Este artículo, aparecido en el nº 99 (diciembre 2020) de Jueces para la Democracia. Información y debate, explica con claridad meridiana la manera en la que las políticas de la Unión Europea, especialmente durante el período de crisis económica y social posterior a 2008, han venido a destrozar la vigencia en el seno del Derecho comunitario de los principios del Estado de Derecho y dela legitimidad democrática:
- En primer lugar, por el predominio de la cooperación intergubernamental sobre las decisiones a través de los procedimientos regulares de creación de Derecho comunitario.
- En segundo lugar, al optar de manera constante por el recurso al Derecho de emergencia, que introduce todo género de excepciones a las normas generales del ordenamiento comunitario.
- En tercer lugar, al fragmentar el poder político de la Unión, otorgándoselo en buena medida a organismos informales (ej.: Eurogrupo) o que se atribuyen más competencias de las legalmente previstas (ej.: Banco Central Europeo).
- En cuarto lugar, al interpretar el Derecho comunitario como un mecanismo de limitación sustancial de las competencias de los parlamentos nacionales.
- Y, por fin, al quebrar la igualdad (formal) entre los estados miembros, sometiendo (jurídicamente, no solo políticamente) a algunos de ellos al poder político ejercido por otros.
