La revista El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho acaba de publicar su último número (nº 86-87), en el que incluye un dossier monográfico sobre los problemas jurídicos que suscita la reacción del Estado español y de sus diversas administraciones frente a la pandemia. Puede consultarse aquí:
Todo el dossier es interesante, pero llamo la atención particularmente (por las implicaciones que el asunto en él tratado posee desde el punto de vista político y de la protección de los derechos humanos) sobre el artículo de Alba Nogueira López (pp. 22-31), donde se ponen de manifiesto las enormes dudas -por decir lo menos- que muchos juristas tenemos acerca de la constitucionalidad de varias de las medidas restrictivas de derechos fundamentales que se han adoptado (y sobre cuya base, por cierto, se están imponiendo miles de sanciones, administrativas y penales, así como centenares de detenciones). (De la problemática constitucionalidad de las disposiciones del Derecho sanitario español en este aspecto me ocupé ya aquí.)
Porque un principio central del Estado de Derecho es que las situaciones de excepción también han de estar normadas, con el fin de eliminar el riesgo de arbitrariedad y de abuso de poder, sería muy sano, desde un punto de vista nomofiláctico, que alguien se atreviese a plantear la cuestión de la constitucionalidad (al hilo, por ejemplo de la impugnación de alguna de las sanciones impuestas), con el fin de aclarar estas dudas...
(Para añadir leña al fuego -preocupación sobre preocupación, por la vigencia de los derechos fundamentales: léase, en la misma revista, el artículo de Carlos-Alberto Amoedo Souto -pp. 54-65- sobre la absoluta inseguridad jurídica del régimen sancionador de las infracciones de aquellas disposiciones tan dudosamente constitucionales.)
(Para añadir leña al fuego -preocupación sobre preocupación, por la vigencia de los derechos fundamentales: léase, en la misma revista, el artículo de Carlos-Alberto Amoedo Souto -pp. 54-65- sobre la absoluta inseguridad jurídica del régimen sancionador de las infracciones de aquellas disposiciones tan dudosamente constitucionales.)
