamos la derrota, o hacemos una revolución democrática. Es decir: nos presentamos ante el pueblo español (o los pueblos de España -elíjase según gustos) con una propuesta política que apueste claramente por quebrar el marco constitucional y legal vigente, por desobedecerlo, para implantar aquellas medidas (como el impago de la deuda o la "democracia real") que consideramos imprescindibles para cambiar la sociedad y la política españolas y empoderar al pueblo. Y para, luego, abrir un proceso constituyente, que plasme el nuevo equilibrio de poderes y de derechos, después de una discusión y un proceso de aprobación abierto y verdaderamente participativo.
Lo demás, me parece, es retórica: ni el desesperante legalismo de Izquierda Unida (que, como se ha visto en Andalucía, y en tantas otras partes, provoca más frustración que otra cosa -en todo caso, no un cambio sustancial), ni las retóricas "revolucionarias" más encendidas que proliferan en otros partidos e iniciativas (que nunca se han enfrentado a problemas reales de gobierno, por lo que más bien hablan por hablar) nos van a conducir a algún lugar de provecho; porque no van a permitirnos cambiar las cosas como hace falta.
Una candidatura (lo más unitaria posible, claro, pero sobre todo) con vocación constituyente: eso es lo que estamos necesitando. ¿Alguien se apunta?
Justamente, es esto lo que estamos viendo: al hilo del crecimiento en fuerza y en difusión que los discursos políticos de las izquierdas han experimentado (porque explican mejor que las mentiras de la propaganda hegemónica lo que está pasando, y ello resulta patente, y porque los corifeos del "régimen del 78" y de la "economía del pelotazo" se encuentran completamente desacreditados, aun entre sus propi@s votantes), se están lanzando, y relanzando, numerosas iniciativas políticas, que pretenden traducir en el plano electoral y de la representación institucional esta evolución política. Algun@s diríamos que hasta demasiadas (pero esa sería otra cuestión): tenemos -por el momento- a Izquierda Unida, tenemos a Equo, tenemos el reciente proyecto de Podemos, tenemos al Partido X, tenemos a las izquierdas "periféricas" (catalana, gallega, vasca), tenemos iniciativas algo más cautelosas, tales como Alternativas desde Abajo; etc.
Mi problema (e intuyo que el de otr@s much@s) es que todas las iniciativas que acabo de mencionar se parecen, a mi entender, como una gota de agua a otra. Hay, desde luego, matices, que no digo que no posean alguna importancia. Pero no mucha: proceden, sí, de tradiciones diferentes, obedecen a desconfianzas asentadas dentro de la cultura de las izquierdas españolas (el PCE frente al trotskismo, los "viejos" partidos frente a los que presumen de "nuevos", los que asumen una identidad "español" frente a quienes la tienen "catalana", "gallega" o "vasca", los post-15M y los anteriores,...). Pero, más allá de debates microscópicos, de tintes meramente organizativos (y yo diría que lo es, al menos tal y como se está planteando, el que ha surgido acerca de las elecciones primarias como método de selección de candidat@s), y de diferencias en sus estilos de presentación (fruto de sus diferentes tradiciones de origen), lo cierto es que todas comparten idéntico enfoque político: el puramente reformista.
En efecto, ¿qué es lo que están proponiendo, como alternativa política, estas iniciativas? Más allá de la retórica (¡por supuesto, la palabra "rebelión" aparece en todos los discursos!), las más radicales de entre ellas se limitan a hablar, en el terreno socioeconómico, de la reforma del artículo 135 de la Constitución española y de una moratoria en el pago de la deuda, su sumisión a una auditoría ciudadana y el rechazo de la deuda que se llegue a considerar ilegítima. O, en el plano político, de la introducción de más mecanismos participativos, del control de la promiscuidad entre cargos políticos y gran capital, y de posibles técnicas de control de l@s representantes por parte de l@s elector@s.
Nada, sin embargo, sobre el modo que se pretende emplear para hacer valer estas propuestas (sin duda, valiosas) en la realidad del sistema político español. Explicándolo en palabras claras, y con preguntas concretas: aun suponiendo (¡en la mejor de las situaciones imaginables!) que las izquierdas españolas ganasen las próximas elecciones generales por mayoría absoluta, ¿existe intención de promover una iniciativa de reforma constitucional, que cambie el contenido del art. 135 CE, de acuerdo con el procedimiento estipulado en el art. 167 CE? Y, para la introducción de los referendos revocatorios, que exigiría modificar, entre otros, el art. 67 CE ("los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo"), se seguirá el mismo procedimiento? Porque, claro, hace falta el voto favorable de tres quintas partes de l@s diputad@s y de tres quintas partes de l@s senador@s, y triunfar luego en el -más que previsible- referéndum, que una décima parte de l@s diputad@s o de l@s senador@s pueden obligar a convocar.
