¿"Por la calidad de las universidades públicas"? Un manifiesto desenfocado (en el mejor de los casos)

(Dado el tenor de algunas de las observaciones que a continuación se realizan, comenzaré advirtiendo que yo -como todos los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Universidades- rechazo el borrador de Estatuto de P.D.I. en la última versión que viene manejando el Ministerio de Educación. Y que, por ello, he firmado el Manifiesto en contra de dicho borrador, promovido por las organizaciones sindicales.)

¿Quién podría estar en contra de "la calidad de las universidades públicas"? Es seguro que los hay, dentro (desengañad@s y "trepas") y fuera (partidarios de la privatización a ultranza y políticos -y ciudadan@s- cortoplacistas, incapaces de pensar en nada que no produzca un beneficio rápido e inmediatamente tangible) de las universidades. Pero también doy por cierto que ninguno de tales agentes del sistema universitario español va a participar en el debate acerca de dicha calidad; o, para el caso, sobre el borrador (habría que decir, mejor, a la vista del vaivén político al respecto, los varios borradores) del Estatuto del Personal Docente e Investigador de las universidades públicas españolas (P.D.I.). Pues tales agentes procurarán influir en el resultado final, en función de sus intereses, más o menos confesables. Pero carecen de razones que puedan hacer valer en público para proponer una u otra política universitaria; y uno u otro modelo de estatuto para el P.D.I.

Asumiré, por lo tanto (y creo no equivocarme, o no mucho), que cuantos están participando en el actual debate acerca del borrador de Estatuto del PDI lo hacen guiados (además de por sus intereses) por un sincero deseo de contribuir a una buena universidad pública, de calidad. No admitiré, pues, los argumentos ad hominem: ni el manido discurso antisindical, siempre reaccionario (se disfrace como se disfrace); ni tampoco la crítica a las aspiraciones a la calidad y a la "excelencia" -sobre este término volveré luego-, en nombre de la peor de las versiones del igualitarismo, el chato, que pretende igualar por abajo.

Advertido todo lo anterior (que no debiera ser necesario, pero que se vuelve preciso, a la vista de los prejuicios que flotan en el ambiente), quiero explicar, en pocas palabras, por qué discrepo del tono y de buena parte del contenido del manifiesto Por la calidad de las universidades públicas, recientemente publicado en los medios de comunicación, y que viene circulando ya desde hace meses por nuestras universidades. Razones que me llevaron en su momento ya a transmitir a algunos de los promotores y firmantes mi discrepancia, que ahora intento articular y hago pública.

1. Ante todo, creo que, si de calidad de las universidades estamos hablando, el manifiesto del que hablo equivoca radicalmente su objetivo: un estatuto del P.D.I. es o debería ser -como su propio nombre indica- ante todo una norma que garantice derechos y establezca obligaciones para (una parte de) el personal de nuestras universidades públicas. Y de eso se trata, en efecto, principalmente: de derechos y de deberes de trabajadores y trabajadoras. Soy consciente, por supuesto, de que no es posible desligar completamente la cuestión de las políticas universitarias (y tampoco, por consiguiente, la cuestión de la calidad de dichas políticas, y de sus resultados) de los derechos y obligaciones del personal docente e investigador. Pero, primero, parece una desmesura pretender que el estatuto de dicho personal garantice (o que vuelva completamente imposible) la calidad de la docencia y de la investigación: puede influir algo sobre ella, cierto; pero es seguro que hay otros muchos factores más importantes que inciden en tal calidad. De manera que quienes estamos preocupados por los derechos de los trabajadores y trabajadoras de las universidades (particularmente, de los más débiles de entre ell@s -volveré sobre esta cuestión luego) tendemos a pensar, creo que con algún fundamento, que hay quien está dispuesto a arrojar el niño con el agua sucia: a sacrificar derechos en el altar de la pretendida "excelencia". ¿Para cuándo, si no, manifiestos que pidan la completa reforma de los estatutos de las universidades, de la Ley Orgánica de Universidades, de las vergonzosas asignaciones presupuestarias de las comunidades autonómas a muchas de nuestras universidades,...? ¿Por qué indigna tan sólo el estatuto?

