Este artículo (aparecido en el volumen 3 de los Oxford Studies in Private Law Theory) plantea, e intenta resolver en un sentido republicano, un problema fundamental de la teoría de la justicia (que afecta no solamente al Derecho privado, sino a toda política pública deontológicamente orientada -incluyendo, por supuesto, las políticas realizadas a través de normas jurídicas y de procedimientos jurisdiccionales): el de la relación entre la justicia que hay que hacer, de una parte, para equilibrar la interacción (un contrato, un negocio, una agresión,...) existente entre dos sujetos y, de otra, la cuestión más general de los efectos que dicho acto de justicia produce sobre la distribución global de recursos y de poderes entre todos los sujetos.
Para plantearlo en un ejemplo significativo: cuando un órgano judicial resuelve un conflicto en torno a la propiedad o la posesión de un bien material (puede ser en un procedimiento civil reivindicatorio, o en un procedimiento penal por hurto o apropiación indebida...), ¿debe importar únicamente (para determinar si la adjudicación que el juez o tribunal ha realizado en el caso está suficientemente justificada desde el punto de vista valorativo) el restablecimiento del statu quo inicial, corrigiendo los actos abusivos de una de las partes en detrimento de los intereses -juridificados como derechos subjetivos- de la otra parte? ¿O, por el contrario, a la hora de decidir jurídicamente sobre el caso debería tomarse en consideración también el efecto distributivo global de la decisión (es decir, la justicia mayor o menor de la asignación inicial de recursos y poderes -de derechos- a las partes, así como los cambios que el acto "abusivo" de una de las partes y la ulterior corrección de sus efectos por medio de los remedios jurisdiccionales eventualmente van a producir en dicha distribución)?
(Las cuestiones de justicia correctiva y de justicia distributiva rara vez son examinados cuando se discute sobre la justificación de las normas penales y de la adjudicación de casos en el seno de la jurisdicción penal. Yo, por mi parte, desarrollé algunas ideas al respecto en el capítulo 13 de mi libro sobre La justificación de las leyes penales.)
