(A veces, hay que detenerse a considerar las cosas desde el punto de vista del adversario. Yo no me considero liberal, tampoco en lo político. O, por expresarme con mayor propiedad, soy de los que piensan que el liberalismo político, con tener aspectos valiosos, resulta notoriamente insuficiente como filosofía política -aparte de sus dudosas complicidades, en la práctica y en la historia, con comportamientos tiránicos. Y, a pesar de ello, a veces, hay que regresar a los clásicos del liberalismo, para dar una lección sobre principios y coherencia a quienes tanto se las dan de morales y de decentes...)
1. "Liberales", doctrinas morales, mayorías parlamentarias,...
Supongamos, siquiera sea por un momento, que hay que tomarse en serio la autodefinición ideológica del Partido Popular español como un partido "liberal cristiano" (art. 2.1 de sus Estatutos: "(...) inspirada en los valores de la libertad, la democracia, la tolerancia y el humanismo cristiano de tradición occidental. Defiende la dignidad del ser humano y los derechos y libertades que le son inherentes"). La pregunta que surge inmediatamente a continuación (que, quiero creer, les debería surgir necesariamente a much@s militantes y votantes de dicho partido) es, entonces, la de cómo es posible justificar, desde dicha perspectiva, la promoción de una regulación legal que restrinja el derecho de las mujeres a decidir libre y autónomamente acerca de la continuación o interrupción de su embarazo. O, dicho en otros términos, ¿cómo es posible compatibilizar una ley penal que restringe de manera radical la libertad personal -por no hablar del personal sanitario- de las mujeres (aunque las exima de pena, las considera partícipes -partícipes necesarias- en un delito e intenta impedirles que accedan a auxilio médico alguno para interrumpir su embarazo) con los principios liberales? ¿Cómo puede ser justificada una ley así?
Por supuesto, dos respuestas surgen inmediatamente, por más que en realidad no respondan a la pregunta que acabo de formular. La primera es la de que el Gobierno, en realidad, no respeta sus propios principios sedicentemente liberales: que está limitándose a hacerle el "trabajo sucio" a la Iglesia católica, imponiendo la doctrina moral de ésta en forma de norma penal, en contra de todo lo que el liberalismo proclama.
La segunda respuesta sería similar, aunque ligeramente distinta. Lo ha expresado abiertamente el Ministro de Justicia, en sede parlamentaria: el Partido Popular tiene el mandato del electorado para hacer esta reforma, dado el respaldo electoral que alcanzó en las últimas elecciones generales su programa electoral, que la incluía. Por lo que no harían falta más argumentos: vox populi, vox dei...
Obsérvese, no obstante, que, por lo que hace a la primera respuesta, hay que decir, de una parte, que se basa principalmente en un juicio de intenciones, indemostrable (por muchos indicios que, en efecto, existan, de las redes sociales y vínculos ideológicos que unen a los líderes de la iglesia católica española y sus asociaciones más conservadoras con líderes y cuadros del Partido Popular). Y, sobre todo, de otra, que dicha respuesta aspira más bien a explicar por qué el Partido Popular actúa así, antes que a explorar los argumentos con los que justifica su actuación. Pues es evidente que ni el Gobierno ni el Partido Popular han recurrido directa y explícitamente a la doctrina moral católica para justificar su actuación legislativa. Y, puesto que están obligados -por la dinámica del sistema político- a dar alguna suerte de explicación pública (vale decir, que pueda parecer aceptable para la gran parte de la ciudadanía -incluida gran parte de l@s católic@s- que no comparte la identificación entre pecados y delitos) de los argumentos que justificarían su iniciativa, sigue siendo interesante explorar estos.