¿Y qué pasa con el impago de la deuda? Parece claro que, aparte de las repercusiones políticas (tanto en el plano interno como en el internacional -en otro lugar me ocupé de esta cuestión), cualquier medida de esta índole chocaría inmediatamente, entre otros, con los tribunales, en la medida en que el derecho de propiedad privada se vería, obviamente, afectado. Y chocarían, muy señaladamente, con el Tribunal Constitucional (cuya composición, si se respetan las previsiones legales, sólo muy lentamente puede ser alterada) y con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (que es conocido por su inclinación manifiesta por interpretaciones más bien pro-liberales del Derecho europeo). De manera que, en ausencia de una reforma constitucional a fondo (que, si quisiera respetar las previsiones legales, debería realizarse conforme al engorroso procedimiento del art. 168 CE), y de la denuncia de tratados europeos, cualquier reforma en este sentido sería previsiblemente suspendida y anulada, antes de ser llevada a la práctica.
Entiéndaseme bien: ni estoy afirmando que cambiar sea imposible, ni estoy reclamando que pongamos, en lugar de la política prosaica, una mítica "Revolución" -así, con mayúsculas- de efectos taumatúrgicos (que nunca ha existido ni existirá, y que sólo sirve para que nostálgic@s y soñador@s de toda laya entretengan sus conversaciones). Lo que sí que reclamo es realismo político: saber que simplemente con proclamar nuestros deseos (aquí: nuestras propuestas de cambio) estas no van a realizarse; que hay que poner los medios para ello. Algunos de estos medios son, obviamente, los electorales. Pero no sólo.
Lo que estoy queriendo decir, en suma, es que los objetivos que las izquierdas están incluyendo en sus programas exigen, para ser realistas (si no son meros brindis al sol), una revolución: una revolución con minúsculas. Esto es, actuaciones políticas y de gobierno que se salgan del marco legal y político vigente: cambiar de constitución sin respetar los procesos de reforma previstos por la Constitución de 1978, hacer caso omiso de compromisos internacionales y de tribunales, etc. Y que, de otro modo, tales propuestas nunca serán llevadas a cabo.
Llegados a este punto, dos son las opciones. Bueno, tres: la tercera (la que, por desgracia, percibo como más probable) es el derrotismo. Que nos conformemos con proclamar lo que queremos -lo que desearíamos, más bien- y que, en la práctica, los partidos y candidaturas de izquierdas que se presenten a todo el próximo ciclo de elecciones se conformen con su crecimiento en votos y escaños. Y que intenten, gracias a ese crecimiento, parchear un poco, para mejor, algunas de las regulaciones y políticas más impresentables de los partidos hegemónicos. Mas sin cuestionar su hegemonía.
Pero, si no estamos dispuestos a aceptar la derrota antes de empezar la lucha, y si sabemos, además, que para llevar a cabo nuestras propuestas es preciso desobedecer, y salirse el marco legal vigente, entonces hay que admitir que sólo quedan dos alternativas: el elitismo o la vocación constituyente. De elitismos ya hemos tenido muy malas experiencias en las izquierdas: grupos de "salvadores" que creen tener la verdad y que pretenden imponérsela a tod@s, en las izquierdas y en toda la sociedad, sin respetar ni el Derecho, pero tampoco -lo que es más grave- los derechos ni la opinión de la ciudadanía. No creo que, hoy, a ningun@ nos atraiga buscar a nuestro Pol Pot...
Así que, en realidad, las alternativas verdaderas (descartada también la insurrección, por improbable) son solamente dos: o aceptamos la derrota, o hacemos una revolución democrática. Es decir: nos presentamos ante el pueblo español (o los pueblos de España -elíjase según gustos) con una propuesta política que apueste claramente por quebrar el marco constitucional y legal vigente, por desobedecerlo, para implantar aquellas medidas (como el impago de la deuda o la "democracia real") que consideramos imprescindibles para cambiar la sociedad y la política españolas y empoderar al pueblo. Y para, luego, abrir un proceso constituyente, que plasme el nuevo equilibrio de poderes y de derechos, después de una discusión y un proceso de aprobación abierto y verdaderamente participativo.
Lo demás, me parece, es retórica: ni el desesperante legalismo de Izquierda Unida (que, como se ha visto en Andalucía, y en tantas otras partes, provoca más frustración que otra cosa -en todo caso, no un cambio sustancial), ni las retóricas "revolucionarias" más encendidas que proliferan en otros partidos e iniciativas (que nunca se han enfrentado a problemas reales de gobierno, por lo que más bien hablan por hablar) nos van a conducir a algún lugar de provecho; porque no van a permitirnos cambiar las cosas como hace falta.
Una candidatura (lo más unitaria posible, claro, pero sobre todo) con vocación constituyente: eso es lo que estamos necesitando. ¿Alguien se apunta?
