Una interesantísima historia sobre la (íntima) relación entre los orígenes del capitalismo financiero y la generalización de la impunidad de la abrumadora mayoría de las actividades especulativas, aun si resultan socialmente dañosas.
La hipótesis (no solo histórica, sino sociológica: funcional) reza: el desarrollo de la economía financiera, en tanto que condición necesaria para el desarrollo acelerado de cualquier economía capitalista, solamente es posible si -entre otras cosas- se asegura a los agentes financieros emprendedores, con suficiente certeza, que prácticamente nunca van a ser hechos personalmente responsables (ni patrimonialmente ni mediante sanciones) por los malos resultados de sus decisiones arriesgadas (de inversión, crédito, compraventa de títulos-valores, etc.); proporcionándoles, así, incentivos para, pese a todo, arriesgarse. Y, dado que los beneficios que el desarrollo de la economía financiera aportan (al menos, desde un punto estrictamente económico: de crecimiento del PIB) a la sociedad superan con mucho a sus costes y riesgos (sin duda, a causa de ciertos actos de especulación financiera pueden producirse temporales efectos de ineficiencia microeconómica, o incluso, en los casos más graves, inestabilidad macroeconómica, también temporal, pero, a largo plazo, la contribución de la economía financiera al crecimiento resultaría indudable), la impunidad generalizada sería una estrategia político-criminal generalizada en los estados capitalistas desarrollados, desde los inicios del capitalismo hasta nuestros días (con muy pocas excepciones).
De este modo, la generalizada impunidad de la actividad financiera más especulativa no sería -o no solo- el producto de fenómenos de captura del regulador, o de la selectividad clasista (tanto primaria como secundaria) del sistema penal. Es decir, no obedecería únicamente a un mal funcionamiento de las políticas públicas (políticas criminales) en el ámbito de la desviación social de naturaleza empresarial. Sino que a la efectiva generalización de dicha impunidad contribuirían también razones de política pública (política económica) perfectamente atendibles... Por supuesto, si es que se dan por buenos los objetivos (el crecimiento del PIB) y valores (la importancia de la productividad, de la eficiencia económica, etc.) de los que dicha política económica parte; y, además, se les trata como objetivos y valores carentes de límites morales.
La hipótesis resulta, cuando menos sugerente, digna de consideración... 😒
