Estos días anda abierta en España una polémica dentro de Unión Progreso y Democracia (UPyD), así como en su entorno político, intelectual y mediático, a raíz de una artículo que publicó el pasado martes en el diario El Mundo (Después de las europeas) su diputado en el Parlamento Europeo, Francisco Sosa Wagner, cuestionando la estrategia de alianzas del partido y algunas de las formas de su funcionamiento interno.
Como, sinceramente, me importan más bien poco las vicisitudes internas de dicho partido (salvo si sirven para hacerle perder peso político), no había prestado mayor atención al debate. Sin embargo, lo que sí ha llamado mi atención, en cambio, es el modo notable en que el diputado comienza su argumentación, ya que me parece que -como a continuación explicaré- dice bastante sobre lo que verdaderamente es el sistema político español actual.
Obsérvese cuáles son las palabras de Sosa Wagner: después de empezar contando y ensalzando los orígenes de su partido, y de hacer referencia luego a las novedades en los resultados en España de las últimas elecciones al Parlamento Europeo, acaba resumiendo la situación política actual de la siguiente manera:
"Adviértase que, de resultas de todo ello, hoy tenemos básicamente: dos partidos políticos grandes (PP y PSOE) y dos pequeños (UPyD y Ciudadanos) que están a favor del orden constitucional y de la democracia representativa y son defensores -críticos pero defensores- del legado de la Transición; dos partidos nacionalistas que están, como siempre, por la destrucción del Estado e incluso por la separación de España de los territorios en que obtienen sus votos; y dos partidos -comunista y Podemos- cuyas ilusiones políticas acampan claramente extramuros de la Constitución y aun de la citada democracia representativa."
¿Sorprendente descripción, no les parece? A mí, desde luego, me lo resulta. Por dos razones. Primero, porque no puede dejar de resultarme notable el hecho de que alguien -un político en ejercicio- se arrogue decidir que, de entre todos los partidos políticos (y otras alternativas electorales) que concurren, en un régimen de democracia representativa pluralista, sólo algunos gozan de legitimidad política suficiente, conforme a ciertos valores, que él presupone que son los únicos que otorgan tal legitimidad. (No los menciona explícitamente, pero tod@s l@s que leemos a diario la prensa española sabemos a qué se está refiriendo: unidad indisoluble del Estado español, negación del derecho de autodeterminación, imposibilidad de cualquier alternativa económica al capitalismo neoliberal, concepción exclusivamente individualista de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, monarquía, consenso "antiterrorista", seguidismo respecto de la política norteamericana y de la Unión Europea en el plano internacional, etc.)
Y, segundo, porque, al leer a Sosa Wagner, no pude evitar acordarme de Francisco Franco, y de su aventajado (¡y avispado!) discípulo, Manuel Fraga Iribarne. Del primero, porque, al fin y al cabo, parece que no hemos avanzado tanto: los "separatistas" y los "rojos" siguen -seguimos- siendo el enemigo, el que no debería tener asiento dentro del sistema político. Y del segundo, porque, en vista de que los tiempos habían cambiado, y de que los fusilamientos no eran ya de recibo, siempre apostó (así lo hizo y mantuvo, coherente y sagazmente, desde los inicios de su carrera como franquista "aperturista", durante toda la transición al post-franquismo, y aún más allá) por utilizar recursos políticos (la ley electoral, la financiación de los partidos, la ilegalización de partidos, etc.) como herramientas para mantener el sistema político en orden.
Me parece que, justamente porque el eurodiputado de UPyD no estaba pretendiendo hablar fundamentalmente de las izquierdas o de los partidos nacionalistas y regionalistas periféricos, sino que escribía "para los suyos", ha dejado salir su inconsciente político más profundo: un inconsciente denegador del pluralismo político (si se quiere: que pone límites intolerables a dicho pluralismo). Un inconsciente neofranquista.