Por lo demás, en segundo lugar, ocurre que, en mi modesta opinión, las razones políticas (y también, por consiguiente, las relativas a políticas de "calidad" o de "excelencia") no deberían servir de fundamento nunca para afectar a derechos de l@s trabajador@s. Me explico: supongamos que -como yo asumo- una persona contratada por una universidad pública española para impartir docencia (pongamos: un profesor ayudante, o un "falso" profesor asociado) tiene, entre otros, derecho a poseer oportunidades de promoción laboral y profesional. Si tal derecho existe, entonces creo que resulta inaceptable que, en pro de objetivos de calidad o de excelencia (esto es, de objetivos de la institución), de hecho tal persona (esto es, el individuo), a la que no se le han ofrecido oportunidades de hacer estancias en el extranjero, ni de dedicarse años enteros exclusivamente a la investigación, ni otra serie de oportunidades semejantes para llegar al nivel de calidad óptimo en su labor investigadora, se vea privada del derecho en la práctica: por ejemplo, exigiendo, para acceder a escalones superiores de la carrera profesional requisitos (de excelencia) que nunca estuvieron a su alcance (sin esfuerzo heroico por su parte); y discriminándole, por lo tanto, frente a otras personas, que sí que tuvieron tales oportunidades.

Desde luego, el ejemplo anterior no quiere decir que sólo el que ha estado "calentando el asiento" (como dice la jerga, un tanto elitista, empleada usualmente, puesto que generalmente se trata de trayectorias profesionales escasamente elegidas, más bien impuestas por las circunstancias) pueda ser promocionado profesionalmente: las universidades (o, para el caso, el Estado) podrían crear puestos de investigador(a) de excelencia, para quienes hayan seguido aquel otro perfil profesional. Pero, en todo caso, lo que quiero señalar es que tales políticas no deberían ir nunca en detrimento del derecho a la promoción profesional de l@s trabajador@s ya vinculad@s a la universidad, l@s que le "sacan las castañas" a esta todos los días, generlamente a bajo coste. Y que, precisamente, esto es lo que -entre otras cosas- debe garantizar un estatuto del P.D.I.

Cualquiera que conozca la realidad de las universidades públicas españolas, podrá reconocer fácilmente -y aun poner nombres y caras- a cada uno de los casos que presento: por desgracia, nuestras universidades (y nuestros gobiernos) han apostado por políticas de precarización del profesorado universitario, que hacen que, para much@s trabajador@s de nuestras universidades, hablar de "excelencia" resuene, ante todo, como un siniestro sarcasmo, cuando todos los días intentan hacer valer su derecho a un trabajo digno y estable.

2. Un segundo defecto que creo que aqueja, y gravemente, al manifiesto que critico (muy relacionado, por lo demás, con el anterior) es su enfoque catastrofista, completamente alejado, en mi opinión, de la realidad que vivimos todos los días quienes, dentro de las universidades, somos muy críticos con su deriva. Parecería, en efecto, leyendo el texto del manifiesto que unas universidades públicas de alto nivel van a ser arruinadas por una norma siniestra y perniciosa. Y, sin embargo, si es que las universidades públicas españolas fuesen a verse arruinadas en su calidad, resulta en extremo dudoso que ello se debiera ante todo a ningún estatuto del P.D.I. -ni éste ni cualquiera.

Nuestras universidades no han sido nunca (al menos, desde la Salamanca del siglo XVI) de excelencia: con todas las honrosas excepciones individuales que cada uno quiera hacer, es esta, me parece, una realidad incontrovertible. Han mejorado, sin duda alguna, desde la debacle de la posguerra y el marasmo del franquismo. Y han chocado, más recientemente, con las tendencias (neoliberales) privatizadoras y rentabilizadoras de cualquier inversión dineraria. Han intentado garantizar una educación superior digna y han producido muchas buenas obras científicas. Mas, desde el punto de vista institucional, cualquiera que conozca el orbe universitario (mundial) reconocerá que la nuestra no es una universidad "de primera", en el sentido que la ideología de la excelencia pretende conseguir.

