We own this city es una mini-serie (seis capítulos) que comparte muchas de las características de las producciones televisivas de David Simon: protagonismo colectivo, prominencia de los desafíos propios de las ciudades norteamericanas y, en especial, de las clases bajas dentro de las mismas, atención al racismo y a la discriminación de la población afroamericana, así como al papel de las fuerzas policiales en la gestión de la población proletaria...
En particular, We own this city versa sobre un notable caso de corrupción y malas prácticas policiales en la ciudad de Baltimore. Y, sin embargo, como suele ocurrir siempre con las obras de Simon, lo más interesante no es -con resultar entretenida- la anécdota, sino la categoría: en este caso, los dilemas a los que se enfrenta una política de gestión de la población proletaria (afroamericana) en una ciudad y una sociedad en la que se ha optado por la desigualdad y la resolución violenta de los conflictos sociales.
En efecto, más allá de las concretas práctica corruptas y de violación de derechos por parte de las fuerzas policiales que la serie viene a retratar, lo más interesante son los dilemas políticos (de política policial... y, por ende, de política criminal) a los que se ven enfrentadas las autoridades políticas. Porque, una vez que se opta por no afrontar los problemas sociales mediante estrategias políticas de empoderamiento y de justicia, sino a través de la gestión violenta del conflicto social (buscando perpetuar así las relaciones de dominación y de explotación... y la desigualdad, el racismo y la violencia que dicha perpetuación necesariamente conlleva), los dilemas políticos se multiplican: ¿cómo gestionar una gran masa de población proletaria discriminada y explotada respetando sus derechos civiles? ¿cómo otorgar poder a la policía para llevar a cabo esa gestión sin otorgarle al mismo tiempo el poder de abusar de sus potestades y de la violencia? ¿cómo evitar dicho abuso sin desmotivar a los agentes y deteriorar su eficacia represiva?
Al cabo, como vívidamente representa la serie, todos estos dilemas carecen de solución: reprimir de manera eficaz implica siempre la posibilidad del abuso y la necesaria impunidad del mismo (al menos, en la mayor parte de las ocasiones). El modelo del policía íntegro, capaz de reprimir lo necesario, pero solamente lo necesario (sin "abusar" de su posición de poder), parece más una entelequia (un ideal profesional inalcanzable... acaso meramente una forma de blanquear y hacer propaganda acerca de unas funciones bastante siniestras) que una posibilidad real. Y, por ello, la reforma policial puede limitar algunas de las lacras más visibles de la represión sin freno, pero no puede acabar con ella. Porque, si lo hiciese, acabaría también con la eficacia represiva que la tarea policial, en un contexto social así de injusto y violento, necesariamente implica.
En el marco de la sociedad norteamericana y de su injusticia hacia las minorías étnicas no blancas, todo este panorama dilemática viene a plasmarse en las paradojas propias de la "guerra contra las drogas" (y, más en general, en la "guerra contra el crimen"), como manifestación contemporánea de la vieja lucha contra los proletarios pobres que toda policía, en una sociedad injusta, violenta y racista, ha mantenido desde siempre: como expresamente se afirma en algunos de los diálogos de la serie, este "guerra" es, ciertamente, una guerra civil, con todo lo que la lógica de guerra civil implica. Una guerra, pues, en la que las fuerzas armadas del Estado son empleadas para mantener bajo control a un (numeroso) grupo de población sojuzgada, merced al uso de la violencia. Y, en la que, por supuesto, el bando de los policías no es, ni puede ser, el de los ciudadanos; no, al menos, el de los ciudadanos pobres (afroamericanos... o de cualquier otra minoría, étnica o social). En esta situación, la policía se convierte -lo quiera o no- en el enemigo: como tal será tratada; y como tal actuará.
No existe, pues, una alternativa que no sea violentamente represiva al conflicto policial y de seguridad, si antes no se ha optado -al menos- por desmilitarizar y pacificar el conflicto social subyacente. (Si no -lo que sería aún preferible- por resolverlo mediante el reconocimiento de derechos y de justicia social.)
