(Adhesiones:
La crisis económica se ha convertido en la excusa de los gobiernos estatal y autonómicos, alentados por el Banco de España, para convertir definitivamente a las Cajas de ahorros en bancos privados. La transformación de Caja Madrid en BANKIA, junto con otras seis Cajas (de Castilla León, La Rioja, Cataluña, Canarias y la Comunidad Valenciana), pondrá en manos de grandes inversores los casi 150.000 millones de euros de los ahorros de los madrileños. Las peores consecuencias de estas medidas las sufrirán las familias trabajadoras.
Estas medidas no aseguran un buen uso de nuestros ahorros. Por el contrario, al convertirse en entidades plenamente privadas y desligadas del objetivo social, susceptibles de ser vendidas al mejor postor en cualquier parte del planeta, su volatilidad se incrementa y el riesgo de que nuestros ahorros desaparezcan por una mala gestión, se multiplica. Importantes bancos han quebrado en el mundo, y muchos más lo habrían hecho si no se los hubiera sostenido con dinero público. Los gobiernos se han endeudado para salvarlos y, ahora, nos exprimen a todos a través de la deuda pública, forzando el recorte de salarios, del empleo público y de los gastos sociales. Los grandes bancos españoles han sido las entidades financieras europeas que más dinero han recibido del Banco Central Europeo (BCE). El BCE les presta el dinero a tipos en torno al 1% y, a su vez, ellos lo prestan a otro mucho más alto, por ejemplo al Gobierno español. Si no hacemos nada, también se adueñarán de las Cajas y de nuestros ahorros para utilizarlos en su beneficio.
Quién se beneficia
De la misma forma que quieren privatizar el Canal de Isabel II, y aquellos servicios públicos, como la Sanidad y la Educación, que puedan resultar rentables para las empresas privadas, las Cajas son un bocado muy apetitoso para los grandes inversores, empezando por el Banco Santander y el BBVA. Las Cajas suponen cerca del 50% del sistema financiero español. Y dieron beneficios, 3.403 millones de euros en 2010. En plena batalla entre todas las entidades financieras por obtener liquidez, la privatización de las Cajas les vendría a los bancos como anillo al dedo.
Su bancarización conllevará la destrucción de cerca de 30.000 puestos de trabajo y de uno de sus principales efectos positivos y seña de identidad, la Obra Social. Sólo en Bankia se destruirán unos 4.000 empleos, la mayoría de Caja Madrid, cuya Obra Social se verá reducida a la mitad.
No es cierto que las Cajas estén peor que los bancos. Mientras ellas están más expuestas al crédito inmobiliario, los otros tienen muchos más problemas con los créditos al consumo y a las empresas. Sin embargo, a las Cajas se les exige unos requisitos mayores, obligándolas a buscar recursos en el mercado de capitales. Para ello, se les permite emitir acciones y se abre la puerta de los consejos de administración al capital privado.
Esta operación emplea grandes cantidades de recursos públicos. Ese dinero permitiría dar los primeros pasos para su nacionalización. El Sistema Institucional de Protección (SIP), que lidera Caja Madrid, ha establecido su valor contable en 10.240 millones de euros para su futura salida a Bolsa, y ha recibido 4.465 millones de ayuda del FROB. Estas ayudas se otorgan en forma de “participaciones preferentes” que no comportan derechos políticos. Si se hubieran dado a cambio de acciones, el Estado sería propietario del 43,6% de la entidad. Sin embargo, estos recursos se están empleando para sanearlas y entregarlas, posteriormente, a manos privadas.
¿Por qué los ahorros de la sociedad deben ser gestionados por entidades privadas cuyo único objetivo es el beneficio de una minoría de multimillonarios? ¿Es que no hemos aprendido nada de la crisis? La administración de nuestros ahorros adquiere tanta importancia que debería ser considerado un servicio público, a salvo de los especuladores. Por eso necesitamos una banca pública, y el primer paso para crearla es la conversión de las Cajas en entidades públicas.
Nuestras reivindicaciones
- Derogación de todas las medidas legislativas que abren la puerta a la conversión de las Cajas en bancos privados. Hay que promover todas las medidas jurídicas posibles para frenar su aplicación.
- Realización de auditorías por los organismos públicos competentes, de todas las entidades financieras que nos permita saber cuál es su situación real. Sus resultados se expondría públicamente y de forma comprensible para toda la población. Queremos conocer qué se ha hecho con las decenas de miles de millones de euros que han ganado los años pasados, exigiendo responsabilidades a sus gestores y a los encargados de su supervisión. Cese inmediato de todos aquéllos responsables que hayan contravenido la finalidad social de las Cajas, sus estatutos o que han promovido prácticas lesivas para dichas entidades.
. Conversión de las Cajas en entidades públicas mediante su nacionalización. El dinero público que se ha empleado en su apoyo no debe retirarse en el plazo de cinco años, como está previsto, sino convertirse en participaciones públicas en el capital social de la Cajas, y que se tomen las medidas necesarias para nacionalizar el resto. En la Comunidad de Madrid exigimos la nacionalización de Caja Madrid-Bankia, y promoveremos que, en todas las comunidades autónomas con entidades implicadas en la formación de Bankia, se desarrolle esta misma iniciativa.
