Al margen de cualquier otro posible análisis y consideración de
los diferentes parámetros sobre el futuro gobierno en nuestro país, las pasadas
elecciones han servido para evidenciar un claro avance de las fuerzas políticas
que en un sentido amplio apuestan por un cambio social, ya se denominen a sí
mismas transformadoras, regeneradoras, progresistas o de izquierdas. Así, aun
cuando ningún partido político ha obtenido el apoyo suficiente para formar
gobierno, los analistas, al igual que el conjunto de la ciudadanía, han
advertido desde el primer momento la posibilidad real de que desde ese espectro
ideológico y programático se confluya en los aspectos básicos que permitan lo
que ha venido en llamarse la “gobernabilidad” del Estado, siempre desde el
respeto al sustrato que les hace potencialmente afines y aceptando que en ello
deberán, unos y otros, prescindir de parte de su bagaje, de aquello que
inevitablemente se verá relegado a discusiones o debates que podrán tener lugar
en otro momento.
Entre otras materias, los referidos partidos y coaliciones
tienen con sus votantes la obligación de subvertir los parámetros con que se ha
venido gobernando durante la pasada legislatura, y deben hacerlo atendiendo a
todos los ámbitos a los que ha afectado el ejercicio del poder, entre ellos el
de la Justicia.
En este sentido, son muchos los colectivos que han venido exigiendo desde hace tiempo la firma de un Pacto de Estado por la Justicia. Entre estos grupos, las principales asociaciones de jueces suscribieron recientemente un documento al que dieron publicidad en diversos medios por el que, en nueve puntos concretos, identifican desde la necesidad de ese pacto a ciertos cambios en la organización de los tribunales y la, para ellos esencial, modificación del sistema para la formación del Consejo General del Poder Judicial.
En este escenario, desde la Plataforma Ciudadana por una Justicia de Todos y Todas, las personas y organizaciones abajo firmantes consideramos necesaria la firma de ese Pacto por la Justicia que, en líneas generales, determine ese espacio común por donde deben transitar las opciones de gobierno en asuntos como los que a continuación se recogen.
1.- Transformación del Consejo General del Poder Judicial para fortalecer la independencia judicial
El CGPJ es el órgano de gobierno de jueces y magistrados, y como tal es un órgano político, que en nuestra opinión no puede quedar al margen de la participación ciudadana.
Proponemos transformar el órgano de gobierno de la judicatura para robustecer el ejercicio de la independencia judicial, constituyendo el control y savalguarda de este derecho ciudadano como su función fundamental.
En los últimos años se ha extendido la opinión de que la participación en su composición o en la forma de elección de los vocales que integran a este órgano debe implicar sólo a miembros de la judicatura. Sin embargo, la creencia de que cualquier participación por instituciones ajenas al Poder Judicial supone un ataque a su independencia es más que discutible.
En primer lugar conviene recordar que la división de poderes del Estado no excluye, sino que por el contrario debe reforzar la idea del control entre todos ellos.
Sólo desde el equilibrio y la garantía de fiscalización de la actividad de unos y otros se evitan actitudes despóticas que se apartan del ideal democrático en una sociedad. Por otra parte, desde el punto de vista de la legitimidad democrática en el ejercicio de cualquiera de aquellos poderes, no podemos olvidar que el titular de la soberanía es el Pueblo y que de éste emanan todos los poderes del Estado, también el Judicial.
Asegurar la participación de la ciudadanía en esa misma formación, ya sea de un modo directo mediante elecciones abiertas, ya sea de forma indirecta, a propuesta del Parlamento que sí ha sido elegido de esa forma por la ciudadanía, garantiza su legitimidad y desde luego le confiere una mayor conexión con ésta.
No podemos obviar que en los últimos años se han sucedido algunos acontecimientos que han puesto en entredicho decisiones del CGPJ. Sin embargo, entendemos que buena parte de estas decisiones no son tanto por el carácter “político” de esta institución, como por el alcance de ciertas funciones que actualmente se le atribuyen.
