http://elpais.com/elpais/2016/03/03/eps/1457026285_449993.html
Un aterrador relato sobre un caso que viene a ejemplificar un problema demasiado frecuente en nuestra administración de justicia penal: una combinación de presión de la opinión pública, malas prácticas policiales de profiling, jueces que no se creen la presunción de inocencia, un deficiente ejercicio del derecho de defensa, desidia e ineficiencia burocráticas y un acusado procedente de sectores marginales, sin un capital social que le avale y le proteja. El resultado: error judicial clamoroso, violación de derechos fundamentales, una pena injusta y una vida destrozada
Y lo peor -con ser ya muy mal- no es que esto ocurra: lo peor es que nadie, ni en nuestra administración de justicia ni entre l@s responsables políticos (CGPJ, FGE, Ministerio de Justicia,...), parece haber pensado que casos como éste justifican una evaluación a fondo, que detecte las causas y presente recomendaciones, para que se tomen las medidas que garanticen que algo así no vuelva a suceder. Y que ni siquiera nadie vaya a rendir cuentas por lo ocurrido.