- Creación de un Sistema Público de Cajas de Ahorro, en sustitución de la CECA, mediante la mutualización de las diferentes Cajas, conservando la autonomía en la gestión y la operativa de las mismas, manteniendo cada una de ellas su vinculación con la actividad económica de su territorio, evitando duplicidades y solapamientos, y con una coordinación estatal fundada en el principio de la solidaridad. Instamos a los partidos de la izquierda a presentar las propuestas legislativas necesarias.
- Fin de los sueldos millonarios de los altos directivos, estableciéndose un régimen salarial equivalente al que tienen los trabajadores de las administraciones públicas. Basta de “milloneuristas”. Revisión de los privilegios corporativos y establecimiento de condiciones dignas para todos los trabajadores de las Cajas, sus fundaciones y su Obra social, eliminando cualquier discriminación, suprimiendo la precariedad laboral y estableciendo un sistema de contratación por oposición, que sea transparente y objetivo.
- Revisión de la actuación en los consejos de administración de empresas participadas por las Cajas, para asegurar que la actuación es correcta financiera y socialmente, sin tratos de privilegio ni respaldo a políticas regresivas en el terreno social, laboral o ecológico.
- Garantías de un mejor trato a los impositores favoreciendo financieramente las cuentas nómina, que afectan a trabajadores y pensionistas, garantizando que sean ellos los beneficiados y no las empresas. Además, hay que asegurar una información transparente y comprensible para todos los clientes sobre la situación de sus entidades. Fin a la política de deshaucios de las familias que acrediten la imposibilidad de pagar su primera vivienda, y puesta a disposición de las administraciones públicas del stock de casas de las Cajas para contribuir a crear un parque público de vivienda en régimen de alquiler, a precios asequibles, a fin de que se cumpla el derecho constitucional a una vivienda. Las administraciones públicas utilizarán para todas sus actividades financieras a las Cajas públicas.
- La gestión de las Cajas será democrática, pública y conocida por toda la sociedad, rindiendo cuentas de la misma periódicamente en los respectivos parlamentos autónomos.
- Ninguna destrucción de puestos de trabajo en las Cajas, las fundaciones y la Obra Social. Ésta última será revisada en su totalidad, para garantizar que los recursos de las Cajas se empleen de la manera más útil socialmente.
- La actuación de las Cajas formará parte integral de la política económica y social de las administraciones públicas, en particular de las comunidades autónomas, cuya prioridad será la consecución del pleno empleo y el desarrollo de unos servicios públicos acordes con las necesidades reales. Se prohibirá específicamente la actividad especulativa o la apertura de cuentas y delegaciones en paraísos fiscales, de forma directa o a través de su participación en otras empresas.
Estas medidas no aseguran un buen uso de nuestros ahorros. Por el contrario, al convertirse en entidades plenamente privadas y desligadas del objetivo social, susceptibles de ser vendidas al mejor postor en cualquier parte del planeta, su volatilidad se incrementa y el riesgo de que nuestros ahorros desaparezcan por una mala gestión, se multiplica. Importantes bancos han quebrado en el mundo, y muchos más lo habrían hecho si no se los hubiera sostenido con dinero público. Los gobiernos se han endeudado para salvarlos y, ahora, nos exprimen a todos a través de la deuda pública, forzando el recorte de salarios, del empleo público y de los gastos sociales. Los grandes bancos españoles han sido las entidades financieras europeas que más dinero han recibido del Banco Central Europeo (BCE). El BCE les presta el dinero a tipos en torno al 1% y, a su vez, ellos lo prestan a otro mucho más alto, por ejemplo al Gobierno español. Si no hacemos nada, también se adueñarán de las Cajas y de nuestros ahorros para utilizarlos en su beneficio.
Quién se beneficia
De la misma forma que quieren privatizar el Canal de Isabel II, y aquellos servicios públicos, como la Sanidad y la Educación, que puedan resultar rentables para las empresas privadas, las Cajas son un bocado muy apetitoso para los grandes inversores, empezando por el Banco Santander y el BBVA. Las Cajas suponen cerca del 50% del sistema financiero español. Y dieron beneficios, 3.403 millones de euros en 2010. En plena batalla entre todas las entidades financieras por obtener liquidez, la privatización de las Cajas les vendría a los bancos como anillo al dedo.
Su bancarización conllevará la destrucción de cerca de 30.000 puestos de trabajo y de uno de sus principales efectos positivos y seña de identidad, la Obra Social. Sólo en Bankia se destruirán unos 4.000 empleos, la mayoría de Caja Madrid, cuya Obra Social se verá reducida a la mitad.
No es cierto que las Cajas estén peor que los bancos. Mientras ellas están más expuestas al crédito inmobiliario, los otros tienen muchos más problemas con los créditos al consumo y a las empresas. Sin embargo, a las Cajas se les exige unos requisitos mayores, obligándolas a buscar recursos en el mercado de capitales. Para ello, se les permite emitir acciones y se abre la puerta de los consejos de administración al capital privado.