La cuestión (esta concepción excluyente de lo que "en el fondo" es -y debería ser- el sistema político español, un sistema que sería deseable que excluyese a algunas alternativas políticas) no sería grave, por supuesto, si se tratase únicamente de un problema individual; o aun si tan sólo afectase a la UPyD. Me temo, sin embargo, que todos sabemos que lo que el eurodiputado de marras escribe es compartido -lo confiesen o no- por much@s, por demasiad@s de l@s miembros de la élite política y social española: miembros del PP y del PSOE (y de la UPyD, y -estoy seguro- también de otros partidos, periféricos, "de gobierno" -¡siniestra, excluyente expresión!), banqueros, empresarios,... y, claro, personal a su servicio (periodistas, juristas, etc.).
Y la cuestión es que, además, todo esto no queda en meras palabras, sino que se traduce en medidas prácticas: en materia de legislación electoral (ahora mismo está en estudio otra pretendida reforma electoral, con el fin de volver a reducir el pluralismo, ahora en los municipios), en materia de financiación, en una Ley de Partidos Políticos que se mantiene siempre como una amenaza latente, en comportamientos policiales y judiciales discutibles, en diferentes niveles de acceso a los medios de comunicación, y a la información y a los círculos en los que se toman decisiones (a las redes -informales- del poder real), etc.
Es justamente esto a lo que José María Aznar denominó "patriotismo constitucional" (en una repugnante manipulación del concepto que, con propósito radicalmente distinto -porque pretendía ser incluyente, no excluyente- había elaborado Jürgen Habermas), reclamándolo como un valor que había de tomarse en consideración a la hora de otorgar -o de negar- legitimidad a una opción política, dentro del sistema político español. Traducido a términos concretos: en contra de lo que la ideología liberal se supone que mantiene, no ha de bastar que la defensa de determinadas alternativas políticas se haga por medios pacíficos, si ello ha de poner en peligro ciertos "valores fundamentales"; tal vez ello sea legal, pero no es legítimo, por lo que debe ser combatido, con todos los medios de los que el Estado (y la élite) disponen. Y, por supuesto, qué alternativas resulten (aunque legales) inaceptables, es algo que decide la élite.
Y es precisamente esto lo que hace que el sistema político español, aunque formalmente democrático y pluralista, deba ser definido como materialmente oligárquico: porque existe igualdad formal entre las distintas alternativas políticas; pero en ningún caso igualdad material. Al contrario, las alternativas más afines a la élite poseen gran cantidad de privilegios. Y ello no es casual, sino que forma parte del diseño institucional del sistema.
(Por cierto, y para que quede claro: las alternativas políticas pretendidamente "antisistema" resultan no sólo legítimas en tanto que opciones políticas -y moralmente preferibles, además, en varios casos, a mi entender. Sino que, sobre todo, son perfectamente compatibles, por sus programas, con el vigente texto constitucional, en la gran mayoría de las ocasiones: con el texto, subrayo, que es lo jurídicamente vinculante; y no necesariamente, porque ello resulta innecesario, si se toma en serio el valor del pluralismo político, con un evanescente "espíritu constitucional", cuyo contenido y efecto excluyente es determinado por esa oligarquía que ostenta el poder real. Y, por cierto también, aun en aquellos puntos concretos en los que exista contradicción entre texto constitucional y programas políticos alternativos, habría que entender, en puridad democrática, que la constitución es reformable en su integridad, cuando la mayoría de la ciudadanía lo estime oportuno, ¿no?)
Así que sí, es cierto: ¡lo llaman democracia y no lo es!
Post scriptum para constitucionalistas y teóricos del Derecho:
Este fenómeno, de la manipulación del texto constitucional con finalidades de exclusión política (haciendo de este modo que alternativas políticas perfectamente defendibles se conviertan en "inconstitucionales"), sólo resulta posible gracias a que en materia constitucional se admiten formas de interpretación que parecerían sumamente impropias en otros ámbitos del ordenamiento jurídico. En concreto, a que son admitidas, como interpretaciones legítimas del texto constitucional, interpretaciones que resultan radicalmente sesgadas desde puntos de vista morales y políticos. Permitiéndose así, muchas veces, que se cierren, por vía interpretativa, cuestiones que estaban abiertas en el texto constitucional. Y confundiéndose de este modo, y entremezclándose, las decisiones políticas no constitucionales (que, por definición, en una constitución mínimamente pluralista, pueden tener -aunque, ciertamente, con algún límite- sesgos políticos y morales notablemente diversos, y aun contradictorios) con las aplicaciones, interpretaciones y "desarrollos" del texto (jurídico) constitucional.