Así, no consideramos adecuada la asunción de competencias del CGPJ para determinar la formación de los más altos tribunales en este país, aquellos que precisamente han de juzgar a políticos aforados. La imagen que con ello se proyecta afecta, no tanto a la “independencia judicial” como se afirma desde diversos medios, sino a algo aún más grave porque, a diferencia de lo anterior, se instala en la línea medular del propio sistema de justicia: a la imparcialidad de los tribunales.En definitiva, en la elección de los miembros del CGPJ debe participar la ciudadanía, en cualquiera de las modalidades apuntadas, y las competencias de este órgano no deben incluir las facultades de decisión sobre la composición de los más altos tribunales que, en todo caso, deben ser cubiertos mediante un proceso transparente que evalúe mérito y capacidad de las candidaturas.
2.- Apertura social y democratización del acceso a la judicatura y demás profesiones jurídicas públicas basado en los principios de mérito y capacidad
El sistema actual de selección del personal para acceso a la judicatura y las restantes profesiones jurídicas de alto nivel (fiscalía, letrados de la Administración de Justicia, entre otras) debe ser revisado.
El ingreso a determinados cargos debe hacerse partiendo del estudio y superación de un proceso que constituya una verdadera carrera profesional, donde a través de la especialización en disciplinas jurídicas, pero también en valores y principios que inspiran a la Administración de Justicia como servicio público dirigido a la solución, cuando no a la evitación, de los conflictos sociales, consigamos formar a los mejores profesionales. Ese estudio, que duraría varios años, contaría con pruebas eliminatorias hasta completar la selección.
Es hora de abandonar el tradicional sistema se acceso a través de pruebas memorísticas, que exigen años de preparación, de esfuerzo personal y económico de los opositores, un sistema que sólo permite alcanzar esa meta a quienes tengan mejor memoria y capacidad económica suficiente para pagar a quienes preparan la oposición.
El objetivo es aquí doble. De un lado, conseguir democratizar el acceso a ciertas profesiones jurídicas de naturaleza funcionarial que, además, se sitúan en el núcleo de la organización institucional del Estado, permitiendo que personas con menos recursos económicos pueda tomar parte en el proceso. Por otra parte, tenemos el convencimiento de que la selección conforme a esos nuevos parámetros llevaría a conseguir profesionales que, además de conocimientos estrictamente jurídicos, acreditasen ciertas habilidades o compromisos sociales que deben formar parte de su acervo.
3.- Un nuevo proceso penal con más garantías y nueva fiscalía más autónoma
Creemos que es absolutamente necesario que las fuerzas políticas progresistas alcancen un consenso que permita la siempre inacabada reforma de la legislación procesal hacia un nuevo proceso penal.
Ese pacto de progreso servirá para definir las líneas básicas del modelo que, definitivamente, deje en manos del Ministerio Fiscal, la investigación de los delitos y la instrucción de las causas penales, convirtiendo a la judicatura en el máximo garante de los derechos fundamentales de la ciudadanía durante todo ese proceso. Condición para ello será una nueva Fiscalía, reforzada, más autónoma y mejor dotada, que permita que la ciudadanía vea duplicadas sus garantías en el proceso penal.
Con independencia de lo anterior, urge la decisión de dejar sin efecto la limitación de los plazos para la instrucción sumarial aprobada en la pasada legislatura. Poner coto a la duración de los procesos sin dotar previamente a los juzgados y tribunales de medios que garanticen que su actividad se pueda llevar a cabo dentro de esos márgenes es tan ineficaz como irresponsable, y conduce irremediablemente al archivo de multitud de procesos, por lo que muchos delitos dejarán de ser perseguidos.
4.- Un proceso accesible con garantías de igualdad
Existen diferentes instrumentos que favorecen las condiciones de igualdad económica y social entre la ciudadanía en un Estado que se define con esta última cualidad. Sin embargo, la Justicia no puede permanecer ajena a la realidad de una sociedad que cuenta con notables desigualdades entre sus integrantes y, en todo caso, debe hacer posible que tales diferencias no rompan el equilibrio básico que permite garantizar la tutela judicial efectiva de toda la ciudadanía.
