Hoy ha comparecido el nuevo Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ante la correspondiente comisión del Congreso de los Diputados, para anunciar el programa de acción de su departamento. Algunos comentarios de urgencia sobre su contenido:
- Ante todo, merece la pena destacar que, en general, lo que suele aparecer en los programas de acción de los ministerios tiene -ahora y antes- mucho que ver con los programas electorales llevados a las elecciones. No es, pues, cierto (como se suele pensar) que siempre se incumplan los programas electorales: en buena medida se cumplen, o se intenta cumplirlos, si las circunstancias lo permiten. Ocurrió así en la anterior legislatura por lo que hace a la justicia penal. Y ocurre también en ésta: en el programa electoral del Partido Popular figuraban, en muy buena medida, las propuestas hoy anunciadas. No caben, pues, sorpresas. (Es cierto, no obstante, que ni los programas suelen ser muy conocidos, ni tampoco la mayor parte del electorado vota en atención a medidas tan específicas como aquellas que afectan a la justicia penal.)
- De las medidas anunciadas por el Ministro, podemos dividir las referidas a la justicia penal en tres grupos: la parte correspondiente a recortes de derechos sociales en perjuicio de las clases populares, los favores y los "quites" -si se me permite la expresión taurina. Y, por fin, un gran y clamoroso silencio (acerca de lo importante).
- Los recortes: la reintroducción de tasas judiciales y la restricción del beneficio de justicia gratuita constituye un paso más (el anterior lo dio ya el anterio gobierno socialista, al limitar la justiciabilidad -civil y contencioso-administrativa- de asuntos en atención a su cuantía) en la limitación del acceso efectivo a la justicia por razones de clase social. Un paso más, pues, en la reducción del (teórico, al menos, a tenor de la ideología del "Estado del Bienestar") papel protector del Estado en favor de las clases populares, contrarrestando la desigualdad. También en el ámbito de la justicia, los escasos pasos igualitaristas dados con anterioridad están siendo eliminados. Pues el problema -sin duda, real- del uso y abuso de los recursos jurisdiccionales por parte de los abogados (que, por lo demás, no es más que el ejercicio -más o menos prudente- del derecho a la tutela judicial efectiva) debería ser resuelto siempre por otras vías, distintas de la restricción de derechos: mediante un mejor funcionamiento de la propia administración de justicia. Problema, sin duda alguna, complejo, pero que se prefiere no abordar.
- Los favores: No hay mucho que decir sobre ellos: tanto la reforma (de mínimos, por lo que parece) de la Ley Orgánica 2/2010, en materia de interrupción voluntaria del embarazo como la modificación del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (tan imporante para determinar la composición de los órganos judiciales y su nivel de (in-)dependencia) constituyen sendos guiños hacia grupos de presión y de poder que han sido importantes en la estrategia de oposición sociopolítica del Partido Popular a lo largo de estos años, la iglesia católica y los sectores más conservadores y reaccionarios del Ministerio Fiscal y (sobre todo) de la judicatura. No parece, empero, que vayan a cambiar significativamente la situación de estos dos ámbitos (derechos de las mujeres y administración de justicia), que seguirán dominados, como lo han estado siempre, respectivamente, por los intereses patriarcales en el dominio sobre el cuerpo femenino y por el control ideológico conservador sobre la justicia.
(Aunque, por supuesto, hay que esperar a ver los textos de los correspondientes proyectos. En especial, en el caso de la regulación de la despenalización de supuestos de interrupción voluntaria del embarazo: las declaraciones del Ministro en este sentido son lo suficientemente ambiguas para que no sea posible saber aún si se trata de una reforma "cosmética", o más bien de una contrarreforma -reaccionaria- en toda regla.)
- Los "quites": En este capítulo entran las otras tres reformas penales sustantivas adelantadas por el Ministro en su comparecencia: introducción de la "prisión permanente revisable" (eufemismo de la prisión perpetua), ampliación de la regulación de la "multirreincidencia" (es decir, tratamiento penológico de un grupo de faltas como si fuesen un delito) y -según parece entenderse de sus confusas declaraciones- aplicación del Derecho Penal de adultos a menores delincuentes "cuando haya implicados mayores y menores de edad en los mismos hechos" (o a lo mejor se trata tan sólo -también podrían entenderse así sus declaraciones- de acumular procedimientos, sin alteración del Derecho aplicable: en tal caso, la reforma sería esencialmente inane). Son quites, porque, al igual que en el toreo, es sabido que constituyen antes que otra cosa meros brindis al sol, desplantes: gestos dirigidos a entretener a un electorado transversal (no sólo a sus votantes), en el buen entendimiento de que muchos votantes sedicentemente "progresistas" están dispuestos también a comprar las recetas de "ley y orden", por lo que (como en la anécdota que se cuenta acerca de George Bernard Shaw) lo único que se podría discutir es "el precio"; esto es, quién va lo suficientemente lejos, quién va más y quién va menos de lo apropiado.
