El artículo que enlazo plantea una cuestión importante: puesto que resulta evidente que la política de expulsión de inmigrantes en situación administrativa irregular es, en términos cuantitativos, una política fracasada (la desproporción entre cifras de inmigrantes en dicha situación y cifras de internamientos en Centros de Internamiento de Extranjeros y de expulsiones es verdaderamente clamorosa), ¿por qué se mantiene dicha política? ¿Qué función cumple verdaderamente, cuando resulta evidente que no es la de reducir las cifras de inmigrantes residentes en situación irregular?
La pregunta me parece, ciertamente, muy pertinente, ya que la inmensidad del esfuerzo que el Estado (el español, como otros de Europa Occidental) realizan para aplicar esta política (la inversión en recursos, en normativa, en actividad policial, etc.) parecería, desde un punto de vista instrumental, básicamente absurda, si es que no cumple alguna otra función.
Lo cierto, sin embargo, es que el artículo, que tan interesante cuestión invita a reflexionar, le otorga una respuesta que, desde mi punto de vista, es decepcionante, por poco convincente (por insuficiente): según las autoras, el papel del internamiento (y, cabe colegir, de la expulsión igualmente) sería fundamentalmente el de simbolizar, pese a todo (pese a la evidencia empírica), la persistencia del poder del Estado en este ámbito, el de la extranjería.
No me cabe duda de que, en la mente de los burócratas que elaboran las normas y que las intentan aplicar y hacer aplicar, esta mentalidad (autoritario-burocrática: "la ley es la ley, y tiene que ser cumplida") estará muy presente. Y, sin embargo, como explicación (psico-sociológica) de un fenómeno político -y jurídico- tan potente como el de la política de represión de la inmigración irregular dentro de las fronteras de la Unión Europea (con unos efectos tan determinantes sobre la realidad sociopolítica de los estados que la integran), me parece insuficiente: demasiado esfuerzo, para tan solo fingir soberanía...
Me atrevo a sugerir, a este respecto (es solo una sugerencia, haría falta un estudio y una reflexión mayores para poder hacer la afirmación de manera más tajante), que, aparte de esa función simbólica, la posibilidad de detención, internamiento y expulsión de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular cumple una función adicional; y, en mi opinión, todavía más importante: sirve -o lo pretende- como herramienta para el control social de dicho grupo de población. Es decir, la posibilidad de detención, internamiento y expulsión, por muy poco probable que resulte, pero precisamente porque es en buena medida aleatoria (depende de que la persona migrante se encuentre en el lugar, en el momento y con las personas -acompañantes, policías, etc.- "equivocados"), constituye un mecanismo idóneo (insuficiente por sí mismo, desde luego, pero, junto con otros, idóneo) para disciplinar a esas personas, para hacerlas más sumisas, menos conflictivas: la dificultad para controlar las circunstancias que pueden llevar a una persona a entrar en circuito detención/ internamiento/ expulsión hace que resulte racional reaccionar rebajando el perfil de conflictividad de la propia conducta que es perceptible para la sociedad circundante (españoles, otros extranjeros, instituciones públicas), por si acaso. Intentando permanecer en todo momento "por debajo del radar" de la vigilancia institucional (de la policía y de las instituciones que colaboran con ella).
Si esto es así, desde la perspectiva de la racionalidad sistémica no importaría tanto, entonces, el número de migrantes detenidos/ internados/ expulsados cuanto la existencia de alguna probabilidad relevante (pero aleatoria) de convertirse en una de las personas afectadas por esta estrategia de represión. Prevención general, en suma: eso sí, prevención no solo de conductas infractoras por parte de esas personas (que también), sino además de cualquier conducta ciudadana digna, de reivindicación de los propios derechos. Una conducta que, en tales condiciones, se vuelve arriesgada en exceso para la mayoría de esas personas (y ello, claro, es grave, si la protección de los derechos humanos sigue siendo importante...).
