(Adhesiones:
Los/las firmantes de este documento, firmemente comprometidos y comprometidas por una Universidad Pública, Laica, Democrática y al servicio de toda la sociedad, lo han elaborado con el objetivo, por una parte, de rebatir y desautorizar el Informe sobre una “Propuesta para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español” de la Comisión de “expertos” designada por el Ministerio, y para denunciar la deriva neoliberal, mercantilista y autoritaria de dicho informe, que en vez de avanzar hacia la resolución de los problemas y deficiencias de las Universidades públicas en el Estado Español amenazan con provocar una grave involución en las mismas, que las incapacitarían para jugar un papel positivo para contribuir a una salida socialmente justa de la actual crisis económica y sistémica que padecemos. Y, por otra parte, de cara a avanzar los criterios y líneas estratégicas básicas para Otra Universidad Posible.
El Informe de "expertos" del PP parte de un diagnóstico erróneo y catastrofista que pasa por alto la deficiente situación de partida de las Universidades Públicas en el Estado Español al final de la dictadura franquista y los progresos realizados por las mismas hasta llegar a una docencia y productividad científica equiparables a los del conjunto de los países de la OCDE, a pesar de la insuficiencia de medios de los que disponen. Y el Informe se realiza por un conjunto de “expertos” que lo son en distintas disciplinas académicas, pero en ningún caso en gestión académica o en cuestiones pedagógicas, y que vierten en él sus prejuicios ideológicos por encima de sus conocimientos científicos. Es necesario por tanto desmontar dichos prejuicios para enderezar los enfoques sobre la realidad universitaria que el Informe presenta:
UNA FORMACIÓN BÁSICA, POLIVALENTE Y CRÍTICA COMO FORMA DE ACCESO AL SABER COMPLEJO Y SIEMPRE ABIERTO
Carece de sentido pretender adaptar los estudios universitarios a un mercado cuya mudabilidad haría que en muchos casos las materias específicas introducidas con ese criterio hubieran devenido obsoletas al finalizar los estudios. Por otra parte, las graves deficiencias de la estructura económica y empresarial en el Estado Español harían dicho intento de adaptación especialmente suicida. Si los egresados y las egresadas de nuestras Universidades tienen dificultades para encontrar trabajo en España no es tanto por las deficiencias de su formación como por la incapacidad del tejido económico existente para rentabilizar un trabajo profesional de alta cualificación.
Es mucho más racional fomentar una formación básica y polivalente que capacite a las egresadas y los egresados de las Universidades, no ya para adaptarse a la situación existente, sino para incidir creativamente en la misma, vertiendo y desarrollando los conocimientos adquiridos y su capacidad investigadora, cosa que requerirá por otra parte profundos cambios en la estructura económica vinculados a un modelo alternativo de desarrollo social y humano.
UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO COMO FORMA DE GARANTIZAR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Es irracional pretender gobernar sistemas complejos por métodos jerárquicos y autoritarios. Los modelos de gestión empresarial dirigista que se pretenden trasplantar a la Universidad están por otra parte obsoletos, e ignoran la importancia, patentizada por la dinámica de grupos, de la participación e implicación personales, que requieren de métodos democráticos y son esenciales para actividades que no pueden reducirse a tareas mecánicas y repetitivas sino que necesitan de un esfuerzo intelectual y creativo, que son además imprescindibles para formar profesionales capacitados y capacitadas para investigar e innovar en el proceso de construcción de una sociedad mejor y una economía más justa. Tales métodos son también esenciales para promover una renovación pedagógica para un aprendizaje centrado en el estudiantado, que permita formar profesionales capacitados y capacitadas para investigar e innovar en el proceso de construcción de una sociedad mejor y una economía más justa.
Los cambios que requiere el gobierno de nuestras Universidades son, por el contrario, desarrollar y profundizar la participación democrática de las distintas categorías del profesorado, del estudiantado y del personal de administración y servicios, partiendo de los avances realizados desde el fin del franquismo pero superando los residuos corporativos todavía existentes que dificultan la plena participación de todos sus miembros en la toma de decisiones sobre el funcionamiento de la Universidad a todos sus niveles.
UNA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA QUE GARANTICE LA INDEPENDENCIA CIENTÍFICA, ACADÉMICA Y DEMOCRÁTICA DE LAS UNIVERSIDADES
Supeditar el gobierno de las Universidades a las instituciones políticas, como ocurriría si se hace intervenir a representantes de las mismas en sus órganos de gobierno académico e incluso en la elección de los rectores, no sólo contradeciría la autonomía universitaria establecida en la Constitución actualmente vigente, sino que obstaculizaría la capacidad crítica de dichas Universidades para el desarrollo del conocimiento y para la evaluación académica independiente de la actuación de los poderes públicos.