Este intento de manipular, en beneficio propio, lo que la constitución dice ha sido siempre un arma de la propaganda política. El problema es que, en la actualidad, es también un método, admitido por much@s (por la corriente metodológica que se ha dado en llamar "neoconstitucionalista"), para realizar una interpretación jurídica legítima de un texto jurídico, el constitucional. Conviene llamar la atención de que, contra lo que usualmente se mantiene, esa apertura de la interpretación (jurídica) constitucional a la moralidad puede, a veces, servir a fines tan innobles como los que aquí se están denunciando. Pues cuál sea la moralidad de la que se parta para hacer interpretaciones moralmente sesgadas del texto constitucional no es algo pre-determinado: si no en la teoría, sí en la práctica, dependerá fundamentalmente de las relaciones de poder. Lo que no es una buena noticia, para quienes defendemos alternativas políticas de izquierdas.
A veces, pues, un cauto y austero positivismo (que reconozca la existencia de amplios márgenes de discrecionalidad -y de pluralismo, por tanto- en la interpretación de los textos constitucionales), también en la interpretación constitucional, puede ser, desde el punto de vista político, la mejor -o, al menos, la menos mala- de las soluciones metodológicas disponibles.
Y, segundo, porque, al leer a Sosa Wagner, no pude evitar acordarme de Francisco Franco, y de su aventajado (¡y avispado!) discípulo, Manuel Fraga Iribarne. Del primero, porque, al fin y al cabo, parece que no hemos avanzado tanto: los "separatistas" y los "rojos" siguen -seguimos- siendo el enemigo, el que no debería tener asiento dentro del sistema político. Y del segundo, porque, en vista de que los tiempos habían cambiado, y de que los fusilamientos no eran ya de recibo, siempre apostó (así lo hizo y mantuvo, coherente y sagazmente, desde los inicios de su carrera como franquista "aperturista", durante toda la transición al post-franquismo, y aún más allá) por utilizar recursos políticos (la ley electoral, la financiación de los partidos, la ilegalización de partidos, etc.) como herramientas para mantener el sistema político en orden.
Me parece que, justamente porque el eurodiputado de UPyD no estaba pretendiendo hablar fundamentalmente de las izquierdas o de los partidos nacionalistas y regionalistas periféricos, sino que escribía "para los suyos", ha dejado salir su inconsciente político más profundo: un inconsciente denegador del pluralismo político (si se quiere: que pone límites intolerables a dicho pluralismo). Un inconsciente neofranquista.
La cuestión (esta concepción excluyente de lo que "en el fondo" es -y debería ser- el sistema político español, un sistema que sería deseable que excluyese a algunas alternativas políticas) no sería grave, por supuesto, si se tratase únicamente de un problema individual; o aun si tan sólo afectase a la UPyD. Me temo, sin embargo, que todos sabemos que lo que el eurodiputado de marras escribe es compartido -lo confiesen o no- por much@s, por demasiad@s de l@s miembros de la élite política y social española: miembros del PP y del PSOE (y de la UPyD, y -estoy seguro- también de otros partidos, periféricos, "de gobierno" -¡siniestra, excluyente expresión!), banqueros, empresarios,... y, claro, personal a su servicio (periodistas, juristas, etc.).
