Sin duda alguna, la tradición europea dominante en filosofía política y, en buena medida, también en teoría política posee un carácter esencialmente idealista en la forma de describir la realidad, y una vocación primordialmente normativa a la hora de concebir su función. Esto tiene sus ventajas: la riqueza y sutileza de la discusión, en filosofía política y en teoría de la justicia y de los derechos, dentro de dicha tradición resulta proverbial. Pero tiene también notorios inconvenientes: en demasiadas ocasiones, uno lee obras en esta tradición que parten de presupuestos acerca de cómo actúan los seres humanos y de cómo funciona la sociedad (y el Estado, y el proceso político) que resultan sencillamente inaceptables, por su absoluta desconexión de la realidad. Pues, en efecto, hoy en día, con el avance del conocimiento en las ciencias sociales, contamos ya con un amplio bagaje de evidencia empírica sobre dicha realidad, y de teorías con capacidad para analizarla y explicarla. Y, simplemente, parece inadmisible que dicho bagaje y dichas teorías no sean tomadas en seria consideración en las discusiones morales y políticas, tanto teóricas como prácticas (pues, no se olvide, el desprecio de los/as teóricos/as por las cuestiones empíricas acaba por influenciar a los/as líderes políticos/as que intentan llevar las ideas políticas y las concepciones acerca de la justicia a la realidad de las políticas públicas). Que haya quien pretenda seguir discutiendo sobre justicia o derechos como, en su época, lo hicieron Immanuel Kant o John Locke, de espaldas al conocimiento científico (científico-social) contemporáneo.
Sin duda alguna, la situación en el universo cultural anglosajón (muy señaladamente, en los Estados Unidos de América) es muy diferente a este respecto: solamente hay que leer a muchos de los clásicos contemporáneos norteamericanos de la filosofía política y de la teoría de la justicia (a John Rawls, a Robert Nozick, a David Gauthier... incluso a Ronald Dworkin, cuando trata este tipo de temática) para comprobar su interés por las aportaciones de la ciencia económica, de la teoría de la decisión y de la racionalidad y de la ciencia política empírica. (No todos, desde luego: una Martha Nussbaum o un Charles Taylor, por ejemplo, se desempeñan más bien en una línea similar -parecidamente idealista y puramente normativa- a sus colegas europeos...)
Sea como sea, pienso que ya es tiempo de reclamar una mayor apertura de nuestros debates y teorías normativas al conocimiento empírico. (Así, por ejemplo, en mi propio ámbito de especialidad, el Derecho Penal, parece intolerable continuar elaborando tesis político-criminales sobre bases exclusivamente normativas, y/o sin datos y explicaciones con base empírica que resulten suficientemente informativos acerca de la situación en la que las políticas públicas penales van a ser aplicadas y sobre sus potenciales efectos.)
A este respecto, el reciente desarrollo -en el medio anglosajón- de programas académicos (tanto docentes como investigadores) de Philosophy, Politics, and Economics parece un magnífico ejemplo del cambio de enfoque y de la apuesta por la interdisciplinariedad que estoy reclamando. En efecto, en estos programas se trata de utilizar todo el amplísimo bagaje de conocimientos que la teoría de la decisión racional y de la optimización de dicha decisión ha ido desarrollando, en el seno de la ciencia económica. Aplicándolo tanto a la descripción y explicación de las conductas individuales, como de las interacciones sociales, como de las decisiones y actuaciones colectivas (incluyendo las de los poderes públicos).
Lo característico de este enfoque es la apuesta por un análisis no psicologista, sino sociológico del comportamiento individual y colectivo. Pero uno basado principalmente en la identificación del individuo y de sus razones para actuar como punto de partida y en un modelo de explicación de las conductas que presupone que, como regla general, estas son racionales (es decir, persiguen objetivos racionalmente formulados y justificables), aun si se trata de una racionalidad limitada y muchas veces discutible en sus presupuestos (no necesariamente compartible, pues). Y que, en cambio, no presupone ab initio que solamente ciertas preferencias o valores son aceptables, sino que admite la realidad de la diversidad de preferencias y el pluralismo valorativo como situación habitual en la que las interacciones sociales y las decisiones colectivas tienen lugar.
De este modo, sectores de las ciencias sociales tan relevantes como la teoría microeconómica de la utilidad, del intercambio y de la eficiencia, la teoría de la decisión racional, la teoría de juegos, la teoría sociológica de las convenciones, normas e instituciones sociales, la teoría de la elección pública y la teoría politológica de la democracia son incorporados a base fáctica de la que se parte para discutir acerca de las cuestiones de justicia, de derechos, de distribución del poder político y, en general, del diseño de las políticas públicas. Con la esperanza de que ello puede contribuir a que las discusiones y las decisiones en todos estos ámbitos resulten más eficaces, eficientes, racionales y justificables.
En este sentido, el libro que hoy reseño (Princeton University Press, 2021) proporciona una espléndida introducción a todos estos ámbitos disciplinarios. Y, sobre todo, aporta una presentación integrada de todos ellos: nada de lo que el libro expone resultará novedoso para quien conozca cada una de las disciplinas traídas a colación; pero, ciertamente, poner en relación todas ellas en una exposición integrada y orientada a contribuir a las discusiones normativas sobre derechos, justicia, poder político y políticas públicas, posee un valor propio, por la visión de conjunto que da.
Me parece por ello, hasta donde alcanzo a ver, del libro más recomendable para aproximarse -como creo que debemos- a esta evolución (inter-)disciplinar, por su carácter introductorio, accesible, pero muy completo.
Si acaso, puestos a señalar objeciones, yo echaría en falta en esta obra un tratamiento (siquiera fuese introductorio) de dos ámbitos que me parecen igual de importantes para el objetivo que se pretende con el desarrollo de la rama de Philosophy, Politics, and Economics. En primer lugar, un examen un poco más detallado (se hacen algunas alusiones, pero superficiales) de las aportaciones que los estudios de economía conductual están haciendo, a la hora de construir un modelo de racionalidad mucho más realista y compatible con las limitaciones en la capacidad de procesamiento de la mente humana. Y, por otra parte, se echa de menos también un capítulo que pusiese en relación todo el conocimiento empírico traído a colación con las teorías (normativas) de la justicia, los derechos y la democracia (es cierto que existen muy buenas exposiciones de cada una de estas cuestiones, pero falta una obra introductoria que las relacione adecuadamente con el conocimiento social disponible).
Pese a estas limitaciones (supongo que inevitables en una obra introductoria y pionera), mi más entusiasta recomendación sigue en pie: quien, de entre su público objetivo (juristas, filósofos/as morales, filósofos/as políticos), se aproxime a este libro con mente abierta obtendrá mucha satisfacción y mucho aprendizaje en cuestiones importantes para su buen hacer como teóricos/as. ¿Qué más se puede pedir?