Así reza el discurso, desgraciadamente compartido por casi todos los partidos políticos españoles y por una gran parte de sus votantes (hay honrosas excepciones, por supuesto: Izquierda Unida es la más destacable), que se ha dado en llamar "populismo punitivo". Se trata de un discurso eminentemente imaginario, que posee un efecto fundamentalmente simbólico: mantiene el debate acerca de la conflictividad social en cierto ámbito conceptual (el de la maldad y el merecimento), ocultando las responsabilidades del Estado y de los grupos sociales más poderosos en la generación y mantenimiento de las situaciones de injusticia que fomentan comportamientos socialmente desviados. Y, sobre todo, sirve para entretener a la opinión pública y a los medios de comunicación, siempre deseosos de discutir acerca de temas que se consideran "morbosos" (delitos sexuales, delincuentes "malvados", menores "monstruosos", y otras tantas construcciones de la fantasía conservadora, siempre atemorizada -e intimidatoria- en razón del cambio, de la diversidad y del conflicto social).
Nada nuevo, pues: tanto el P.S.O.E. como el P.P. (como, en su ámbito, Convergència i Unió) han apostado, desde hace ya muchos años, por esta forma de empleo simbólico del Derecho Penal. Y, de hecho, han avanzado ya (¡y mucho!), en legislaturas anteriores, en la erosión del Derecho Penal de menores, en la exasperación de las penas de prisión más graves hasta extremos completamente irracionales (además de inhumanos) y en la represión con penas de prisión de la pequeña delincuencia patrimonial. Y se ha desmostrado que el impacto efectivo de tales reformas era, también, prácticamente simbólico, en términos cuantitativos (sin despreciar por ello el efecto, en términos de sufrimiento humano, que produce sobre determinados individuos apresados por el sistema penal -pero no en grandes masas).
La pregunta capital es, por supuesto: con lo que está cayendo, ¿será capaz el gobierno del Partido Popular de mantener así distraída a la población frente a su desastrosa política económica y a sus recortes de derechos económicos, sociales y culturales, en detrimento de las clases populares y en beneficio de la oligarquía española? Cabe dudarlo: el truco, muy explotado en la época del gobierno de José María Aznar, sirve, me parece, cuando se trata sólo de ocultar ataques a los derechos de grupos sociales marginados (inmigrantes, "terroristas", etc.). Pero dudo mucho de que sirva en estos tiempos, en los que la gran mayoría -dispuesta en principio a comprar la ideología conservadora de "ley orden"- se ve también esencialmente afectada en sus formas de vida y de consumo por la política de la derecha.
Así pues, adelanto un vaticinio: la verdadera política criminal del Partido Popular la vamos a ver, antes que en las reformas penales sustantivas (que, como acabo de argumentar, por muy perversas que resulten desde el punto de vista moral, no van a alterar significativamente el panorama del sistema penal español), en su política penitenciaria (¿cuánto se va favorecer la salida de prisión?) y en su política policial (¿cuánta represión frente a las protestas sociales?).
- La gran nada: Alberto Ruiz Gallardón ha anunciado igualmente la aprobación de una nueva ley procesal penal. Sin embargo, poco ha detallado a este respecto. Y uno (que conoce el paño) está casi seguro de que, si la iniciativa consigue llegar a término, difícilmente intentará afrontar el lamentable estado de la justicia penal española, desde el punto de vista de la justicia social, de las garantías de los imputados y de su eficacia preventiva frente a los fenómenos verdaderamente preocupantes de desviación social. Será otro parche más: más o menos "moderno", más o menos satisfactorio en cuanto al reparto de las competencias, más o menos restrictivo de los derechos de las partes del proceso. Pero nada más.
¿Es éste el programa en materia de justicia penal que nos merecemos? No, desde luego, sus víctimas, como tampoco, al menos, quienes nunca lo hemos votado (ni en el P.P. ni en el P.S.O.E.). Porque, en esencia, no es nada: gestos, favores... naderías (clasistas, por supuesto).
(Aunque, por supuesto, hay que esperar a ver los textos de los correspondientes proyectos. En especial, en el caso de la regulación de la despenalización de supuestos de interrupción voluntaria del embarazo: las declaraciones del Ministro en este sentido son lo suficientemente ambiguas para que no sea posible saber aún si se trata de una reforma "cosmética", o más bien de una contrarreforma -reaccionaria- en toda regla.)