Más aún: nuestra universidad es ya, desde hace muchos años, una enorme máquina burocrática, notablemente ineficaz. Es éste un problema que, en mi opinión, tiene mucho que ver con la ausencia de cualquier polìtica universitaria (en el sentido material de la expresión). Que, a su vez, engarza con la carencia de democratización de nuestras universidades (gobernadas por una élite de profesores y de gestores, apoyados en redes clientelares, y sometida a la voluntad del consejero autonómico, o del burócrata subordinado a éste, de turno). Decir, pues, que el estatuto del P.D.I. va a burocratizarlas parece, en el mejor de los casos, una exageración: tal vez aumente la burocratización (habría que ver si compensa por los benficios que se obtengan), pero no más...

Y más todavía: los sistemas de promoción de la carrera docente e investigadora nunca han brillado, en España, por su pulcritud, su racionalidad y su acrisolada calidad, como es de todos sabido. Por ello, habría que ser -cuando menos- bastante más morigerados cuando se acusa, como hace el manifiesto en cuestión, al nuevo borrador de Estatuto de crear una situación (¿ex novo?) de completa irracionalidad en la promoción profesional.

Por ello, me parece muy dudosa la idea, sugerida por el manifiesto, de que el estatuto del P.D.I. pueda ser la piedra de toque de ninguna política universitaria, ni buena ni mala: en el mejor de los casos, puede garantizar empleos dignos; en el peor (el que la C.R.U.E. y el Ministerio parecen estar intentando hacer realidad), puede volverlos imposibles. Pero poco más. La excelencia habría de ser lograda por otros medios, que tienen que ver con inversión pública, con participación democrática en el gobierno de las universidades (no la seudo-democracia corporativa diseñada por nuestra legislación universitaria), con inserción de las universidades en su medio social (que no quiere decir -como interesadamente se interpreta- venderse a la clase empresarial o a las instituciones del territorio), con valorización del conocimiento fuera del ámbito universitario (esas empresas que prefieren trabajador@s mal formad@s, pero precari@s, antes que buenos profesionales...), etc. Es decir, con cosas que no tienen por qué afectar -antes al contrario- a los derechos del personal docente e investigador. Con todo aquello, en suma, que queda fuera del ángulo de visión de los firmantes del manifiesto y que, sin embargo, sería lo más relevante que habría que denunciar, si de denunciar se trata.

En este sentido, me parece significativo que el manifiesto se extienda en los (pretendidos) males del borrador de Estatuto. Pero no dedique una sola línea a pergeñar una alternativa. ¿Hay que entender que es la situación actual (práctica desregulación de buena parte de los derechos laborales del profesorado) la que debería mantenerse? No parece de recibo, según creo, criticar de forma tan frontal sin ofrecer algo a cambio, parecería que se trata de que nada cambie...

3. Por fin, y para no extenderme en demasía, señalaré que todo el texto del manifiesto rezuma un preocupante tono elitista y (coherentemente) antisindical. Parecería, en efecto, que la "sindicalización" de la universidad es algo malo cuando esa (fantasmagórica) sindicalización no es otra cosa que la presencia de movimientos organizados de trabajador@s allí donde los derechos de los trabajador@s (del P.D.I.) están en juego.

