Leer El oficio de decidir es un ejercicio agradable: bien escrito, en tono sosegado (alejado, por lo tanto, de las jeremiadas usuales: ¡se hunde el Estado de Derecho! ¡los jueces quieren acabar con el gobierno legítimo!), a caballo entre la actualidad (amnistía, acceso a la judicatura, lawfare, politización de la administración de justicia) y la reflexión profesional, constituye una aproximación muy recomendable para cualquiera que, desde perspectivas razonablemente progresistas, quiera acercarse a la realidad de la administración de justicia española (en particular, de la justicia penal) y contemplarla "desde dentro". Eso sí, desde un punto de vista muy particular: el de un magistrado con largos años de experiencia, pero que no accedió a su puesto actual, en un tribunal superior de justicia, por el camino habitual (la oposición memorística, el juzgado unipersonal, la progresiva promoción y cambio de puesto) y que antes de ser juez había sido profesor universitario.
La lectura del libro me parece, no obstante, que ofrecerá frutos muy diferentes al ciudadano o ciudadana profanos en Derecho y a quienes -como es mi caso- conocen de cerca el Derecho Penal y la administración de justicia. En el primer supuesto, ya lo he dicho, podrán hallar en esta obra una gran cantidad de observaciones valiosas sobre cómo trabajan los tribunales de justicia, sobre los dilemas, riesgos, tentaciones y defectos de quienes forman parte de ellos, cómo se relacionan entre sí y con el resto de los operadores del sistema, y también con el resto de la ciudadanía (justiciables, medios de comunicación, grupos de poder, políticos,... ciudadanos/as cualesquiera). Reflexiones sensatas, guiadas por un loable sentido del equilibrio y la ponderación. También por el realismo: lejos de la intención del autor está sin duda alguna la de escribir ninguna suerte de panegírico laudatorio y corporativista sobre la grandeza de los jueces (tan frecuentes, tan pueriles, tan aburridos); antes al contrario, se trata de sacar a la luz lo que pasa todos los días, pero rara vez se reconoce, en la práctica real de la administración de justicia.
Nada nuevo, en cambio, hallará el que conozca de cerca la administración de justicia española. En efecto, nada de lo que cuenta Pasquau Liaño es algo que no haya sido dicho, señalado o propuesto, una y mil veces, mejor formulado y con más justificación, en estudios, propuestas, obras de investigación, auditorías, informes, etc. En este sentido, el gran valor de libro (más allá de lo divulgativo que pueda resultar) es el hecho de que todo lo que en él se dice lo diga y reconozca abiertamente un magistrado experimentado (aunque, es cierto, un magistrado con una trayectoria particular). Que alguien rompa la absurda ley del silencio tácita que parecería que prohíbe que dentro de la administración de justicia se pueda revelar que jueces/as y magistrados/as son humanos, influenciables, se equivocan a veces, o temen haberlo hecho, tienen sesgos, prejuicios y tentaciones, diferentes perfiles y capacidades, formas de actuar muchas veces discutibles... Que alguien quiebre, en suma, la fachada cuasi-sacramental de la que la judicatura española se ha rodeado, o dejado rodear, tradicionalmente y en buena medida sigue intentando rodearse (aunque cada vez con menos éxito).
Por lo demás, la misma viveza y riqueza del contenido del libro, su naturaleza de reflexiones (aparentemente) a vuelapluma y hondamente personales, marcan también cuál es la limitación mayor del libro. Y, si se me apura, la limitación mayor de la abrumadora mayoría de nuestros/as jueces/as y magistrados/as, incluso progresistas (descuento una ínfima minoría de honrosas excepciones -a algunos/as de los/as cuales conozco y me honro en admirar), cuando hablan sobre los problemas de la administración de justicia: su incapacidad para trascender los micro-problemas de gestión (de la oficina judicial, del proceso, de la interpretación y aplicación de la ley) e identificar los desafíos verdaderamente estructurales de nuestro sistema penal. En efecto, poco encontrará el/la lector/a en este libro sobre ellos: sobre la clamorosa desigualdad social en el acceso a la justicia penal o al derecho de defensa efectivo, sobre la notoria impunidad de la delincuencia de los poderosos, sobre el gran problema de la enfermedad mental en prisión, sobre la disparatada política criminal español en ciertas materias (drogas, delitos sexuales,...), sobre la falta de garantías suficientes en la fase previa al juicio oral de un proceso que siguen siendo mucho más inquisitivo de lo deseable, sobre la generalizada debilidad de la argumentación judicial sobre hechos probados, sobre la extenuante burocratización de los procedimientos...
Sobre todo ello (y mucho más), que hace que nuestra administración de justicia sea lenta, torpe, desigual y poco útil para la ciudadanía, es imprescindible pensar, pero sin duda trasciende con mucho a lo que afecta a la forma de actuar de los/as jueces/as y magistrados/as individualmente considerados. (Aunque también les afecte, o debería afectarles: un/as juez/a o magistrado/a sensible al papel de la administración de justicia como servicio público, preocupado por proteger los derechos fundamentales, no deferente con el poder, preocupado por hacer justicia dentro de lo legalmente posible, y con una concepción no burocrática, pero tampoco sacerdotal, de su función, debería ir más allá del reconocimiento de sus propias debilidades, limitaciones o sesgos, para reclamar cambios estructurales, tanto en la organización como en las prácticas judiciales, que afrontasen todos estos desafíos.)