- Los "quites": En este capítulo entran las otras tres reformas penales sustantivas adelantadas por el Ministro en su comparecencia: introducción de la "prisión permanente revisable" (eufemismo de la prisión perpetua), ampliación de la regulación de la "multirreincidencia" (es decir, tratamiento penológico de un grupo de faltas como si fuesen un delito) y -según parece entenderse de sus confusas declaraciones- aplicación del Derecho Penal de adultos a menores delincuentes "cuando haya implicados mayores y menores de edad en los mismos hechos" (o a lo mejor se trata tan sólo -también podrían entenderse así sus declaraciones- de acumular procedimientos, sin alteración del Derecho aplicable: en tal caso, la reforma sería esencialmente inane). Son quites, porque, al igual que en el toreo, es sabido que constituyen antes que otra cosa meros brindis al sol, desplantes: gestos dirigidos a entretener a un electorado transversal (no sólo a sus votantes), en el buen entendimiento de que muchos votantes sedicentemente "progresistas" están dispuestos también a comprar las recetas de "ley y orden", por lo que (como en la anécdota que se cuenta acerca de George Bernard Shaw) lo único que se podría discutir es "el precio"; esto es, quién va lo suficientemente lejos, quién va más y quién va menos de lo apropiado.
Así reza el discurso, desgraciadamente compartido por casi todos los partidos políticos españoles y por una gran parte de sus votantes (hay honrosas excepciones, por supuesto: Izquierda Unida es la más destacable), que se ha dado en llamar "populismo punitivo". Se trata de un discurso eminentemente imaginario, que posee un efecto fundamentalmente simbólico: mantiene el debate acerca de la conflictividad social en cierto ámbito conceptual (el de la maldad y el merecimento), ocultando las responsabilidades del Estado y de los grupos sociales más poderosos en la generación y mantenimiento de las situaciones de injusticia que fomentan comportamientos socialmente desviados. Y, sobre todo, sirve para entretener a la opinión pública y a los medios de comunicación, siempre deseosos de discutir acerca de temas que se consideran "morbosos" (delitos sexuales, delincuentes "malvados", menores "monstruosos", y otras tantas construcciones de la fantasía conservadora, siempre atemorizada -e intimidatoria- en razón del cambio, de la diversidad y del conflicto social).
Nada nuevo, pues: tanto el P.S.O.E. como el P.P. (como, en su ámbito, Convergència i Unió) han apostado, desde hace ya muchos años, por esta forma de empleo simbólico del Derecho Penal. Y, de hecho, han avanzado ya (¡y mucho!), en legislaturas anteriores, en la erosión del Derecho Penal de menores, en la exasperación de las penas de prisión más graves hasta extremos completamente irracionales (además de inhumanos) y en la represión con penas de prisión de la pequeña delincuencia patrimonial. Y se ha desmostrado que el impacto efectivo de tales reformas era, también, prácticamente simbólico, en términos cuantitativos (sin despreciar por ello el efecto, en términos de sufrimiento humano, que produce sobre determinados individuos apresados por el sistema penal -pero no en grandes masas).
La pregunta capital es, por supuesto: con lo que está cayendo, ¿será capaz el gobierno del Partido Popular de mantener así distraída a la población frente a su desastrosa política económica y a sus recortes de derechos económicos, sociales y culturales, en detrimento de las clases populares y en beneficio de la oligarquía española? Cabe dudarlo: el truco, muy explotado en la época del gobierno de José María Aznar, sirve, me parece, cuando se trata sólo de ocultar ataques a los derechos de grupos sociales marginados (inmigrantes, "terroristas", etc.). Pero dudo mucho de que sirva en estos tiempos, en los que la gran mayoría -dispuesta en principio a comprar la ideología conservadora de "ley orden"- se ve también esencialmente afectada en sus formas de vida y de consumo por la política de la derecha.
Así pues, adelanto un vaticinio: la verdadera política criminal del Partido Popular la vamos a ver, antes que en las reformas penales sustantivas (que, como acabo de argumentar, por muy perversas que resulten desde el punto de vista moral, no van a alterar significativamente el panorama del sistema penal español), en su política penitenciaria (¿cuánto se va favorecer la salida de prisión?) y en su política policial (¿cuánta represión frente a las protestas sociales?).
- La gran nada: Alberto Ruiz Gallardón ha anunciado igualmente la aprobación de una nueva ley procesal penal. Sin embargo, poco ha detallado a este respecto. Y uno (que conoce el paño) está casi seguro de que, si la iniciativa consigue llegar a término, difícilmente intentará afrontar el lamentable estado de la justicia penal española, desde el punto de vista de la justicia social, de las garantías de los imputados y de su eficacia preventiva frente a los fenómenos verdaderamente preocupantes de desviación social. Será otro parche más: más o menos "moderno", más o menos satisfactorio en cuanto al reparto de las competencias, más o menos restrictivo de los derechos de las partes del proceso. Pero nada más.
¿Es éste el programa en materia de justicia penal que nos merecemos? No, desde luego, sus víctimas, como tampoco, al menos, quienes nunca lo hemos votado (ni en el P.P. ni en el P.S.O.E.). Porque, en esencia, no es nada: gestos, favores... naderías (clasistas, por supuesto).
