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miércoles, 16 de octubre de 2013

La nueva reforma penal, vista desde abajo y a la izquierda (1)


1. Desde abajo y a la izquierda

Son ya muchas las publicaciones que intentan analizar el nuevo Proyecto de reforma del Código Penal (¿el del Partido Popular? ¿el de Alberto Ruiz-Gallardón?). Aquí y ahora, de todas las cosas que se podrían decir sobre él, yo desearía concentrarme en poner de manifiesto aquellas que más van a afectar, cuando la reforma sea aprobada (y dependiendo, por supuesto, de cuáles sean los términos finales de la misma), a lo que más nos debe importar, si miramos a las leyes -como se debe- desde abajo (es decir, pensando en su impacto sobre las clases populares, y especialmente sobre los grupos sociales más empobrecidos y marginados) y desde la izquierda (preocupados, pues, por la posibilidad de provocar cambios sociopolíticos).

2. "Populismo punitivo"

Los comentarios y análisis acerca del Proyecto pueden circular por varios caminos diferentes. Se puede, en primer lugar, atender a lo que tiene de común con las reformas anteriores, esto es, con la política criminal del denominado "populismo punitivo"; o es posible también, por contra, concentrarse sobre todo en los pasos "adelante", en las nuevas vueltas de tuerca, que la nueva reforma ensaya en esta vía político-criminal.

Desde esta primera perspectiva, lo primero y principal que hay que decir es que el nuevo proyecto no cambia nada en esa forma de hacer política criminal, que se ha dado en llamar -con escasa propiedad terminológica y conceptual- "populista": una política criminal que, en el plano de los discursos analíticos y justificativos, aparece ensimismada en sus propias narraciones, fantásticas (por carentes de base empírica alguna), acerca de la delincuencia y de los poderes, pretendidamente taumatúrgicos, con los que la reforma del Derecho Penal sustantivo contaría para alterar tal "realidad". Que sólo logra engañar -si es que lo logra- a los sedicentes "expertos" que la elaboran y proponen, y acaso al sector culturalmente más obtuso del electorado. No, desde luego, a los partidos políticos (que hacen un uso meramente instrumental, demagógico, de esta política criminal). No a los verdaderos expertos. Y, lo que es más importante, tampoco a los operadores del sistema penal: estos se toman con razonable escepticismo cada nueva reforma, la utilizan, cuando pueden, para sus finalidades instrumentales, la manipulan para que no agriete demasiado el vetusto edificio... Y, en todo caso (y, sin duda alguna, es lo más grave de todo), dejan que el sistema siga funcionando "en piloto automático"; vale decir, sin que nadie sepa en realidad, en la mayoría de las ocasiones (hay que recordarlo, en nuestra realidad criminológica -la empírica, no la de las fantasías de políticos, opinadores ignorantes y "expertos" ministeriales- la mayoría de los casos que acceden a los tribunales de justicia, y más aún a las prisiones, son de una delincuencia pequeña, muy pequeña, casi ínfima), para qué sirve realmente imponer una pena, una medida de seguridad o una medida cautelar, a pesar del sufrimiento humano que conlleva y de su coste económico.

En este aspecto, la "reforma Gallardón" prolonga esta línea de ensimismamiento en los discursos político-criminales, fundados antes en fantasmas y en grupos de presión que en necesidades reales. Incapaces, al parecer, las instituciones políticas del Estado español (en ésta como en muchas otras cuestiones) de acceder a la realidad social que las rodea (tan atrapadas están por la endogamia política, por su aislamiento respecto de una ciudadanía desarticulada, por el chantaje de los poderes sociales y por el influjo desmesurado de grupos de presión y de medios de comunicación), el nuevo proyecto de reforma del Código Penal dice más acerca de quiénes son los que tienen acceso a los medios de comunicación y a influir sobre los partidos políticos "de gobierno" (los hegemónicos en el régimen) que sobre ningún problema político-criminal real (y, menos aún, sobre la realidad criminológica española).

Nada nuevo, pues, en el fondo: los sucesivos gobiernos, del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español, vienen haciendo sucesivas e innecesarias reformas, basándose en similares "criterios" orientadores e intentando afrontar prácticamente los mismos pretendidos "problemas" político-criminales. No obstante, que no sea nuevo no quiere decir que no signifique, globalmente, un nuevo empeoramiento -si cabe- de la legislación penal: no sólo en aspectos técnicos, sino en lo que más importa, en sus efectos sociales sobre la población española más marginada (social y/o políticamente). Pues, más allá de los absurdos discursos justificativos (que, ya lo he dicho, se apoyan principalmente en fantasías), continúa, de hecho, la política criminal clasista, orientada específicamente hacia (contra) la marginación social y la disidencia política: continúa, porque nada mejora en este aspecto el Derecho sustantivo, porque lo mantiene (tan mal) como estaba en su mayor parte; y porque aun da algunos pasos adicionales, para reprimir todavía más, a los mismos sectores, sociales y políticos.

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