Por lo que hace a la segunda respuesta (esta sí, explícitamente empleada como argumento por el Gobierno y por el Partido Popular -y, por cierto- también por otros gobiernos y partidos, en otros contextos semejantes), cabe decir que, en realidad, tampoco lo es: se trata de una expresión de lo que he denominado en otro lugar -en mi libro sobre La justificación de las leyes penales- "voluntarismo democrático". Que es una seudo-teoría de la justificación de las leyes: seudo-teoría, porque confunde los criterios para decidir quién tiene la competencia para adoptar decisiones legislativas con los criterios para valorar si dichas decisiones resultan o no moralmente aceptables, o son injustas y moralmente inaceptables. Así, mientras que es evidente que, en el sistema político español, es la mayoría parlamentaria la que, dentro del marco impuesto por las normas constitucionales, tiene la competencia para tomar decisiones legislativas, esto no significa que cualquier decisión que esa mayoría adopte resulte justificable, y aceptable. Antes al contrario, para ello, haría falta además que se cumplan otras condiciones: justamente, con los criterios que permiten justificar el contenido de la la decisión adoptada. Puesto que el contenido de una ley, que afecta -como es el caso- a los derechos de las personas, no se justifica nunca tan sólo por su origen (la mayoría parlamentaria), sino también por su contenido: por cómo afecta a los derechos de las personas.
2. ¿A quién daña el aborto voluntario?
Con ello, volvemos a mi pregunta inicial: ¿puede realmente un liberal justificar una intervención sobre el curso del embarazo de una mujer tan intrusiva como la que significa la prohibición de su interrupción voluntaria?
Un liberal ha de responder a esta pregunta aduciendo argumentos de alguna de las tres clases siguientes (o una combinación de las tres): puede aducir que la interrupción voluntaria del embarazo es dañosa para alguien y, por consiguiente, puede estar justificado prohibirla; puede aducir que es dañosa para la propia mujer, por lo que la prohibición iría en realidad en su beneficio; o puede, en fin, argumentar que, aunque no haya ningún sujeto dañado por la realización de un aborto, existe un daño social, colectivo, que es preciso evitar.
Obsérvese, por lo demás, que un liberal tiene vedado un último camino argumentativo: argumentar que, como la producción del aborto es algo malo (moralmente malo, quiero decir), debería evitarse; y, en caso de necesidad, para evitarlo, recurrir a las prohibiciones que resulten razonablemente necesarias. Desde luego, si se sostiene que el aborto es un fenómeno moralmente indiferente, la argumentación (moralista) acabada de esbozar carecería de sentido. (Justamente, es mi opinión personal -aunque, en el análisis que estoy realizando, acerca de las contradicciones de la argumentación prohibicionista, ello carezca de importancia: a mi entender, aun cuando pueda sostenerse que el aborto es, prima facie, inmoral en algún caso concreto (un aborto puramente caprichoso, por ejemplo), si luego se toman en consideración todas las circunstancias (las circunstancias reales en las que las mujeres se ven obligadas a decidir sobre la continuación o la interrupción de su embarazo), se convierte en una conducta que ha dejado de ser moralmente mala.)
Pero es que, más allá de esto, el liberal tiene vedada esta forma de argumentar, aun en el caso de que conviniésemos en que practicar el aborto es una acción moralmente mala. Precisamente, porque lo que los principios liberales prohíben es pasar de la inmoralidad a la prohibición por parte del Estado. De manera que sólo la presencia de daño para terceros, de daños colectivos o -más limitadamente- de daños para el propio sujeto puede justificar suficientemente la intervención coercitiva del Estado, a través de prohibiciones y de sanciones.
¿Hay daño a terceros en el aborto voluntario? (En el forzado, es claro que lo hay: a la propia mujer, a su integridad corporal y a su libertad, cuando menos.) Dos son las cuestiones que hay que resolver, para poder dar una respuesta: qué es un daño y quién es el que puede ser dañado.
En relación con el concepto de daño, me limitaré a aportar aquí una definición, que he intentado argumentar y fundamentar con mayor detalle en otro lugar: existe daño (y no un mero mal moral, que no estaría justificado prohibir) cuando la acción enjuiciada -aquí, de aborto- produce una afectación a un estado de cosas valioso de tal índole que empeora de forma estable la posición del sujeto afectado (dañado) en la interacción social; y ello ocurre cuando la acción en cuestión reduce el poder social del sujeto, o bien reduce su acceso a recursos necesarios para la vida.
