Este artículo examina el sentido político que poseen la regulación de la responsabilidad por daños y los criterios de imputación de responsabilidad por imprudencia: no solo se trata -aunque también- de corregir una injusticia conmutativa, de asignar los costes de manera eficiente y/o de realizar ajustes distributivos; además, al discutir acerca del concepto de responsabilidad por conducta imprudente se está debatiendo sobre qué riesgos han de ser asumidos por el ciudadano y cuáles, por el contrario, pueden y deben imputarse a los poderes sociales (administración pública y grandes empresas, principalmente). Es decir, sobre cuáles son los límites aceptables de la dominación social.
Una concepción, pues, republicana del Derecho de daños (y, acaso, también del Derecho penal de delitos imprudentes). Una lectura muy recomendable, que hacer pensar.
