(Adhesiones:
Manifiesto de Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, Grupo Inmigrapenal, Pueblos Unidos y Mugak Sos Racismo
Las personas y entidades abajo firmantes expresan su preocupación ante las políticas de control migratorio que practica España, una de cuyas manifestaciones más preocupantes es la privación de libertad indiscriminada de personas extranjeras cuya única falta es no tener la documentación en regla.
Cada año, miles de personas migrantes son internadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) por encontrarse en situación irregular y, cuando las organizaciones se entrevistan con ellas, a menudo detectan que no se ha entrado a valorar sus circunstancias personales y familiares. A pesar de que el internamiento, tanto en la Ley de Extranjería como en el marco legal europeo y los Convenios internacionales se configura como una medida excepcional y existen alternativas que no conllevan la privación de libertad.
Respecto del perfil de personas internadas, el Ministerio del Interior afirma que tan sólo se está reteniendo en los CIE a personas con antecedentes penales o sin arraigo social. No obstante, estas declaraciones no se corresponden con la realidad, según han podido constatar las organizaciones y colectivos que visitan los CIE y entrevistan a las personas retenidas (por poner un ejemplo, tan solo un 27% de las personas visitadas en 2012 por Pueblos Unidos en el CIE de Aluche tenían antecedentes penales).
Los CIE son lugares en los que se han producido violaciones de derechos humanos, tal y como han probado y puesto en evidencia organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e instituciones nacionales como la oficina de la Defensora del Pueblo, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura o la Fiscalía General del Estado. El Gobierno está elaborando una nueva normativa reguladora de estos Centros, que debe desarrollar el ejercicio de los derechos de las personas internadas.
Finalmente, más allá del debate en torno al funcionamiento y organización de los CIE, pedimos que se evite en lo posible la adopción de la medida cautelar de internamiento. Recordamos que la privación de libertad de personas migrantes por estancia irregular está configurada como una respuesta excepcional, de manera que la propia ley señala que solo puede acudirse al internamiento después de una valoración individual de cada caso concreto y una vez que se hayan desechado todas las medidas alternativas. Y ha de evitarse, en todo momento, el internamiento respecto de grupos especialmente vulnerables -tales como posibles víctimas de trata o de violencia de género, embarazadas, personas con enfermedades graves o niños y niñas-.
Por todo ello, hacemos un llamamiento al Ministerio del Interior, a las Delegaciones de Gobierno, a los Juzgados de Instrucción y a la Fiscalía –instituciones todas ellas con responsabilidades de uno u otro tipo en la expulsión de personas inmigrantes para que respeten todas las garantía previstas en el ordenamiento jurídico a las personas migrantes en situación irregular, eviten su internamiento y opten, con carácter general, por medidas cautelares alternativas.