La pregunta, por supuesto, es si tal daño existe en el caso del aborto voluntario. Y la respuesta depende, a su vez, de cómo contestemos a otra: ¿es el embrión un sujeto susceptible de ser dañado (en el sentido que acabo de exponer)? En mi opinión, es evidente que no: cualquiera que sea la valoración moral que se otorgue a la vida del embrión (es decir, aun colocándonos en la hipótesis más difícil, la que da por buena la posición -harto cuestionable, por lo demás- de la teología moral católica: que la vida del embrión posee valor moral autónomo), resulta imposible, por definición, tomarla como un sujeto moral, susceptible de sufrir algún daño, en el sentido acabado de indicar. Y ello, por la evidente razón de que un embrión no está inmerso en la interacción social. Por lo que no puede ser dañado, en el sentido relevante para el liberal. Por lo que no cabe hallar, en ningún caso, justificación, a la prohibición del aborto voluntario, en dicho daño.
De este modo, todos los argumentos (falaces, por lo demás) basados pretendidamente en los derechos de las personas discapacitadas, equiparando al embrión con graves taras a dichas personas, caen también por su peso. Simplemente, el embrión no es, ni puede ser, sujeto moral (y, por ende, tampoco jurídico). No puede ser dañado, en ningún sentido relevante -moralmente relevante- de la expresión (a diferencia de lo que ocurre con las personas discapacitadas, que sí que pueden serlo).
Otra vez, pues: prohibir la destrucción de un embrión, aun si se considera dicha acción como moralmente mala, sólo puede ser justificado desde un enfoque moralista del Derecho; nunca desde uno liberal.
3. ¿Es el aborto un daño social?
Podríamos, entonces, volvernos hacia la segunda de las argumentaciones imaginables, la del daño colectivo. Un libertario radical rechazaría directamente esta posibilidad. Un liberal más moderado pensará, sin embargo, que no cabe excluir la posibilidad de que haya acciones que dañen a intereses colectivos, sin dañar a ningún sujeto en particular. La pregunta, entonces, es: ¿ocurre esto en el caso del aborto voluntario? Los daños sociales tienen lugar cuando una acción afecta a aquello que los economistas denominan "bienes públicos": bienes de cuyo disfrute no es posible excluir a nadie, por lo que a nadie pueden ser asignados. Pero, ¿cuál podría ser ese bien público a proteger a aquí? Sólo se me ocurren ejemplos más bien siniestros de tales bienes, de difícil justificación moral: la estabilidad demográfica, el rejuvenecimiento de la población,... En suma, biopolítica de la peor especie. Quiero creer que nadie se atreverá a aducir públicamente este género de argumentos para sostener una regulación prohibicionista del aborto, por lo que no continuaré considerándolos.
4. ¿Una prohibición paternalista?
Por fin, resulta imposible tomarse en serio algunas sugerencias (no creo que pueda hablarse de verdaderos argumentos) que se han realizado desde el Gobierno de que a quien se pretende proteger es a la mujer misma, en contra de sus malas decisiones. Pues, en primer lugar, los liberales deberían aborrecer el paternalismo. Y, además, incluso quienes no lo aborrecemos, pensamos que aquél que el Gobierno estaría proponiendo (si hubiese que tomarse en serio el argumento) sería uno de la peor especie: aquél en el que la justificación de la intervención paternalista se basa en la minusvaloración de la capacidad de decidir del sujeto, que queda radicalmente invalidada por la prohibición legal. (Y no -como el paternalismo justificable- en evitar que un sujeto se dañe a sí mismo, a causa de las circunstancias especiales, de carencia de autonomía,en las que ha de adoptar su decisión.)
5. Conclusión: aborto y liberalismo
En suma: un liberal -consecuente- le diría a Ruiz-Gallardón, a su Gobierno y a su partido que, al prohibir la interrupción voluntaria del embarazo, están extralimitándose notoriamente. Están interfiriendo arbitrariamente (y tiránicamente), sin justificación alguna, en la libertad de los individuos (de las mujeres, sobre todo, pero también del personal sanitario) para tomar decisiones sobre sus propias vidas. Que no importa lo que piensen sobre la moralidad o inmoralidad de la decisión de interrumpir un embarazo. Que sobre ello el Estado no tiene derecho a decidir. Ni tampoco la mayoría parlamentaria.
Que, si se las dan de liberales (y hubiera que tomárselo en serio), lo son muy malos, en verdad.
