Hoy publica el diario El País otra de sus habituales encuestas acerca del presente tono político de la sociedad española. Como todos los datos empíricos (más o menos) en bruto, estos también precisan de interpretación. Desde las izquierdas, lo primero que se ha resaltado -lo resalta el propio periódico- es el hecho de que la abrumadora mayoría de los encuestados comprendan las razones que condujeron a las pasadas movilizaciones de Ocupa/ Rodea el Congreso y las vean con simpatía.
Es ése, sin duda alguna, un buen dato. Yo, sin embargo, quisiera eludir el riesgo de la autocomplacencia (sin por ello negar que algo, o mucho, se habrá hecho bien en tales movilizaciones), para profundizar en el significado que, creo, tienen los resultados de la encuesta, desde el punto de vista de las perspectivas de evolución futura de los acontecimientos, y de nuestra capacidad de afrontarlos con provecho. Y, si se profundiza, pienso que los resultados no resultan en realidad tan halagüeños para nosotr@s como en un primer vistazo podría parecer.
Deseo, en este sentido, destacar los resultados obtenidos en tres de las preguntas de la encuesta. Primero, que, respondiendo a la cuestión del modelo de Estado que consideran más deseable para España, un 30 % (redondeo cifras) responde que un Estado centralizado; y un 49 %, que un Estado mucho más descentralizado (federal, confederal, secesión). Esto es, únicamente un 26 % respalda el modelo actual de organización territorial del Estado: la abrumadora mayoría desea cambiarla.
En segundo lugar, cuando se pregunta por el "espíritu de consenso" que -así reza el discurso oficial- permitió estabilizar el actual régimen político, una amplísima mayoría de l@s encuestad@s lo valora como algo bueno, que sería deseable que se reproduzca.
Por fin, aproximadamente el 50 % de las respuestas se inclinan por una reforma profunda de la vigente constitución española (frente a un 44 % que apuestan por reformas de detalle).
Hasta aquí los datos. Es cierto que la encuesta, muy intencionadamente, no hace preguntas que se refieran a ninguna transformación del sistema político distinta de las meramente institucionales (vale decir: cambios en el reparto del poder social). Sin embargo, pese a ello (y porque los resultados de esta encuesta coinciden sustancialmente con los de otras muchas), creo que podemos dar por bueno el cuadro que aparece: la gran mayoría de la ciudadanía española valora de forma muy negativa el funcionamiento actual del sistema político y demanda cambios en el mismo. Pero -hay que destacar- cambios que transiten por grandes pactos entre los partidos políticos mayoritarios (los que han soportado el sistema mismo: en esencia, P.S.O.E., P.P. y nacionalismos y regionalismos conservadores de algunas regiones/ naciones). Y que se centren en la reforma a fondo de unas instituciones públicas que se valoran como escasamente eficaces y representativas, más atentas a asegurar sus intereses y privilegios a los partidos políticos y a los grupos de presión que a la ciudadanía. Señaladamente, poniendo en cuestión la eficacia y racionalidad de las administraciones autonómicas.
¿Qué hay de los valores de la izquierda en estas conclusiones? Yo diría que no mucho: si las posiciones políticas de izquierdas se identifican no sólo por su respaldo a la democracia (real), sino sobre todo por una apuesta decidida por los derechos humanos para tod@s y por la justicia social (por la igualdad), entonces el discurso de la "regeneración democrática" puede ser perfectamente asumido también desde posiciones de derechas (que no comulguen con los valores igualitarios). Y, de hecho, lo están siendo: al menos, en sectores minoritarios de la misma.
En mi opinión, por lo tanto, el panorama que nos describe la encuesta es uno en el que todo (incluidas las protestas pretendidamente más radicales, como la del #25S) es interpretado por una gran parte de la ciudadanía -incluyendo a much@s votantes de partidos de izquierdas- principalmente desde la perspectiva de la reivindicación de "democracia real" frente a la "clase política". De manera que, por ejemplo, puede entenderse el gran apoyo a las movilizaciones del #25S porque, en realidad, no han sido percibidas -como lo era en su origen- como un movimiento insurreccional, sino como otra protesta más contra unos políticos (percibidos como) insensibles a las demandas ciudadanas. Percepción -y he aquí la explicación- comparten ciudadan@s de derechas y de izquierdas.
