Duncan Kennedy es lo suficientemente conocido (como una de las cabezas del movimiento de los Critical Legal Studies y como uno de los líderes de la "izquierda jurídica académica" norteamericana) como para que no necesite presentación, aquí y ahora. Por ello, quiero limitarme tan sólo a comentar sus reflexiones , en este libro (traducción de Teresa Arijón, Siglo XXI, 2012), acerca de la docencia de las disciplinas jurídicas y de las posibles vías para convertir dicha docencia en un instrumento -entre otros, por supuesto- de politización, en sentido izquierdista, de los futuros juristas. (Pueden consultarse con provecho otros escritos del autor sobre el tema en su página web.)
Kennedy propone, en esencia, para intentar tal fin, que el profesor de izquierdas emplee su actividad para (re-)politizar los contenidos del Derecho, pero evitando en todo momento la tentación de sermonear o adoctrinar. Politizar quiere decir, aquí, obligar a l@s estudiantes, de una parte, a cobrar conciencia acerca del contenido político del Derecho, oculto bajo los oropeles de las (pretendidas) "autoridad" y "racionalidad" de los contenidos de las normas y de sus aplicaciones; y, de otra parte, forzarles a tomar posición, conscientemente política, en relación con el contenido de las normas y en relación con los criterios para su aplicación. (En este sentido, Kennedy apunta que no se trata de que tod@s l@s estudiantes adopten posiciones izquierdistas, sino de que, cuando menos, adopten alguna: conservadora, liberal, izquierdista,... Lo importante sería el hecho de politizarse, no tanto la posición que se adopte -aun cuando, por supuesto, lo ideal es que cuant@s más lo hagan en sentido izquierdista, mejor.)
El camino hacia esta repolitización de los contenidos de la enseñanza del Derecho procedería del esfuerzo del/a profesor(a) para apartarse de la exposición "dogmática" (en el peor sentido de la palabra) de las instituciones jurídicas y de su "lógica", para presentarlas más bien como formas de resolver problemas. Formas que, necesariamente, obedecen a planteamientos políticos subyacentes, y que afrontan también la resolución de problemas necesariamente políticos. Es decir, se trataría de eludir el carácter aparentemente (e ideológicamente) neutral de las instituciones jurídicas, para volver a insertarlas, ante l@s estudiantes, en su contexto social (que siempre es, necesariamente, también político, en tanto que transido por relaciones de poder).
Creo que es difícil no estar de acuerdo con el autor en la obligatoriedad de realizar este esfuerzo, si es que un(a) profesor(a) ha de llamarse izquierdista, también en su actividad profesional. Y me parece también bien su modestia y descreimiento respecto de la posibilidad -tan cara a much@s profesor@s- de que que sermonear sirva para algo. Pienso, sin embargo, que en realidad sus propuestas didácticas, con ser necesarias, resultan un tanto insuficientes, desvaídas. Y ello, cuando menos, en tres sentidos.
Primero, porque esa necesidad de poner en relación Derecho, poder y política aparece ya asumida de forma normal en muchos sectores de las disciplinas jurídicas. Es cierto, no obstante, que -como Kennedy también apunta- no tanto en lo que constituye el "núcleo" del que proceden las bases de la dogmática jurídica: en esencia, en el Derecho privado. Pese a ello, proponer dicha puesta en relación es útil, pero, al menos en ciertos ámbitos (como el Derecho Penal, por ejemplo), parece, hoy en día, trivial.
