(Un amigo me preguntó, a través de facebook, acerca de las consecuencias jurídicas a que podía dar lugar la aparición de plataformas para la filtración de documentos, como Filtrala.org. Como me salió una respuesta algo larga, y más o menos articulada, he decidido compartirla aquí. No descubriré nada a quienes sean juristas, pero puede ser útil para el resto, que acaso compartan las reticencias, algo tecnófobas, que subyacían a la pregunta de mi amigo.)
Pregunta: Se está publicitando bastante "Fíltrala", una plataforma online para la presentación de denuncias anónimas sobre casos de "relevancia política, científica, ética, filosófica o diplomática", tal y como anuncia su página web. Aunque la plataforma parece garantizar el tratamiento responsable de esta información, incluida su verificación, no las tengo todas conmigo. ¿No estaremos asistiendo a una reedición bienintencionada de los viejos sistemas de delación anónima? ¿Cuál es la experiencia en otros países donde funcionan plataformas similares? ¿Qué consecuencias puede tener la publicación de una información grave supuestamente contrastada que implique, con nombres y apellidos, a determinadas personas?
Mi respuesta:
Jurídicamente hablando, la cuestión es clara: quien publica, asume la responsabilidad. Así pues, mientras no afecte a ningún derecho, ejerce su libertad de expresión. En cambio, en cuanto vulnere el derecho al honor o a la intimidad de alguien, responde (civil, administrativa o penalmente).
La cuestión, claro está, es que los conceptos no son claros: las fronteras de lo que es o no es intimidad, y de lo que es o no es injuria o, más bien, es ejercicio de la libertad de información resulta uno de los problemas más complicados de resolver al que se enfrentan los tribunales todos los días. Porque, sin duda alguna, existen injurias y vulneraciones de la intimidad justificables, por el interés públicos. (Ejemplo: valorar públicamente la (in)decencia de Mariano Rajoy puede ser, objetivamente, una injuria, pero, según la jurisprudencia, está justificada -yo también lo pienso- a causa del interés público en que haya críticas abiertas a los políticos... Siempre hasta un límite, claro, porque no se podría afirmar públicamente y sin pruebas que Rajoy ha violado a varios niños pequeños: justamente, porque esto ya serían calumnias, no meras injurias.)
Por lo que hace a quien filtra, a él le serán de aplicación las normas que limitan, de una parte, la revelación de secretos de la intimidad ajena (ej.: un abogado que filtra datos de su cliente, violando el secreto profesional) y las que protegen los secretos oficiales. Hay que recordar, no obstante, que también en este caso existen revelaciones de secretos -íntimos u oficiales- que están justificadas, por el interés público, y que no son, pues, ilegales en última instancia: revelar, por ejemplo, que España estuviese construyendo una bomba atómica (el caso de Mordechai Vanunu fue así) estaría, a mi entender, perfectamente justificado, por más que violase el deber de confidencialidad de un funcionario. Y así otros muchos ejemplos, aunque sean menos graves. En todo caso, en relación con los filtradores, sí es cierto que una plataforma así les facilitar cometer delitos e infracciones. Pero también lo es que les facilita (y tal es el propósito declarado de la plataforma) realizar filtraciones justificadas, sin arriesgarse a la persecución legal por parte de sus jefes (que, aunque finalmente puede que no prospere -o sí, que los jueces no siempre son tan independientes, o no siempre dan tanto peso a los derechos fundamentales, o asumen una visión excesivamente estatista , de la raison d'État, y no democratizador del interés público-, les haría la vida bastante difícil).
No hay que perder de vista, no obstante, que, ya hoy, sin plataforma, los periodistas tienen un derecho, de rango constitucional, a no revelar sus fuentes: es decir, que en este caso prima la libertad de información sobre la protección de la intimidad y/o de los secretos oficiales, incluso en el caso de que la filtración no esté jurídicamente justificada. Así, si -pongo por caso- mañana una revistucha de esas que hay por ahí nos cuenta el tamaño del pene del mismo Mariano Rajoy (información que, evidentemente, vulnera su intimidad, y cuya filtración no podría justificarse en ningún caso por el interés público de la misma), el/la "periodista" que la publique está constitucionalmente amparado para no decir quién le pasó esa información tan "relevante". De manera que el susodicho tendría dos alternativas para proteger (a posteriori, claro) su intimidad: primero, descubrir al filtrador o filtradora y demandarle civilmente por daños y perjuicios, por la vulneración de su intimidad (o, si lo hizo realizando grabaciones o filmaciones o sustrayendo papeles, o si se trataba de su urólogo, denunciándole por delito); o segundo, demandar civilmente al medio de comunicación y/o al/la periodista, por la misma vulneración de su intimidad; o, claro, ambas cosas. Lo único que altera la plataforma es la dificultad para emplear la primera vía
En resumidas cuentas: en realidad la plataforma en cuestión no hace más que formalizar lo que ya vienen haciendo los periodistas de forma habitual (a veces legalmente, otras saltándose la legalidad), proporcionándoles nuevos medios técnicos para ello. No creo, por lo tanto, que vaya a cambiar significativamente el panorama, pues la posibilidad (y, muchas veces, la legalidad) de las filtraciones ya está ahí. Y los motivos (los buenos y los perversos) para hacerlo tienen otra procedencia, que no se va a ver alterada. La nueva técnica se limita a proporcionar un camino, un poco más fácil, para la delación. Que la delación sea buena o mala, claro, desde el punto de vista ético, es otro cantar: yo diría que se trata en realidad de un falso problema, pues la cuestión no es delatar, la cuestión es a quién se delata, y con qué fin. Problemas estos, hondamente morales, a los que la técnica no puede dar respuesta.
A mí, en todo caso, me preocupa más la cuestión política que la moral: ¿quién tiene el poder sobre tales plataformas, quién controla la información? Filtrala.org pretende ser un proyecto alternativo, que no esté controlado ni por los estados ni por las grandes transnacionales de la información. Eso, por supuesto, no garantiza que la plataforma se emplee correctamente. Simplemente, pretende reintroducir (con la colaboración de la ciudadanía) un reequilibrio, en el control de la información. Pero todas las cuestiones morales, y las jurídicas, permanecerán, en todo caso, plenamente abiertas sobre el tapete...
