(Adhesiones:
La crisis económica
se ha convertido en el pretexto para desmantelar el Estado del Bienestar y
quebrar todos los consensos creados para garantizar la convivencia pacífica y
constructiva. En poco más de un año se ha llevado a efecto un importante
retroceso de las libertades de la ciudadanía. Los derechos sociales se han
reducido a la mínima expresión con la reforma laboral. Se han recortado
servicios públicos básicos, como la sanidad y la enseñanza, sin que se haya
reclamado ningún sacrificio equivalente a los grandes negocios privados. La
administración de justicia, como servicio público, debería formar parte del
núcleo esencial de los esfuerzos del Estado en un momento en el que cada vez
son más quienes ven en la justicia la última posibilidad de protección y defensa.
La inclusión de las
tasas judiciales, el despido de más de 1.200 jueces interinos y la falta de
convocatoria de oposiciones en los distintos Cuerpos de la Administración de
Justicia han debilitado la ya delicada estructura judicial. Y han condenado a
cientos de miles de personas a litigios que duran más allá de lo razonable. Se
han debilitado los medios de tutela de los grupos de personas más sensibles a
los efectos de la crisis: trabajadoras y trabajadores que ven como sus procesos
se demoran meses antes de celebrar juicio, personas desahuciadas y ejecutadas
que pierden sus viviendas aun a sabiendas de que sus préstamos podrían incluir
cláusulas bancarias abusivas. De ahí que la defensa de la Justicia como valor,
como poder y como servicio deba reclamar la atención no solo de los operadores
jurídicos, sino de toda la ciudadanía.
Pero, además, ahora
se pretende deteriorar la independencia judicial. El principio de separación de
poderes es uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho. Por ello, en
nuestra Constitución se diseñó un sistema en el que una de las garantías de la
independencia judicial era la creación del Consejo General del Poder Judicial,
cuyas competencias son básicas para hacer efectivas las funciones de la
judicatura en defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Nuestra
sociedad necesita de un poder judicial sólido, con instrumentos para cumplir
sus elevadas funciones y con capacidad para afrontar los conflictos sociales
sin dejarse influir por interferencias políticas, mediáticas o de grupos de
presión.
Sin embargo, el
Gobierno ha impulsado un proyecto de ley en el que arrebata importantes
competencias al órgano de gobierno del poder judicial. Ello rompe el equilibrio
propio de la división de poderes. Y supone una subordinación del poder judicial
al poder político. Con esta reforma el Ministerio de Justicia sustrae funciones
sobre medios materiales y personales que son fundamentales para la
independencia judicial. Y, en un contexto en el que se están investigando numerosos
casos de corrupción, todavía resulta más necesario que se respete la actuación
de una judicatura independiente, sin que desde cualquier Gobierno se disponga
de instrumentos que puedan perturbar las atribuciones constitucionales de
nuestros juzgados y tribunales.
Sin duda, el
funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial puede ser mejorable. Pero
eso no puede suponer un pretexto para que desde el Gobierno se despoje al CGPJ
de competencias relevantes, que afectarán al estatuto de los integrantes del
poder judicial, lo cual posibilitará un control y un condicionamiento de sus
funciones jurisdiccionales.
La independencia
judicial no es un privilegio de los miembros de la judicatura, sino una
garantía para los derechos fundamentales de la ciudadanía y para la prestación
de un adecuado servicio público. La puesta en práctica de reformas que afecten
a la independencia judicial dañará necesariamente la credibilidad de nuestro
Estado de Derecho. Y resulta de especial gravedad que una reforma de estas características
se haya impulsado de manera unilateral, de forma precipitada, sin ningún
diálogo real y con la oposición de todos los sectores de la administración de
justicia.
Nuestra
administración de justicia se encuentra en una grave situación de deterioro
estructural por falta de medios materiales y personales suficientes para hacer
frente a las necesidades reales. Sin embargo, en lugar de incrementarse la
inversión pública, se han practicado recortes presupuestarios que van a
dificultar aún más las actuaciones de nuestros juzgados y tribunales. Esta
situación de precariedad se va a agravar ante una reforma que debilitará las
funciones de la administración de justicia, vaciará de contenido las
competencias del órgano de gobierno de la judicatura y erosionará la división de poderes. Ante esta
crítica situación, que pone en peligro la tutela de los derechos de la
ciudadanía, reclamamos al Gobierno
y a todos los poderes públicos un Pacto
sobre Justicia que garantice de una vez por todas la independencia judicial y la efectiva
división de poderes que proclama la Constitución.
