Comunicado de las Mesas Ciudadanas de Convergencia y Acción
ANTE LA “CONTRA-REFORMA” JUDICIAL DEL GOBIERNO DEL PP: MOVILIZACIÓN CIUDADANA EN DEFENSA DE LA JUSTICIA Y LA DEMOCRACIA
La continuidad y profundización de las mas duras políticas neoliberales, los recortes de gasto en prestaciones y servicios sociales básicos, el incremento del desempleo hasta cifras nunca antes alcanzadas, el saqueo por los bancos de las viviendas de las victimas del fraude hipotecario mediante desahucios judiciales,... ponen de manifiesto una situación social plagada de injusticias y agresiones a los más débiles, a los de abajo, que sin duda traerá mas protestas ciudadanas de las que ya viene repitiéndose en nuestro país desde hace meses, protagonizadas por el estallido de a indignación acumulada de la inmensa mayoría de las personas.
Recortes sociales y recesión económica, empobrecimiento, protesta social, son la secuencia de acontecimientos que el estado neoliberal prevé y frente a la cual ha puesto en marcha una contrarreforma de la justicia y las leyes penales para facilitar e incrementar la represión y criminalización del descontento ciudadano.
El Ministro de Justicia acaba de anunciar las inmediatas medidas del Gobierno del PP para poner en marcha esta inmensa regresión en los derechos y libertades civiles fundamentales, lo que de hecho supone una nueva vuelta de tuerca en la degradación de la calidad de la democracia otorgada con la Constitución de 1978.
El Gobierno y sus aliados en el poder financiero han decidido eliminar la, desde antes mermada por indirecta, capacidad de los ciudadanos de participar en la elección del Gobierno del Poder Judicial, a pesar de que el articulo 117 de la CE afirma que “la justicia emana del pueblo”. Así, el órgano de Gobierno del Poder Judicial, uno de los tres poderes públicos que contempla nuestros sistema constitucional, será elegido mayoritariamente entre los propios jueces de forma directa (al menos 12 de sus 21 miembros), en una operación de usurpación de soberanía popular de la que resultaran directamente beneficiados los jueces nostálgicos del Franquismo que han llevado al banquillo de los acusados hasta, hasta ahora, tres veces al Juez Garzón
El Gobierno del PP ha anunciado que los Magistrados del Tribunal Constitucional pasaran a ser “vitalicios”, cual Jefe de Estado de la Constitución de 1978, en un intento de asimilación al sistema estadounidense donde los lobbys político-económicos controlan la interpretación de las leyes a través de privilegiadas relaciones con los magistrados vitalicios de la Corte Suprema
Un Justicia “censitaria” y ajena a la realidad social, que cumplirá diligentemente su misión de endurecer el castigo a la disidencia en aumento y a la protesta política, sindical y social.
La introducción de la Prision Perpetua Revisable, cuando no existe justificación alguna al acabar de desaparecer en España el ultimo vestigio de violencia política armada, es un injustificado retroceso de siglos en las políticas criminales, y supone la imposición de una pena indeterminada y cruel –asi esta calificada internacionalmente la cadena perpetua-, de la que no se sabe su duración exacta, valorándose subjetivamente la anterior por el mismo poder judicial que ahora se auto elige, lo que quiebra el principio de legalidad penal intrínseco a los sistemas democráticos y priva al condenado de su derecho esencial a conocer la amplitud y duración de su condena.
Nos anuncian una contrarreforma del Código Penal y las leyes de enjuiciamiento que restringirá los derechos ciudadanos a golpe de titular periodístico, “alarma social” auto creada que otorga la coartada buscada para desarrollar un “derecho penal de autor” o “del enemigo” dirigido no a ilícitos penales sino a colectivos concretos identificados como disidentes u opositores antes de que hayan actuado. Recordemos que el Tribunal Constitucional ha manifestado en distintas ocasiones que la “alarma social” es un concepto ajeno al texto constitucional y por lo tanto inadecuado para justificar reforma legal alguna.
El endurecimiento del tratamiento de la multireincidencia primará castigar los delitos comunes menores propios de situaciones de exclusión social, en un país como España, donde la población reclusa es proporcionalmente de las mas altas de Europa a pesar de tener unos índices de criminalidad situados en la media inferior comunitaria. Nada se anuncia sobre el endurecimiento de los delitos económicos o “de cuello blanco”, perpetrados únicamente por los dueños de los “mercados”.
De autentico retroceso civilizatorio calificamos la desaparición del tratamiento penal diferenciado a los menores implicados en delitos, que volverán a ser juzgados junto a los mayores de edad por los mismos tribunales que a estos. A la par, las menores de edad mayores de 16 años no podrán decidir libremente la interrupción de su embarazo, como concesión a la iglesia católica española a costa de criminalizar a cientos de niñas menores de edad.
Finalmente, la introducción de tasas para poder recurrir las sentencias dictadas en las jurisdicciones civiles y contencioso administrativa, introduce de facto un “copago” judicial que hará a un más difícil a los ciudadanos o empresas más modestas defender sus derechos, consolidándose así una justicia para ricos. Esta reforma recaudatoria carece de justificación como elemento disuasorio de litigar sin fundamento, a efecto de acabar con el colapso de la justicia, toda vez que ya existe el mas que disuasivo mecanismo de la condena en costas a la parte vencida, condena que efectivamente disuade de pleitear, o recurrir en este caso, de forma injustificada, arbitraria o irreflexiva
Con la reforma de la Justicia y de las leyes penales propuesta por el PP, se perpetra una grave agresión a los derechos humanos fundamentales de todas las personas.
La condena de Tribunal Supremo por el que se expulsa de la carrera judicial al juez Baltasar Garzón por “el caso de corrupción de la trama Gurtel, su enjuiciamiento por investigar los crímenes imprescriptibles de “lesa humanidad” del franquismo, y por otro lado la inoperancia de la justicia frente a los delitos de corrupción con sentencias escandalosas como la declaración de no culpable del expresidente valenciano Camps, son muestras de los males que corroen la justicia en España. La “contrareforma” del gobierno PP lejos de sanear democráticamente la enferma justicia española socavará su ya escasa credibilidad.
La ciudadanía no debemos permanecer pasivos ante el “contra-reformazo” judicial que favorece la reacción y el autoritarismo. En defensa de la Justicia, los derechos y la democracia llamamos a la ciudadanía, a las organizaciones cívicas, sociales y políticas, a movilizarse unitariamente para detener la contra-reforma judicial que promueve el Ministro Gallardón y su Gobierno.
