(Adhesiones al Manifiesto:
Desde hace meses venimos asistiendo a una creciente intervención estatal a través de diversos canales de financiación en los problemas de solvencia de bancos y entidades crediticias en general.
Desde Democracia real Ya queremos denunciar el uso indebido de dinero público para acudir al rescate de entidades, que por su mala gestión o por una asunción desmedida de riesgos se están viendo abocadas a la quiebra o a la intervención y ayuda estatal para poder sobrevivir.
No se puede pedir a los ciudadanos, en aras a la estabilidad del sistema financiero, que acudan a salvar a entidades arruinadas por una gestión ineficaz, al mismo tiempo que se le exigen esfuerzos adicionales y pérdida de servicios públicos para, según se les dice, poder vencer la crisis.
■Cuando una empresa, acuciada por esa misma crisis, entra en quiebra, se disuelve y reparte entre sus acreedores, no es rescatada por los ciudadanos.
■Cuando un parado pierde o agota sus prestaciones, nadie acude a sufragar sus más elementales necesidades, no es rescatado por los ciudadanos.
■Cuando un ciudadan@, ahogado por esa misma crisis, no puede pagar la hipoteca, pierde el derecho básico a la vivienda que la Constitución reconoce, y nadie acude a su rescate, sino que se le persigue aún después de haberla perdido.
Los que han llevado a estas entidades a esa situación son los mismos que financiaban viviendas por encima de su valor, y que asumían riesgos inasumibles en aras a continuar su lucrativo negocio, y esos son quienes deben responder de las pérdidas y de su gestión, no los ciudadanos soportando el peso del rescate.
Baste poner como ejemplo los 12.000 millones de euros de las participaciones preferentes, emitidas por bancos y cajas estos 3 últimos años, entre ellas la CAM, que vendió a 5.000 de sus clientes estos productos como depósitos sin riesgo, asegurando que en cualquier momento se podrían retirar los fondos, pero la verdad es que en la situación de crisis actual se han convertido en productos tóxicos, que los bancos se niegan a asumir. Se calcula en unos 700.000 el número de afectados por este fraude, y actualmente, la asociación de usuarios de banca promueve una denuncia colectiva para conseguir la devolución de sus ahorros.
Los últimos rescates de la CAM y del Banco de Valencia, unidos a los de Caja Castilla la Mancha y CajaSur, elevan en otros 12.000 millones de euros los empleados en rescatar entidades crediticias, en rescatar a uno de los sectores causantes de la crisis.
Ante el grave atentado al erario público pagando o financiando a quien debería financiar, o contribuyendo con ello a las jubilaciones insultantes de algunos de sus directivos, denunciamos públicamente esta situación, y desde Democracia real Ya exigimos:
■El cese inmediato de los rescates a los bancos con dinero público.
■La depuración de todas las responsabilidades económicas o penales derivadas de la mala gestión de los gestores de las entidades rescatadas.
■La entrada en los consejos de administración de las entidades rescatadas para intervenir en su gestión y tutela, dando así respuesta a la necesidad de tener una banca pública que compense los desequilibrios mostrados por la actual banca privada, concediendo por ejemplo préstamos a bajo interés a empresas que muestren proyectos viables y compromisos de estabilidad laboral ante sus empleados.
■Utilizar el parque de inmuebles de las entidades rescatadas para promover alquileres a bajo coste para los más necesitados, descargando así al erario público del peso del rescate.
Porque los ciudadan@s no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, porque ya basta de pagar las crisis de otros, para que paguen los que nos han llevado hasta aquí.
¡Democracia real Ya! ¡Unid@s por un cambio global!
Desde Democracia real Ya queremos denunciar el uso indebido de dinero público para acudir al rescate de entidades, que por su mala gestión o por una asunción desmedida de riesgos se están viendo abocadas a la quiebra o a la intervención y ayuda estatal para poder sobrevivir.
No se puede pedir a los ciudadanos, en aras a la estabilidad del sistema financiero, que acudan a salvar a entidades arruinadas por una gestión ineficaz, al mismo tiempo que se le exigen esfuerzos adicionales y pérdida de servicios públicos para, según se les dice, poder vencer la crisis.
■Cuando una empresa, acuciada por esa misma crisis, entra en quiebra, se disuelve y reparte entre sus acreedores, no es rescatada por los ciudadanos.
■Cuando un parado pierde o agota sus prestaciones, nadie acude a sufragar sus más elementales necesidades, no es rescatado por los ciudadanos.
■Cuando un ciudadan@, ahogado por esa misma crisis, no puede pagar la hipoteca, pierde el derecho básico a la vivienda que la Constitución reconoce, y nadie acude a su rescate, sino que se le persigue aún después de haberla perdido.
Los que han llevado a estas entidades a esa situación son los mismos que financiaban viviendas por encima de su valor, y que asumían riesgos inasumibles en aras a continuar su lucrativo negocio, y esos son quienes deben responder de las pérdidas y de su gestión, no los ciudadanos soportando el peso del rescate.
Baste poner como ejemplo los 12.000 millones de euros de las participaciones preferentes, emitidas por bancos y cajas estos 3 últimos años, entre ellas la CAM, que vendió a 5.000 de sus clientes estos productos como depósitos sin riesgo, asegurando que en cualquier momento se podrían retirar los fondos, pero la verdad es que en la situación de crisis actual se han convertido en productos tóxicos, que los bancos se niegan a asumir. Se calcula en unos 700.000 el número de afectados por este fraude, y actualmente, la asociación de usuarios de banca promueve una denuncia colectiva para conseguir la devolución de sus ahorros.
Los últimos rescates de la CAM y del Banco de Valencia, unidos a los de Caja Castilla la Mancha y CajaSur, elevan en otros 12.000 millones de euros los empleados en rescatar entidades crediticias, en rescatar a uno de los sectores causantes de la crisis.
Ante el grave atentado al erario público pagando o financiando a quien debería financiar, o contribuyendo con ello a las jubilaciones insultantes de algunos de sus directivos, denunciamos públicamente esta situación, y desde Democracia real Ya exigimos:
■El cese inmediato de los rescates a los bancos con dinero público.
■La depuración de todas las responsabilidades económicas o penales derivadas de la mala gestión de los gestores de las entidades rescatadas.
■La entrada en los consejos de administración de las entidades rescatadas para intervenir en su gestión y tutela, dando así respuesta a la necesidad de tener una banca pública que compense los desequilibrios mostrados por la actual banca privada, concediendo por ejemplo préstamos a bajo interés a empresas que muestren proyectos viables y compromisos de estabilidad laboral ante sus empleados.
■Utilizar el parque de inmuebles de las entidades rescatadas para promover alquileres a bajo coste para los más necesitados, descargando así al erario público del peso del rescate.
Porque los ciudadan@s no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, porque ya basta de pagar las crisis de otros, para que paguen los que nos han llevado hasta aquí.
¡Democracia real Ya! ¡Unid@s por un cambio global!
