En este interesante artículo (publicado en el nº 7845 -25 de abril- de la revista La Ley), el autor analiza críticamente, al hilo de la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo español en el juicio por prevaricación contra Baltasar Garzón por sus actuaciones de investigación de los abusos de derechos humanos cometidos durante el franquismo, acerca del alcance de las funciones del proceso penal, y de cómo ello puede cohonestarse con las obligaciones de protección de los derechos humanos, impuestas por el Derecho internacional (además, por supuesto, de por el más elemental sentido de la decencia, moral y política).
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