Esta operación emplea grandes cantidades de recursos públicos. Ese dinero permitiría dar los primeros pasos para su nacionalización. El Sistema Institucional de Protección (SIP), que lidera Caja Madrid, ha establecido su valor contable en 10.240 millones de euros para su futura salida a Bolsa, y ha recibido 4.465 millones de ayuda del FROB. Estas ayudas se otorgan en forma de “participaciones preferentes” que no comportan derechos políticos. Si se hubieran dado a cambio de acciones, el Estado sería propietario del 43,6% de la entidad. Sin embargo, estos recursos se están empleando para sanearlas y entregarlas, posteriormente, a manos privadas.
¿Por qué los ahorros de la sociedad deben ser gestionados por entidades privadas cuyo único objetivo es el beneficio de una minoría de multimillonarios? ¿Es que no hemos aprendido nada de la crisis? La administración de nuestros ahorros adquiere tanta importancia que debería ser considerado un servicio público, a salvo de los especuladores. Por eso necesitamos una banca pública, y el primer paso para crearla es la conversión de las Cajas en entidades públicas.
Nuestras reivindicaciones
- Derogación de todas las medidas legislativas que abren la puerta a la conversión de las Cajas en bancos privados. Hay que promover todas las medidas jurídicas posibles para frenar su aplicación.
- Realización de auditorías por los organismos públicos competentes, de todas las entidades financieras que nos permita saber cuál es su situación real. Sus resultados se expondría públicamente y de forma comprensible para toda la población. Queremos conocer qué se ha hecho con las decenas de miles de millones de euros que han ganado los años pasados, exigiendo responsabilidades a sus gestores y a los encargados de su supervisión. Cese inmediato de todos aquéllos responsables que hayan contravenido la finalidad social de las Cajas, sus estatutos o que han promovido prácticas lesivas para dichas entidades.
. Conversión de las Cajas en entidades públicas mediante su nacionalización. El dinero público que se ha empleado en su apoyo no debe retirarse en el plazo de cinco años, como está previsto, sino convertirse en participaciones públicas en el capital social de la Cajas, y que se tomen las medidas necesarias para nacionalizar el resto. En la Comunidad de Madrid exigimos la nacionalización de Caja Madrid-Bankia, y promoveremos que, en todas las comunidades autónomas con entidades implicadas en la formación de Bankia, se desarrolle esta misma iniciativa.
- Creación de un Sistema Público de Cajas de Ahorro, en sustitución de la CECA, mediante la mutualización de las diferentes Cajas, conservando la autonomía en la gestión y la operativa de las mismas, manteniendo cada una de ellas su vinculación con la actividad económica de su territorio, evitando duplicidades y solapamientos, y con una coordinación estatal fundada en el principio de la solidaridad. Instamos a los partidos de la izquierda a presentar las propuestas legislativas necesarias.
- Fin de los sueldos millonarios de los altos directivos, estableciéndose un régimen salarial equivalente al que tienen los trabajadores de las administraciones públicas. Basta de “milloneuristas”. Revisión de los privilegios corporativos y establecimiento de condiciones dignas para todos los trabajadores de las Cajas, sus fundaciones y su Obra social, eliminando cualquier discriminación, suprimiendo la precariedad laboral y estableciendo un sistema de contratación por oposición, que sea transparente y objetivo.
- Revisión de la actuación en los consejos de administración de empresas participadas por las Cajas, para asegurar que la actuación es correcta financiera y socialmente, sin tratos de privilegio ni respaldo a políticas regresivas en el terreno social, laboral o ecológico.
- Garantías de un mejor trato a los impositores favoreciendo financieramente las cuentas nómina, que afectan a trabajadores y pensionistas, garantizando que sean ellos los beneficiados y no las empresas. Además, hay que asegurar una información transparente y comprensible para todos los clientes sobre la situación de sus entidades. Fin a la política de deshaucios de las familias que acrediten la imposibilidad de pagar su primera vivienda, y puesta a disposición de las administraciones públicas del stock de casas de las Cajas para contribuir a crear un parque público de vivienda en régimen de alquiler, a precios asequibles, a fin de que se cumpla el derecho constitucional a una vivienda. Las administraciones públicas utilizarán para todas sus actividades financieras a las Cajas públicas.
- La gestión de las Cajas será democrática, pública y conocida por toda la sociedad, rindiendo cuentas de la misma periódicamente en los respectivos parlamentos autónomos.
- Ninguna destrucción de puestos de trabajo en las Cajas, las fundaciones y la Obra Social. Ésta última será revisada en su totalidad, para garantizar que los recursos de las Cajas se empleen de la manera más útil socialmente.
- La actuación de las Cajas formará parte integral de la política económica y social de las administraciones públicas, en particular de las comunidades autónomas, cuya prioridad será la consecución del pleno empleo y el desarrollo de unos servicios públicos acordes con las necesidades reales. Se prohibirá específicamente la actividad especulativa o la apertura de cuentas y delegaciones en paraísos fiscales, de forma directa o a través de su participación en otras empresas.
