(Adhesiones:
El aumento de los desahucios y del sobreendeudamiento personal y familiar constituye uno de los aspectos más dramáticos de la realidad actual. Según los datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial, se han producido más de 400.000 ejecuciones hipotecarias desde los inicios de la crisis. En muchos casos, al drama de la pérdida del hogar familiar se suma la pérdida del empleo y la asunción de deudas inasumibles. Todo ello se traduce en la conculcación reiterada del principio de dignidad de la persona y de los derechos que le son inherentes, ambos fundamento de la paz social y del actual orden político y constitucional.
Las respuestas normativas han sido insuficientes. Tampoco las medidas paliativas adoptadas están dando una solución adecuada. En ese contexto, la iniciativa legislativa popular por la dación en pago, avalada por un millón y medio de firmas y admitida a trámite por el Congreso de los Diputados, puede ser un instrumento útil para colmar estas limitaciones y garantizar a las personas afectadas el derecho a una segunda oportunidad.
Las propuestas recogidas en la iniciativa se adecuan a las exigencias derivadas del principio del Estado social y democrático de derecho y a los estándares consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el derecho internacional de los derechos humanos.
Por todo ello, y en nuestra condición de abogados, funcionarios de justicia, jueces, notarios, procuradores, profesores de derecho, registradores, secretarios judiciales y otros operadores jurídicos, apoyamos un cambio de la normativa sobre ejecuciones hipotecarias que dé una segunda oportunidad a las personas a partir de las medidas recogidas por la proposición de ley de dación en pago, paralización de desahucios y alquiler social.
Las respuestas normativas han sido insuficientes. Tampoco las medidas paliativas adoptadas están dando una solución adecuada. En ese contexto, la iniciativa legislativa popular por la dación en pago, avalada por un millón y medio de firmas y admitida a trámite por el Congreso de los Diputados, puede ser un instrumento útil para colmar estas limitaciones y garantizar a las personas afectadas el derecho a una segunda oportunidad.
Las propuestas recogidas en la iniciativa se adecuan a las exigencias derivadas del principio del Estado social y democrático de derecho y a los estándares consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el derecho internacional de los derechos humanos.
Por todo ello, y en nuestra condición de abogados, funcionarios de justicia, jueces, notarios, procuradores, profesores de derecho, registradores, secretarios judiciales y otros operadores jurídicos, apoyamos un cambio de la normativa sobre ejecuciones hipotecarias que dé una segunda oportunidad a las personas a partir de las medidas recogidas por la proposición de ley de dación en pago, paralización de desahucios y alquiler social.