Resulta sorprendente leer en el manifiesto que la asignación de tareas al profesorado o los criterios de promoción profesional no tienen nada que ver con la labor sindical, cuando se trata de dos de los (muchos) contenidos usuales de los convenios colectivos que los sindicatos negocian constantemente con las empresas. Y lo resulta aún más cuando la negativa a que los sindicatos entren en dichos temas se justifica con el débil argumento de que se trata de que se trata de asuntos "puramente académicos" (y por ello, hay que colegir, ajenos al ámbito de acción legítima del movimiento sindical). Como si calificar un asunto de académico dijera gran cosa, más allá de que con tal calificación se está reclamando el monopolio de la decisión sobre el mismo para la autoridad (académica, por supuesto: esto es nombrada dentro de las redes de poder que operan en nuestras universidades). La denuncia antisindical cobraría más cuerpo si el borrador en cuestión pretendiese -por poner ejemplos descabellados- que fuesen las organizaciones sindicales las que dictasen qué metodología debe emplearse en los laboratorios de Física o qué escuela jurídica debería ser la predominante en las explicaciones de la teoría del delito. Aquí, sí, podría decirse que se trata de asuntos puramente (no académicos, sino) científicos, que no admiten negociación o votación democrática (aunque algo cabría decir sobre cómo ciertos paradigmas científicos llegan a serlo... dejémoslo ahora, no obstante); o, en otro sentido, que se trata de cuestiones que se interpenetran con la libertad de cátedra de cada docente y de cada investigador. Sin embargo, ¿qué tiene de científico (y, por consiguiente, de "objetivo", de no susceptible de debate y de negociación) el reparto de horas de clase, la dinámica de creación de plazas para la promoción, etc.? ¿No se trata de cuestiones que afectan directamente a los derechos del P.D.I. y que, por consiguiente, merecen la intervención sindical (con cierta moderación, desde luego, para evitar excesos absurdos... pero no los hipotéticos excesos lo que el manifiesto cuestiona, sino la legitimidad en sí de la intervención sindical)?

Y resulta, en general, preocupante que alguien piense que el reforzamiento del papel de los sindicatos en la universidad es una fuente de problemas (como lo resulta, por emplear un símil creo que apropiado, escuchar a veces por ahí que la "judicialización" de la vida social es un fenómeno preocupante, cuando se trata ante todo de tener mecanismos a través de los que poder hacer valer los propios derechos). Y que, por el contrario, no tenga una sola palabra que decir acerca de los abusos (explotación sería la palabra más apropiada) que las empresas universitarias (públicas) españolas cometen todos los días contra sus docentes e investigador@s en posición más precaria. Tal vez ninguno de los firmantes del manifiesto esté entre las víctimas de tal explotación (como, por lo demás, tampoco yo lo estoy). Mas ello no debería hacernos perder la perspectiva.

4. Acabo. Y quiero hacerlo realizando una reflexión más general. Como profesor, pero también -y, tal vez, sobre todo- como ciudadano, yo también estoy preocupado, y mucho, por la calidad de nuestras universidades públicas, así como de la investigación científica. Preocupado, porque creo que, como muchas veces ha sido recordado, la calidad de la educación y de la ciencia en una determinada sociedad tiene mucho que ver con la calidad de su cultura, de su ciudadanía, de sus niveles de respeto y de tolerancia, de buen vivir y de apertura hacia lo extraño y lo plural.

Estoy preocupado, desde luego, porque veo todos los días que mi atención a esta cuestión no es compartida (al menos, no en la práctica) por políticos, por gestores universitarios y por una parte relevante del público. Todos ellos se han convencido, o han sido convencidos, de que no merece la pena el esfuerzo de ilustración, y los costes (económicos, pero también en tiempo, en trabajo intelectual, en rigor) que conlleva. Que es preferible una sociedad simplista, sumisa... vacía.

Creo, sin embargo, que tan legítima preocupación no debería hacer perder el norte a quienes vivimos dentro de la institución universitaria (disfrutando -no hay que olvidarlo- las posiciones más privilegiadas dentro de la misma). Y que, en este sentido, es un error grave convertirnos en voceros de una ideología de la "excelencia" que (al modo que el pensamiento neoliberal viene propugnando en todos los ámbitos de la vida social) conduzca a sacrificar derechos individuales en al altar de los objetivos colectivos. Unos objetivos fijados, además, por agentes que no está a nuestro alcance controlar.

Aliarnos (quienes podemos, porque ocupamos la cúpula de la institución) con los poderes sociales, en contra de los demás (aquí, del resto de l@s trabajador@s, docentes e investigador@s, precarizad@s, de nuestras universidades) es una mala estrategia: derechista, insolidaria; y, además, completamente equivocada. Por el contrario, lo que hay que hacer, si de verdad queremos excelencia (pero excelencia al servicio de la sociedad) es abrir nuestras puertas, buscar alianzas entre quienes les importa lo público, y la cultura, y la ciudadanía... y también, claro está, los derechos, de tod@s, pero especialmente de los más débiles de entre ell@s.