Son ya muy numerosas las investigaciones que pretenden profundizar en los orígenes históricos y en las causas sociopolíticas de la evolución contemporánea de las políticas criminales punitivistas en los estados más ricos (eso que -con notoria imprecisión terminológica- se ha dado en llamar "populismo punitivo"). (Véase, por ejemplo, en este mismo Blog, aquí, aquí, aquí y aquí.) Precisamente, la misma Marie Gottschalk tiene un libro anterior (The Prison and the Gallows. The Politics of Mass Incarceration in America -que próximamente reseñaré también) que constituye un penetrante análisis en ese aspecto...
Sin embargo, en este libro que hoy comento (Princeton University Press, 2014) el objetivo es otro: se trata, en efecto, principalmente de describir las transformaciones más actuales del punitivismo. O, en otras palabras, de poner de manifiesto, de una parte, cómo las políticas criminales punitivistas también poseen historia, evolucionan, cambian, se reorientan. Y cómo, de otra parte, tales transformaciones implican una capacidad de supervivencia que, previsiblemente, irá más allá de aquellos factores estructurales y de aquellas conyunturas que favorecieron y contribuyeron a su nacimiento.
Así, en el trabajo, se examinan, en primer lugar, diversos análisis y estrategias de resistencia/ transformación -fallidos tanto los unos como las otras, en opinión de la autora- que se apoyan en una concepción del punitivismo que lo caracterizaría por su monocausalidad y por su transitoriedad. Ello ocurriría con los análisis y estrategias que pretenden interpretar el punitivismo y resistirlo desde la perspectiva del análisis económico, de su inmenso coste presupuestario para unas finanzas públicas exhaustas. O, igualmente, con aquellos otros análisis y estrategias que centran la atención en el papel (innegable... en alguna medida) del racismo. O, en fin, con los intentos de poner en cuestión la racionalidad del punitivismo desde el punto de vista de su ineficiencia para enfrentar los desafíos de la reincidencia y de la reintegración social de l@s penad@s.
En opinión de la autora, todos estos análisis, a pesar de contener indudables dosis de verdad, parecen presuponer que el punitivismo es, ante todo y sobre todo, un fenómeno eminentemente racional e ideológico, que podría ser combatido exclusivamente mediante argumentos racionales que mostrasen sus fallos e insuficiencias en tanto que políticas públicas. Sin embargo, este punto de partida desconocería el hecho de que cualquier fenómeno social -y el punitivismo, sin duda, lo es- posee una dinámica propia, también material (esto es, también en el plano del desarrollo de los recursos materiales, personales, institucionales, etc. que moviliza, en tanto que dispositivo, en tanto que práctica de poder). Y que, por ello, la mera crítica discursiva no puede, nunca, acabar con o cambiar por completo un proceso social: hacen falta, además, cambios estructurales en el plano de lo social (material).
De este modo, la autora augura que, en tanto que no se quiebren ciertos bloqueos (no sólo discursivos, sino también de acumulación de poder y de resistencia a cualquier política alternativa) que soporta el proceso político norteamericano, la reducción o eliminación de las políticas criminales punitivistas no tendrá lugar; sino tan sólo, más bien, únicamente su periódica transformación, en otro punitivismo, diferente, pero igual de letal para los derechos humanos de muchas personas y para su condición de ciudadanía.
En este sentido, apunta, en una segunda parte del trabajo, las maneras en las que, hasta hoy, dichas transformaciones han venido teniendo lugar. En concreto, destaca ciertas tendencias recientes, tales como:
- La distinción entre "delincuentes menores" y "delincuentes violentos y peligrosos", que permite propugnar al tiempo una reducción de penas para aquell@s y una expansión del control penal en este último caso.
- La vinculación entre el sistema penal y el sistema de control de la extranjería y de los flujos de personas migrantes, que conduce a una progresiva (y peligrosísima, en términos de derechos humanos) mixtura e interrelación intensiva entre ambos sistemas.
