El principio de proporcionalidad es el tópico argumentativo más empleado por los tribunales (y, muy especialmente, por los tribunales constitucionales) a la hora de decidir acerca de la justificación jurídica, o carencia de ella, de decisiones políticas que afectan a derechos fundamentales. Sin embargo, siempre ha existido la sospecha de que el recurso a este tópico era un mero disfraz del mero decisionismo judicial. Y ello, porque (más allá de la sospecha, políticamente fundada, que algunos puedan -podamos- albergar acerca de las motivaciones auténticas de los tribunales cuando se meten a decidir en cuestiones altamente politizadas), desde el punto de vista teórico, resulta difícil dotar al principio de proporcionalidad de un contenido férreamente racional y controlable: en última instancia (como bien señala Ralf Poscher en el artículo que hoy recomiendo), porque comparar realidades heterogéneas (por ejemplo: comparar limitaciones en la emisión de gases tóxicos con la libertad de empresa) resulta en todo caso, cuando menos, altamente problemático...
No obstante, hay maneras de intentar salvar esta objeción. Y me parece que la que en este trabajo (aparecido en la revista Jurisprudence) ensaya Poscher es de las más sugerentes: profundizar en la naturaleza de la operación de comparar magnitudes e intentar aplicar esa teoría (en el fondo, matemática) a los problemas de naturaleza jurídico-constitucional.
Sin duda, un trabajo altamente recomendable, que obliga a pensar de nuevo nuestras convicciones sobre en qué ha de consistir el control de constitucionalidad de las decisiones políticas y legislativas que afectan a los derechos fundamentales, si es que quiere ser verdaderamente racional y bien argumentado (y no -en el mejor de los casos- mero decisionismo judicial, más o menos bien intencionado).
