1. Paralización efectiva e inmediata del proceso de implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y del Espacio Europeo de Investigación (EEI), así como de todas las reformas contenidas en la “Estrategia Universidad 2015” del Gobierno, y apertura de un debate público en el seno de la comunidad académica sobre el futuro de la educación superior.
2. Paralización del actual proceso de reducción y descualificación general de las titulaciones, que se enmarca en el Proceso de Bolonia. Por ello exigimos la derogación del Real Decreto de 29/10/07 que establece la ordenación de enseñanzas universitarias, así como de los precedentes Reales Decretos de grado y posgrado de 2005.
3. Derogación del Real Decreto de ECTS, puesto que este sistema de créditos impone la figura del estudiante a tiempo completo e imposibilita la compatibilidad de los estudios con otro tipo de actividades.
4. Rechazamos la subida de las tasas de matriculación, así como la penalización económica a las 2ª y 3ª matrículas, y reivindicamos la congelación y bajada progresiva de las tasas hasta alcanzar la gratuidad.
5. Nos oponemos a la financiación privada, que está condicionada a criterios ajenos a los de la propia comunidad académica, y exigimos el incremento del gasto público en educación hasta llegar al 7% del PIB.
6. Supresión de las exenciones fiscales a las familias cuyos hijos cursan estudios en la enseñanza privada, ante del hecho de que cada estudiante de la educación secundaria privada en Madrid supone una desgravación de 900€, alcanzando un total de 90 millones de euros que deja de ingresar la administración pública.
7. Exigimos la eliminación de las becas-préstamo y un aumento del presupuesto a las becas sin devolución del importe. Nos negamos a la instrumentalización de las becas de colaboración para encubrir relaciones laborales.
8. Rechazamos de plano las reformas de la estructura de gobierno de las universidades contenidas en la EU2015, que suponen un control decisivo y unilateral de su funcionamiento por parte de las sociedades mercantiles de más poder. En este sentido, rechazamos la intervención en la universidad de cualquier grupo externo de poder económico o político, por lo tanto exigimos la abolición del Consejo Social y de la ANECA.
9. Nos oponemos a la imposición a la comunidad educativa de una normativa laboral subordinada a criterios de rentabilidad, y por ello:
a) rechazamos la precarización generalizada de todos los contratos de docencia e investigación que supone el nuevo Estatuto del Personal Docente e Investigador y de todos los contratos de administración y servicios que supone el nuevo estatuto del PAS, que arrastra inevitablemente a una pérdida de calidad en su labor dentro de la universidad.
b) rechazamos los recortes de presupuesto y derechos que han dejado en la calle a miles de profesores de enseñanza secundaria y aumentado la carga de trabajo del resto.
c) exigimos la readmisión sin condiciones de todos/as los/as docentes despedidos/as y reivindicamos un aumento progresivo de las plazas de profesorado en función de los alumnos matriculados.
10. Rechazamos de plano el proyecto Campus de Excelencia Internacional, puesto que implica:
a) el funcionamiento de las universidades a modo de empresas llamadas a competir entre sí por atraer a los estudiantes/clientes, ofertando títulos propios y liberalizando la contratación de su personal; así como por allegar financiación privada en función de beneficios ajenos a la institución.
b) la subordinación de una parte creciente de la financiación pública al éxito de los centros en la obtención de fondos de empresas privadas.
11. Exigimos la supresión del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, por ser un órgano caciquil y antidemocrático que no representa los intereses de los/as estudiantes, y reivindicamos una participación directa y decisiva de los/as estudiantes en las políticas educativas, donde se incluye una carta de derechos más amplia que contemple derechos fundamentales como el derecho a huelga, y que sea vinculante a todas las universidades.
12. En consonancia con el punto anterior, exigimos que toda reforma educativa requiera la legitimación mediante referéndum vinculante de toda la comunidad académica.
13. Exigimos la eliminación del actual Máster en Formación del Profesorado, que significa una clara opción por el empobrecimiento de la formación del futuro profesor, además de una criba económica en el acceso a dicha profesión; y proponemos su sustitución por un modelo análogo al M.I.R., con prácticas remuneradas en institutos de educación secundaria públicos.
14. Rechazamos la adaptación de la enseñanza secundaria al modelo elitista y excluyente de Universidad de la EU2015, que se concreta en la modificación de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) mediante el real decreto 1892/2008, su posterior reajuste en el real decreto 558/2010, y su definitivo moldeado con la orden EDU/3242/2010, expresada en el BOE del 17 de diciembre de 2010. Exigimos la derogación de este decreto y sus posteriores modificaciones, cuya intención puede resumirse en:
a) Establecimiento de las Universidades de los parámetros de ponderación de las asignaturas de la fase específica de la PAU, lo que encubre la selección de las Universidades de su alumnado.
b) Imposición de mayores trabas para el libre acceso a la Universidad pública al estudiantado en general y al de FP en particular, el cual, en caso de querer llegar hasta los 14 puntos, deberá examinarse en la fase específica de las asignaturas propias del bachillerato.
15. Exigimos la derogación de la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, puesto que doblega la investigación universitaria a los intereses venales de las empresas más fuertes de cada sector productivo:
a) evaluando la pertinencia de las investigaciones en base a criterios de rentabilidad extracientíficos que todo experto rechaza.
b) subordinando, mediante la rendición de cuentas, la financiación pública de las investigaciones a la obtención de resultados económicamente provechosos para ser apropiados por una empresa privada que los introduzca en el tejido productivo; cosa que además significa un traspaso de capital público al sector privado.
c) fomentando la movilidad de los investigadores entre el sector público y el sector privado; lo cual implica la flexibilización y la precarización de sus contratos, que se realizan en función del lucro que sus proyectos puedan producir para la empresa que ha de patentarlos y comercializarlos, así como, de nuevo, una fuga de recursos públicos al desarrollo de investigaciones que han de producir beneficios privados.
15. Exigimos la retribución de las prácticas, con el fin de evitar la explotación y el trabajo no remunerado.
16. Con el fin de garantizar la movilidad de los estudiantes por Europa, exigimos el aumento del presupuesto destinado a becas Erasmus.