Y la cuestión es que, además, todo esto no queda en meras palabras, sino que se traduce en medidas prácticas: en materia de legislación electoral (ahora mismo está en estudio otra pretendida reforma electoral, con el fin de volver a reducir el pluralismo, ahora en los municipios), en materia de financiación, en una Ley de Partidos Políticos que se mantiene siempre como una amenaza latente, en comportamientos policiales y judiciales discutibles, en diferentes niveles de acceso a los medios de comunicación, y a la información y a los círculos en los que se toman decisiones (a las redes -informales- del poder real), etc.
Y es precisamente esto lo que hace que el sistema político español, aunque formalmente democrático y pluralista, deba ser definido como materialmente oligárquico: porque existe igualdad formal entre las distintas alternativas políticas; pero en ningún caso igualdad material. Al contrario, las alternativas más afines a la élite poseen gran cantidad de privilegios. Y ello no es casual, sino que forma parte del diseño institucional del sistema.
(Por cierto, y para que quede claro: las alternativas políticas pretendidamente "antisistema" resultan no sólo legítimas en tanto que opciones políticas -y moralmente preferibles, además, en varios casos, a mi entender. Sino que, sobre todo, son perfectamente compatibles, por sus programas, con el vigente texto constitucional, en la gran mayoría de las ocasiones: con el texto, subrayo, que es lo jurídicamente vinculante; y no necesariamente, porque ello resulta innecesario, si se toma en serio el valor del pluralismo político, con un evanescente "espíritu constitucional", cuyo contenido y efecto excluyente es determinado por esa oligarquía que ostenta el poder real. Y, por cierto también, aun en aquellos puntos concretos en los que exista contradicción entre texto constitucional y programas políticos alternativos, habría que entender, en puridad democrática, que la constitución es reformable en su integridad, cuando la mayoría de la ciudadanía lo estime oportuno, ¿no?)
Así que sí, es cierto: ¡lo llaman democracia y no lo es!
Post scriptum para constitucionalistas y teóricos del Derecho:
Este fenómeno, de la manipulación del texto constitucional con finalidades de exclusión política (haciendo de este modo que alternativas políticas perfectamente defendibles se conviertan en "inconstitucionales"), sólo resulta posible gracias a que en materia constitucional se admiten formas de interpretación que parecerían sumamente impropias en otros ámbitos del ordenamiento jurídico. En concreto, a que son admitidas, como interpretaciones legítimas del texto constitucional, interpretaciones que resultan radicalmente sesgadas desde puntos de vista morales y políticos. Permitiéndose así, muchas veces, que se cierren, por vía interpretativa, cuestiones que estaban abiertas en el texto constitucional. Y confundiéndose de este modo, y entremezclándose, las decisiones políticas no constitucionales (que, por definición, en una constitución mínimamente pluralista, pueden tener -aunque, ciertamente, con algún límite- sesgos políticos y morales notablemente diversos, y aun contradictorios) con las aplicaciones, interpretaciones y "desarrollos" del texto (jurídico) constitucional.
Este intento de manipular, en beneficio propio, lo que la constitución dice ha sido siempre un arma de la propaganda política. El problema es que, en la actualidad, es también un método, admitido por much@s (por la corriente metodológica que se ha dado en llamar "neoconstitucionalista"), para realizar una interpretación jurídica legítima de un texto jurídico, el constitucional. Conviene llamar la atención de que, contra lo que usualmente se mantiene, esa apertura de la interpretación (jurídica) constitucional a la moralidad puede, a veces, servir a fines tan innobles como los que aquí se están denunciando. Pues cuál sea la moralidad de la que se parta para hacer interpretaciones moralmente sesgadas del texto constitucional no es algo pre-determinado: si no en la teoría, sí en la práctica, dependerá fundamentalmente de las relaciones de poder. Lo que no es una buena noticia, para quienes defendemos alternativas políticas de izquierdas.
A veces, pues, un cauto y austero positivismo (que reconozca la existencia de amplios márgenes de discrecionalidad -y de pluralismo, por tanto- en la interpretación de los textos constitucionales), también en la interpretación constitucional, puede ser, desde el punto de vista político, la mejor -o, al menos, la menos mala- de las soluciones metodológicas disponibles.