- La creciente "guerra contra los delincuentes sexuales", convertidos en objeto obsesivo de pánicos morales, campañas demagógicas y medidas hiper-autoritarias de control penal y social (formal e informal).
- La extensión del control penal fuera del ámbito de la prisión, a través de la multiplicación de los mecanismos de supervisión, vigilancia, privación de intimidad, etc. sobre personas objeto de atención prioritaria por parte del sistema penal (personas en libertad provisional, ex convict@s, penad@s en libertad condicional, etc.), aun cuando se encuentran "en libertad". Creándose, de este modo, una suerte de ciudadanía de segunda clase, privada de buena parte de sus derechos civiles, políticos y sociales, con la consiguiente agudización de la desigualdad.
Un diagnóstico, pues, que, en mi opinión, resulta extremadamente lúcido, al poner el dedo sobre el núcleo del problema: las insuficiencias (democráticas) de un proceso político que priva de voz efectiva dentro del mismo a muchas voces, grupos e intereses, los de los menos privilegiados, de manera que otros (no necesariamente mayoritarios, pero sí más hegemónicos) se hacen oír con preferencia y se imponen en las políticas públicas.
Un diagnóstico que, además, permite extraer un corolario práctico: no cambiaremos las políticas criminales punitivas tan sólo a través de una crítica intelectual (moral, de racionalidad instrumental, etc.) de las mismas. Pues, con ser necesaria, la crítica ha de resultar siempre insuficiente, si no se convierte en la herramienta de una praxis política (antiautoritaria) que reivindique y luche por dar voz también a las "clases peligrosas" (de donde, de manera abrumadora, proceden las víctimas del punitivismo), a sus necesidades, a sus inquietudes, a sus derechos.
En este sentido, apunta, en una segunda parte del trabajo, las maneras en las que, hasta hoy, dichas transformaciones han venido teniendo lugar. En concreto, destaca ciertas tendencias recientes, tales como:
- La distinción entre "delincuentes menores" y "delincuentes violentos y peligrosos", que permite propugnar al tiempo una reducción de penas para aquell@s y una expansión del control penal en este último caso.
- La vinculación entre el sistema penal y el sistema de control de la extranjería y de los flujos de personas migrantes, que conduce a una progresiva (y peligrosísima, en términos de derechos humanos) mixtura e interrelación intensiva entre ambos sistemas.
- La creciente "guerra contra los delincuentes sexuales", convertidos en objeto obsesivo de pánicos morales, campañas demagógicas y medidas hiper-autoritarias de control penal y social (formal e informal).
- La extensión del control penal fuera del ámbito de la prisión, a través de la multiplicación de los mecanismos de supervisión, vigilancia, privación de intimidad, etc. sobre personas objeto de atención prioritaria por parte del sistema penal (personas en libertad provisional, ex convict@s, penad@s en libertad condicional, etc.), aun cuando se encuentran "en libertad". Creándose, de este modo, una suerte de ciudadanía de segunda clase, privada de buena parte de sus derechos civiles, políticos y sociales, con la consiguiente agudización de la desigualdad.
Un diagnóstico, pues, que, en mi opinión, resulta extremadamente lúcido, al poner el dedo sobre el núcleo del problema: las insuficiencias (democráticas) de un proceso político que priva de voz efectiva dentro del mismo a muchas voces, grupos e intereses, los de los menos privilegiados, de manera que otros (no necesariamente mayoritarios, pero sí más hegemónicos) se hacen oír con preferencia y se imponen en las políticas públicas.
Un diagnóstico que, además, permite extraer un corolario práctico: no cambiaremos las políticas criminales punitivas tan sólo a través de una crítica intelectual (moral, de racionalidad instrumental, etc.) de las mismas. Pues, con ser necesaria, la crítica ha de resultar siempre insuficiente, si no se convierte en la herramienta de una praxis política (antiautoritaria) que reivindique y luche por dar voz también a las "clases peligrosas" (de donde, de manera abrumadora, proceden las víctimas del punitivismo), a sus necesidades, a sus inquietudes, a sus derechos.