El interés social requiere de Universidades plenamente autónomas, capaces de gobernarse por sí mismas a partir de la participación democrática del conjunto de sus miembros y con una gestión profesionalizada, como base para rendir cuentas ante los poderes públicos del uso de los fondos públicos proporcionados por la sociedad para atender a sus necesidades de una docencia e investigación universitarias de alta calidad cuyos resultados puedan ser transferidos a la misma en el marco del dominio público y el interés social de dichos resultados.
UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA COMO SERVICIO PÚBLICO AL SERVICIO DE TODA LA SOCIEDADOrientarse hacia la financiación privada de las Universidades Públicas, condicionando así su docencia o investigación, llevaría a un despilfarro y mala utilización de recursos públicos al supeditarlos a intereses privados. Y la potenciación de Universidades Privadas, condicionadas por la búsqueda del lucro de sus propietarios, llevaría a que los medios en ellas invertidos no se dedicaran exclusivamente al desarrollo de una docencia e investigación de calidad.
Sólo la financiación pública de las Universidades Públicas, proporcionándoles los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades sin tener que recurrir a una financiación privada, posibilita que el uso de los fondos se oriente únicamente por la racionalidad académica y esté sometido a un control democrático que garantice que dicho uso esté regido exclusivamente por el interés público.
UNA UNIVERSIDAD COOPERATIVA QUE ESTIMULE LA COLABORACIÓN ACADÉMICA E INVESTIGADORA
Someter a las Universidades y a sus miembros a una carrera competitiva para obtener fondos a partir de ocupar posiciones en una escala de supuesta “excelencia” supone desincentivar la cooperación con otros colegas o centros que se presentan como “competidores”. Ello lleva a perder sinergias y posibilidad de esfuerzos compartidos que eviten duplicidades innecesarias, así como al desperdicio de los recursos de quienes por no recibir los fondos necesarios no puedan desempeñar adecuadamente sus funciones. Así, la “competitividad” entre las partes conduce a la incompetencia del sistema. Hay que impulsar por el contrario la cooperación entre profesionales y Universidades para rentabilizar al máximo los esfuerzos de todos y favorecer el desarrollo y la calidad de todas ellas.
UNA UNIVERSIDAD GRATUITA QUE NO IMPIDA EL ACCESO POR RAZONES ECONÓMICA
Cada joven que por razones económicas no puede seguir los estudios universitarios supone un oneroso despilfarro de potencialidades personales que lastra el desarrollo económico y social. Potenciar además el endeudamiento con becas-préstamo incondicionales supone hipotecar el futuro de las nuevas generaciones. Y desincentivar con tasas elevadas, o dificultando el acceso a una beca académica, una actividad tan socialmente necesaria como es el estudio supone una apuesta por el suicidio colectivo de nuestro país. Y ello resulta especialmente dramático en un contexto económico con un paro juvenil del orden del 50%, en tanto que supone condenar a muchos jóvenes a ni estudiar ni trabajar.
No hay mejor uso de los recursos públicos que estimular con la gratuidad y con la retribución de los estudios a través de becas-salario la formación de una juventud de cuya preparación dependerá en buena medida el futuro de nuestro país.
UNA SITUACIÓN ESTABLE DEL PROFESORADO QUE FACILITE SU INDEPENDENCIA, MOTIVACIÓN Y RENOVACIÓN PEDAGÓGICA
Incrementar el porcentaje del profesorado en situación precaria, potenciando la arbitrariedad en su contratación y también en su despido, reforzaría ciertamente las relaciones parafeudales entre quienes ostenten el poder de contratar y despedir y aquellos y aquellas que ocupen una posición de servidumbre hacia ellos. Pero no garantizaría para dicho profesorado precario la libertad de cátedra, el ejercicio de la crítica y el compromiso con la Universidad que son necesarios para el desarrollo de ésta como un proyecto colectivo compartido.
Una Universidad Pública, Crítica y Democrática requiere de un proceso objetivo de selección de su profesorado como del resto del personal, que tras un período inicial de formación le permita acceder en condiciones claramente estipuladas a una estabilidad sometida a controles igualmente objetivos para participar libre y críticamente en la tarea colectiva de desarrollar una docencia e investigación de calidad al servicio del interés público, del país que la alberga y del progreso humano.
