Este artículo examina, a través de las herramientas de la teoría de juegos, los enormes incentivos que tienen las grandes empresas para no cooperar en la persecución de los delitos cometidos en su seno. Las conclusiones del autor son terminantes: 1ª) es preciso que el Estado supervise de manera efectiva los programas de cumplimiento normativo de las empresas (especialmente, de las grandes empresas), con el fin de asegurarse de que son programas realmente eficaces, y no puro revestimiento sin contenido; y 2ª) el recurso a la responsabilidad exclusiva de la propia persona jurídica resulta notoriamente insuficiente, por ineficaz, por lo que es imprescindible que, al lado de las sanciones impuestas a las personas jurídicas, se investigue, procese e intente condenar también, mediante penas personales, a l@s directiv@s que adoptan las decisiones que acaban en delitos.
El artículo se centra en la realidad norteamericana, pero, dado que la estructura de incentivos a la que se refiere y analiza no es muy diferente entre nosotr@s, seguramente sus conclusiones y propuestas son casi perfectamente trasladables aquí.