Aquellos sectores que social o económicamente se encuentran más desprotegidos deben contar con el debido asesoramiento por profesionales adecuados cuando acudan a los tribunales, sin que su situación personal constituya óbice para obtener aquella tutela. Hasta ahora la asistencia a quienes obtienen el reconocimiento del derecho a la llamada “justicia gratuita” se viene prestando por profesionales (abogacía y procura en mayor medida, pero también es importante la participación de peritos, especialistas que son llamados a intervenir en los procesos) que en no pocas ocasiones cobran por sus servicios poco, mal y tarde.
El resultado de esta situación es que buena parte de estas profesiones se apartan de las bolsas que regulan esta actividad, excluyéndose a sí mismos de la participación en los llamados turnos de oficio y, en consecuencia, se produce una notable merma de calidad de un servicio que debilita más aún la posición de quien, por su situación económica, ocupa una posición en el proceso más vulnerable que su oponente.
Es imprescindible, pues, alcanzar un acuerdo que garantice la asistencia jurídica antes, durante y después del proceso, para aquellas personas que acrediten insuficiencia de recursos económicos o que, por otras razones, deban ser objeto de una mayor protección social. Este acuerdo podrá disponer el establecimiento de medidas que aseguren la adecuada asignación presupuestaria para cubrir tales contingencias, pero también se podría pensar en la creación de un servicio de asistencia jurídica o de determinados especialistas en materias concretas que, contratados por el Estado, se integren en equipos para la prestación de estos servicios de un modo continuado.
5.- Modernización estructural de la administración de justicia: por una respuesta homogénea, objetiva, previsible y segura
La administración de justicia precisa urgentemente una modernización estructural que posibilite un servicio público ágil, previsible en sus tiempos para la resolución de los procedimientos y guiado en sus trámites por criterios comunes, objetivos y homogéneos.
Urge, por tanto, la reforma de la Administración de justicia desterrando cualquier atisbo de desigualdad en el trato a la ciudadanía, usuaria del servicio público, acabando con los criterios subjetivos y heterogéneos en la tramitación de los asuntos.
Reclamamos unas oficinas judiciales y fiscales regidas por protocolos de preestablecidos y conocidos por quienes utilizan la justicia (ciudadanía y profesionales privados), especializando y optimizando las formas de trabajo.
Al mismo tiempo deben implantarse tribunales de instancia que posibiliten a la judicatura desarrollar su función constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado con las máximas garantías y mejores condiciones para reforzar el derecho de la ciudadanía a una tutela judicial efectiva, así como fortaleciendo la independencia judicial, y siempre guiados en sus criterios de trabajo con la misma vocación de servicio público.
La falta de información fiable sobre el volumen de trabajo que desarrollan los tribunales (hoy solo contamos con los datos parciales del CGPJ) impide el desarrollo de una política pública en justicia apropiada, y la Comisión Nacional de Estadística Judicial, prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial, no ha ejecutado adecuadamente sus funciones a este respecto.
Por ello, como trámite previo a la adopción de cualquier medida que afecte al diseño y organización de los tribunales, reclamamos una auditoría para conocer con exactitud el número de procedimientos existentes en la justicia y la actividad concreta que se efectúa en la Oficina judicial.
Finalmente desde la Plataforma Ciudadana Justicia de Todos y Todas consideramos oportuno proponer la creación de un Observatorio para la Reforma Democrática de la Justicia en torno a los puntos expuestos para su desarrollo y aplicación en un los próximos cuatro años, que con una participación plural de sectores sociales logre el cambio democrático definitivo pendiente desde hace demasiadas décadas.
Plataforma
ciudadana por una justicia de todos y todas
Enero
2016
(Relación de firmantes:
