(Adhesiones:
Manifiesto
Desde el comienzo de esta última crisis en los países “occidentales” asistimos a un aumento de la represión que va paralelo al auge de los movimientos de protesta.
En los últimos años se ha ido articulando poco a poco una contestación social que se ha visto enormemente potenciada a partir de la aparición del 15 M. Las personas, conscientes de que sus gobiernos no tienen como prioridad el bienestar de todas, sino que han situado a los mercados como epicentro de la sociedad, han optado por la única vía que permite seguir manteniendo la condición humana: la de organizarse, resistir y construir. Y lo han hecho por la vía de la desobediencia civil y la resistencia pacífica y creativa. Esta estrategia permite articular una defensa social ante la violencia que los gobiernos supuestamente democráticos están ejerciendo contra los pueblos.
El miedo del sistema ante el crecimiento de la contestación social ha llevado a plantear la modificación del Código Penal, de modo que la resistencia pacífica o la protesta se conviertan en delito y se limite el derecho de huelga. Se anuncian medidas que desvelan el carácter autoritario de gobiernos que siguen los dictámenes de instituciones profundamente antidemocráticas e inhumanas. Parece que para dar libertad al dinero hay que encarcelar a la gente.
Además de un aumento de la represión violenta, en los últimos meses estamos sufriendo una aplicación de multas generalizadas, en muchos casos simplemente por ocupar cívica y pacíficamente el espacio público. Agentes de la policía, que en numerosas ocasiones no llevan visible su obligatoria identificación, piden la documentación a quienes participan en manifestaciones o asambleas y posteriormente se reciben multas o sanciones administrativas de diversas cuantías. Se trata de que temamos la confrontación y de hacer crecer el miedo dentro de nosotras, de crear una idea del “otro” violento que impida crear poder colectivo.
Solo en Madrid y en el entorno del 15M, fuentes de la Comisión Legal de Sol señalan que, desde el 15 de mayo de 2011 hasta el día de hoy, un total de 412 personas han sido sancionadas, a razón de 300€ de media, lo que supone una recaudación de 123.000€. A esto hay que sumarle el anuncio por parte de Delegación de Gobierno de 278 sanciones más por las movilizaciones del aniversario del movimiento 15M. De ser cierto este anuncio, el montante de sanciones entre mayo de 2011 y mayo de 2012, ascendería a 206.400€.
La justicia no es patrimonio de unos pocos. En muchos lugares del mundo, precisamente a resultas de la propia injusticia vivida y reafirmada por los gobiernos, las personas, alzando la voz democrática, se adueñan de la política para poder dotarse de justicia social. Es legítimo resistir ante la pérdida de derechos impuesta por los mercados. La justicia debería penalizar la violencia contra las personas y garantizar condiciones de vida dignas; por ello, construir alternativas y enfrentarse pacíficamente a un sistema que le ha declarado la guerra a las personas y a la naturaleza es absolutamente legítimo y necesario. Abordar colectivamente la represión es fundamental para seguir alimentando un movimiento que solo pide sociedades y economías cuyo objetivo principal sea el bienestar de las personas y la justicia.
Es necesario denunciar públicamente las dinámicas represivas que se están generando y abordar con imaginación y solidaridad las consecuencias que tienen.
Por ello, hacemos un llamamiento a sumarse a esta plataforma, cuyo fin es la denuncia pública de la criminalización y el impulso de la desobediencia civil, entendiendo esta como el incumplimiento de leyes, normas e imposiciones que se consideran injustas en sí mismas. La desobediencia civil revela el conflicto existente entre la legalidad impuesta y su legitimidad y justicia.