Esto tal vez sea visto, desde enfoques ciudadanistas, como una ventaja antes que como un problema. Sin embargo, un análisis político realista (que no atienda, pues, tan sólo al entramado institucional, sino también a las estructuras de poder social que lo sustentan) no puede dejar de poner de manifiesto el hecho que, más allá de los innegables vicios "partitocráticos" que muchos diseños institucionales de nuestro sistema político manifiestan (prebendas materiales injustificadas, escaso control del gasto realizado por los cargos públicos, oportunidades para la corrupción, exceso de discrecionalidad política en muchos nombramientos, etc.), lo cierto es que la crisis sociopolítica española poco tiene que ver con ellos. De hecho, en contra del discurso neoregeneracionista que campa hegemónico en buena parte de la opinión pública, el sistema político español es injustificadamente partitocrático desde hace ya varias décadas, sin que ello hubiese ocasionado ninguna crisis.
Sin negar, entonces, la seriedad de los problemas de índole institucional, lo evidente es que la crisis socioeconómica (y política) tiene su fuente en la sociedad, no en las instituciones: en la oligarquía económicamente dominante, en España y en Europa, y en su parasitismo ("socialización de pérdidas"); y en su hegemonía, social y política. Y, si esto es así, entonces hay que remontarse también a este reparto social (extremadamente desigual) del poder para entender por qué l@s líderes políticos españoles y europeos están adoptando las decisiones, económicamente irracionales y socialmente antipopulares (e impopulares), que están adoptando: porque, en el marco del vigente reparto de poder, no tienen alternativa. Esto parece particularmente evidente cuando se trata, como en el caso de España, de estados muy endeudados, prácticamente en quiebra: como ocurre siempre en estos casos, se hallan (al menos, si respetan las reglas de juego -del capitalismo) en manos de sus acreedores.
En breve: ¿alguien piensa que Mariano Rajoy estaría adoptando las medidas de "recortes" y "reforma laboral" si pudiera evitarlo? No me cabe duda de que seguiría favoreciendo a la iglesia católica y favoreciendo la especulación. Pero, ¿destruiría consciente e intencionadamente la base electoral de su partido -como está haciendo ahora- si no se viese forzado, por las circunstancias, esto es, por la voluntad soberana de los acreedores, expresada a través de "la Troika"? La respuesta evidente es que no: no hace falta sino recordar cómo José María Aznar evitó cuidadosamente separarse, a lo largo de su etapa de gobierno, de los consensos básicos en política socioeconómica que habían sido instaurados a los inicios de la transición.
(Este dato, por cierto, pone en cuestión la estrategia que los sindicatos mayoritarios están poniendo en práctica: si el gobierno no tiene -dentro de las reglas de juego- alternativas, entonces no tiene mucho margen para rectificar ni para negociar. En consecuencia, solamente la quiebra completa de su base electoral -objetivo inalcanzable para el movimiento sindical- o la rebelión pueden llegar a paralizarle.)
La pregunta que surge, entonces, necesariamente es: ¿está la ciudadanía española dispuesta a afrontar este hecho (la impotencia efectiva de l@s líderes polític@s) y a extraer las consecuencias prácticas oportunas? ¿a promover un cambio efectivo en las relaciones de poder en nuestra sociedad, más allá de lo institucional, a través de cambios en el reparto de la riqueza, de los derechos de propiedad, etc.?
Afirmo que la respuesta a ambas preguntas es, hoy, claramente negativa. Carezco de una base empírica suficiente para fundamentar mi afirmación, aunque los indicios que las encuestas nos ofrecen, unidos a la atenta observación de los debates políticos presentes, y hasta de mis conversaciones callejeras con muchos y muchas personas de izquierdas (¡para qué hablar, entonces, de las derechas!), me conducen a la convicción de que la izquierda combativa, radical, sigue estando en franca minoría. Al menos, hasta ahora.