En segundo lugar, por lo que hace a los contenidos de la enseñanza, la repolitización de los conflictos sociales a los que las instituciones pretenden dar solución (política) resulta necesaria, pero creo que no suficiente. Pues me parece que, además, es preciso profundizar en dichas implicaciones políticas: esto es, resulta imprescindible, a mi entender, que la enseñanza de las disciplinas jurídicas se conecte de forma explícita y sistemática (sin caer -en eso hay que darle la razón a Kennedy- en la tentación del sermoneo) con la filosofía moral y política. Por expresarlo en un ejemplo concreto: repolitizar la enseñanza del Derecho Penal no debería consistir tan sólo (aunque también) en poner de manifiesto la naturaleza necesariamente política de los conflictos (entre mujer y varón, en la agresión sexual o en la violencia de género, entre empleado y empleador en delitos laborales y en muchos socioeconómicos, etc.); y en explicitar los fundamentos políticos y morales sobre los que están construidas tanto los contenidos normativos de los preceptos penales como los criterios empleados para su aplicación. Sino que debería, además, hacerse al tiempo que presentan a l@s estudiantes (de un modo no cerrado, sino abierto a discusión) fragmentos esenciales de una política criminal: de una política criminal izquierdista, quiero decir, la más justa, en contraposición a otras posibles, menos justificables moralmente.
Acaso Kennedy objetaría a mi opinión que esto es "entrar en un juego" (constructivo) que hace perder potencia crítica (destructiva) a la enseñanza. O, simplemente, que tal política criminal izquierdista, coherente, no es posible. Como, sin embargo, yo no soy tan escéptico, creo que no basta con repolitizar y con enfrentar al/a estudiante con las implicaciones políticas del Derecho: pienso que hay, también, que ofrecerle alternativas (respetando, siempre, su libertad para pensar, para criticar y para oponerse -dándole, pues, oportunidades efectivas para ello).
Por fin, en tercer lugar, creo que la propuesta del autor desatiende a otro aspecto, el puramente metodológico, de la enseñanza. Pues pienso que también en este ámbito es imprescindible la repolitización, si se desea que la educación jurídica resulte, en suma, políticamente productiva (además de jurídicamente enriquecedora). Y ello sólo puede ser logrado, a mi entender, si los métodos de las disciplinas jurídicas son actualizados y convenientemente fundamentados (tanto desde el punto de vista epistemológico como desde el moral y político). (Actualización y fundamentacion que, en mi opinión, demasiadas veces fallan, de manera que la solución de problemas que se aporta al/a estudiante parece más bien fruto arbitrario de una tradición que el resultado del ejercicio de la racionalidad -de la misma racionalidad, práctica, que se ejerce en otros ámbitos, como el político o el moral.) Así, un jurista de izquierdas no debería ser tan sólo (aunque también) un jurista que busca soluciones moralmente justas y atentas a valores de izquierdas (justicia, igualdad, solidaridad, etc.) a los problemas jurídicos, tanto de lege lata como de lege ferenda. Sino que, además, debería ser un jurista que es capaz de emplear los métodos más actualizados (esto es, los más justificables desde el punto de vista del conocimiento científico y de los usos más avanzados de la racionalidad) y los más justificables desde un punto de vista moral y político.
Por expresarlo, otra vez, con ejemplos: un penalista de izquierdas no debería dejarse arrastrar, para afrontar problemas jurídicos, por las vagorosas retóricas de "la naturaleza de las cosas", de "la justicia", de los "valores constitucionales" o del "Derecho natural", puesto que todos y cada uno de sus entes son tan sólo construcciones ideológicas, que sirven para justificar (de modo irracional) todo lo que en cada momento se quiera justificar. Debería más bien acudir a loci más fiables, como las teorías normativas de la justicia distributiva, los principios de libertad, teorías morales de los derechos humanos, etc. Que tienen, en todos los casos, la ventaja de dejar claro qué rango poseen, en tanto que teorías: teorías normativas, basadas en -y justificables desde- determinados presupuestos, valorativos y normativos, previos.
A pesar de todas estas objeciones, no deberíamos despreciar de ningún modo las valiosas reflexiones que Duncan Kennedy nos aporta en la obra que comento. Pues estamos demasiado acostumbrad@s, por desgracia, en estos lares a que un(a) jurista (un penalista) de izquierdas sea tan sólo un(a) jurista estándar que, además, sostiene -también dentro del aula- ciertas opiniones y firma determinados manifiestos. Algo más, que nuestras opiniones, debería distinguirnos, de nuestr@s colegas liberales, conservador@s y autoritari@s. Y dicha diferencia habrá de comenzar, claro está, en el momento formativo, en el que la cultura profesional del/a jurista empieza a ser inoculada al/a estudiante.
