Una característica verdaderamente notable (y, desde luego, nada inocente) de los Estados de Derecho demoliberales es la ambigua posición que dentro de los mismos ocupa la actividad policial. Y ello, desde varios puntos de vista: no sólo por su gran poder de hecho (en esto las diferencias entre Estados de Derecho y los que no lo son resulta meramente de grado, nunca de cualidad) y por el deficiente grado de control judicial sobre su actuación; sino, además, porque, incluso de iure, generalmente su regulación jurídica es tan defectuosa como insuficiente y el desarrollo dogmático de las teorías necesarias para interpretar y aplicar dicha mala regulación (a estructuras caractarizadas por su gran poder y escasa sumisión al Derecho) carece, con demasiada frecuencia, del rigor necesaria y de la calidad deseable. (El caso español resulta, en este sentido, particularmente sangrante.)
El libro de Mark Neocleous que hoy comento (la traducción castellana está publicada en Prometeo en el año 2010, a partir del original inglés de 2000) viene a incidir sobre una de las causas, en el plano teórico (que, a su vez, tiene sin duda causas sociopolíticas y socioculturales propias), del subdesarrollo conceptual de los estudios -y de las regulaciones jurídicas- sobre la policía. Que no es otra que, justamente, la carencia de una elaboración teórica de un concepto sustantivo de policía: de policía, entendida como una función de gobierno de los estados contemporáneos (sobre las sociedades que dominan); es decir, elaborado y definido con independencia de las instituciones (estatales o no, una o varias,...) que, en cada momento histórico y en cada sistema político, ejerzan -de iure o de facto- tal función. En efecto, no es infrecuente hallar en los libros definiciones del concepto de "policía". Pero sí lo es, en cambio, toparse con alguna definición que no haga referencia principal bien a instituciones del Estado o bien a vaguedades retóricas ("proteger a la sociedad", "proteger el bienestar de l@s ciudadan@s", etc.), carentes de cualquier contenido concreto.
Neocleous intenta suplir tal déficit de elaboración conceptual a través de un análisis histórico-social. Examinando, en primer lugar, el surgimiento de la función de policía, como función diferenciada (y crecientemente diferenciada, y diversificada) en los primeros estados modernos. Y, luego, poniendo de manifiesto cómo esa función de policía se va concretando y perfilando en paralelo (y, en su opinión, en íntima conexión causal) con el desarrollo del modo de producción capitalista, a lo largo de los siglos XVIII y XIX (que, según esto, no por casualidad serían los que conocen la aparición de instituciones reconocidamente policiales dentro de los estados más desarrollados).
Así, en opinión del autor, el concepto contemporáneo -sustantivo- de policía, si pretende describir adecuadamente (esto es, en correspondencia con la realidad) dicha estructura sociopolítica (de interacción -y de poder- entre estado y ciudadanía), ha de ir estrechamente vinculado al papel que cumple la función policial en el control de la multitud (trabajadora) y en su disciplina como fuerza de trabajo.
En concreto, la idea más sugestiva (añado yo: no aparece formulada exactamente así en el libro, aunque puede atisbarse entre líneas...) es la de que la función policial prototípica, en los estados contemporáneos desarrollados, estriba en el control de la multitud (popular) en aquellos espacios en los que no se halla directamente sujeta a abiertas relaciones de dominación; muy señaladamente, en la calle y, en general, dentro del espacio público. Pues se trata, en efecto, de una multitud a la que se le han suprimido -o para la que están a punto de disolverse y suprimirse- la mayor parte de las sujeciones personales físicas o jurídicas tradicionales. Lo que resta, entonces es una multitud con la condición generalizada de "ciudadan@s libres": que consienten voluntariamente -que no autónomamente- en participar en las relaciones de dominación; en la pareja, en la empresa, en la política,...
En tales condiciones, la función policial consistiría en preservar el control de la multitud en los intersticios de la dominación: allí donde los individuos son (no absolutamente, cierto, pero sí comparativamente más) libres -en el espacio público, paradigmáticamente- se vuelve necesario, para que toda la estructura social (de distribución de recursos y de poder) no se tambalee, asegurar también la presencia del poder; un poder que -como todo poder- es, al tiempo, regulador, pero también represor. Función (de gobierno: de preservación de la estructura social en los espacios no perfectamente dominados) que, por constituir un bien público, resultaría más eficiente asignársela al estado (al menos, la coordinación general).
En este contexto, la lucha por juridificar la actividad policial resulta siempre una suerte de lucha fantasmática: una lucha en la que la resistencia viene de todas partes, pero no claramente de ninguna. Y ello obedece a la dificultad para cumplir la función policial efectivamente en el marco -dentro del corsé- constituido por normas jurídicas que resulten verdaderamente imperativas (esto es, que impongan reglas de conducta) y auténticamente vinculantes (esto es, que sean hechas valer con un nivel adecuado de eficacia). Una dificultad que hace que las resistencias, de toda índole, se multipliquen. Y que, en último extremo, sea siempre una batalla necesariamente inacabada. Y una batalla que, aun cuando triunfa, ha de tener su precio, en términos de "ineficacia policial": una policía realmente sometida al Derecho (para ser más realistas: sometida al Derecho en el mismo grado que otras actividades de gobierno) tiene que ser, necesariamente, una policía menos eficaz en el cumplimiento de algunas de las misiones que tiene de hecho asignadas. (No precisamente aquellas misiones que tienen que ver con la prevención e investigación del delito, sino otras -la mayoría- que hacen más relación al "orden público", la "seguridad ciudadana" y otras entelequias encubridoras de la preservación de las estructuras sociales de poder y de dominación.) Tal es el dilema, ineludible, que hay que afrontar con franqueza, pero también sin miedo.