(Obsérvese bien lo que digo: no digo que no haya amplias franjas de población que sostengan valores de izquierdas. Lo que niego es que, a partir de dichos valores, la mayoría dé el paso de apoyar un programa político de izquierda radical. O, en otras palabras, que la obediencia al sistema político imperante sigue resultando predominante sobre los valores morales teóricamente sostenidos.)
(Obsérvese bien lo que digo: no digo que no haya amplias franjas de población que sostengan valores de izquierdas. Lo que niego es que, a partir de dichos valores, la mayoría dé el paso de apoyar un programa político de izquierda radical. O, en otras palabras, que la obediencia al sistema político imperante sigue resultando predominante sobre los valores morales teóricamente sostenidos.)
Es cierto: la crisis ha abierto -como ya he destacado en varias ocasiones- una ventana de oportunidad. Para introducir discursos, análisis y programas de gobierno alternativos a los dominantes. Pero, primero, hay que tenerlos: programas, sobre todo, realizables a corto y medio plazo en términos realistas. Y, además, hay que lograr apoyo para los mismos: apoyos que también deberían ser realistas. En un ejemplo, que ya he utilizado otras veces: seguramente, la suspensión del pago de la deuda sea una medida justa (en términos morales) y necesaria (desde el punto de vista de la política económica). Pero hay que saber si la sociedad está dispuesta a asumir sus costes y sus riesgos: paralización del crédito, aislamiento económico, fuga de divisas, etc.
A día de hoy, me parece claro que ninguna de las condiciones anteriores existe. Aunque, por supuesto, lo característico de las condiciones de crisis es la fluidez de las situaciones y la rapidez con la que se transforman las percepciones y las actitudes.
¿Qué cabe esperar? Hacer profecías es siempre arriesgado; más en tiempos de tribulación. En todo caso, me atrevo a apuntar dos posibles cursos de los acontecimientos, a corto plazo:
Primer curso posible: el gobierno español y la Unión Europea son capaces (probablemente, cabalgando una -hoy por hoy, inexistente- tendencia global ascendente de la economía capitalista mundial) de controlar el déficit público y el déficit exterior del Estado español. A costa, por supuesto, de diversos reducciones adicionales de la renta (directa e indirecta) de la clase trabajadora. Pero de una forma pausada, paulatina. Y, a partir de un momento dado, el empleo (precario) empieza a aumentar. En tales condiciones, auguro (¡ojalá me equivoque!) que, aunque habrá desde luego muchísimas protestas, el sistema político español aguantará: los partidos políticos del régimen habrán visto muy mermada su credibilidad y su respaldo electoral. Pero, en ausencia de alternativas (de alternativas que, para la mayoría de la ciudadanía aparezcan como atractivas y realistas), ello se traducirá ante todo en abstención, apoyo a partidos "zombies" y a la extrema derecha, etc. Nada, pues, que el sistema político no pueda soportar (a costa de la democracia real, por supuesto).
Segundo curso posible: la situación socioeconómica continúa por el camino de rápido deterioro que conocemos, deterioro agudizado por las medidas pro-cíclicas de política económica tomadas en beneficio de los acreedores. El déficit público sigue desbocado, las dificultades de financiación aumentan tanto para el sector público como para el privado, la recesión continúa, el desempleo sigue su tendencia ascendente, así como la pobreza absoluta... Es decir, la situación llega a aparece de forma evidente como completamente fuera de control del gobierno. Entonces (y sólo entonces), existirá, me parece, la oportunidad de una rebelión.
En otras palabras: con una población mayoritariamente dispuesta -a izquierda y derecha- a la obediencia (no creo que el hecho de salir a la calle sin autorización sea un síntoma suficiente de actitud desobediente -aunque sí necesario), sólo la sensación de caos puede dar lugar a que se consideren otras alternativas: las nuestras, las de las izquierdas (que, hasta entonces, siguen siendo orilladas, o vistas -por quienes las conozcan- como demasiado arriesgadas), entre otras. (Conclusión realista que, por cierto, está confirmada por la experiencia histórica previa de otras situaciones de crisis social comparable.)
¿Consecuencias prácticas? Cada un@ es libre de extraerlas...