El libro de Mark Neocleous que hoy comento (la traducción castellana está publicada en Prometeo en el año 2010, a partir del original inglés de 2000) viene a incidir sobre una de las causas, en el plano teórico (que, a su vez, tiene sin duda causas sociopolíticas y socioculturales propias), del subdesarrollo conceptual de los estudios -y de las regulaciones jurídicas- sobre la policía. Que no es otra que, justamente, la carencia de una elaboración teórica de un concepto sustantivo de policía: de policía, entendida como una función de gobierno de los estados contemporáneos (sobre las sociedades que dominan); es decir, elaborado y definido con independencia de las instituciones (estatales o no, una o varias,...) que, en cada momento histórico y en cada sistema político, ejerzan -de iure o de facto- tal función. En efecto, no es infrecuente hallar en los libros definiciones del concepto de "policía". Pero sí lo es, en cambio, toparse con alguna definición que no haga referencia principal bien a instituciones del Estado o bien a vaguedades retóricas ("proteger a la sociedad", "proteger el bienestar de l@s ciudadan@s", etc.), carentes de cualquier contenido concreto.
Neocleous intenta suplir tal déficit de elaboración conceptual a través de un análisis histórico-social. Examinando, en primer lugar, el surgimiento de la función de policía, como función diferenciada (y crecientemente diferenciada, y diversificada) en los primeros estados modernos. Y, luego, poniendo de manifiesto cómo esa función de policía se va concretando y perfilando en paralelo (y, en su opinión, en íntima conexión causal) con el desarrollo del modo de producción capitalista, a lo largo de los siglos XVIII y XIX (que, según esto, no por casualidad serían los que conocen la aparición de instituciones reconocidamente policiales dentro de los estados más desarrollados).
Así, en opinión del autor, el concepto contemporáneo -sustantivo- de policía, si pretende describir adecuadamente (esto es, en correspondencia con la realidad) dicha estructura sociopolítica (de interacción -y de poder- entre estado y ciudadanía), ha de ir estrechamente vinculado al papel que cumple la función policial en el control de la multitud (trabajadora) y en su disciplina como fuerza de trabajo.
En concreto, la idea más sugestiva (añado yo: no aparece formulada exactamente así en el libro, aunque puede atisbarse entre líneas...) es la de que la función policial prototípica, en los estados contemporáneos desarrollados, estriba en el control de la multitud (popular) en aquellos espacios en los que no se halla directamente sujeta a abiertas relaciones de dominación; muy señaladamente, en la calle y, en general, dentro del espacio público. Pues se trata, en efecto, de una multitud a la que se le han suprimido -o para la que están a punto de disolverse y suprimirse- la mayor parte de las sujeciones personales físicas o jurídicas tradicionales. Lo que resta, entonces es una multitud con la condición generalizada de "ciudadan@s libres": que consienten voluntariamente -que no autónomamente- en participar en las relaciones de dominación; en la pareja, en la empresa, en la política,...
En tales condiciones, la función policial consistiría en preservar el control de la multitud en los intersticios de la dominación: allí donde los individuos son (no absolutamente, cierto, pero sí comparativamente más) libres -en el espacio público, paradigmáticamente- se vuelve necesario, para que toda la estructura social (de distribución de recursos y de poder) no se tambalee, asegurar también la presencia del poder; un poder que -como todo poder- es, al tiempo, regulador, pero también represor. Función (de gobierno: de preservación de la estructura social en los espacios no perfectamente dominados) que, por constituir un bien público, resultaría más eficiente asignársela al estado (al menos, la coordinación general).
En este contexto, la lucha por juridificar la actividad policial resulta siempre una suerte de lucha fantasmática: una lucha en la que la resistencia viene de todas partes, pero no claramente de ninguna. Y ello obedece a la dificultad para cumplir la función policial efectivamente en el marco -dentro del corsé- constituido por normas jurídicas que resulten verdaderamente imperativas (esto es, que impongan reglas de conducta) y auténticamente vinculantes (esto es, que sean hechas valer con un nivel adecuado de eficacia). Una dificultad que hace que las resistencias, de toda índole, se multipliquen. Y que, en último extremo, sea siempre una batalla necesariamente inacabada. Y una batalla que, aun cuando triunfa, ha de tener su precio, en términos de "ineficacia policial": una policía realmente sometida al Derecho (para ser más realistas: sometida al Derecho en el mismo grado que otras actividades de gobierno) tiene que ser, necesariamente, una policía menos eficaz en el cumplimiento de algunas de las misiones que tiene de hecho asignadas. (No precisamente aquellas misiones que tienen que ver con la prevención e investigación del delito, sino otras -la mayoría- que hacen más relación al "orden público", la "seguridad ciudadana" y otras entelequias encubridoras de la preservación de las estructuras sociales de poder y de dominación.) Tal es el dilema, ineludible, que hay que afrontar con franqueza, pero también sin miedo.
