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sábado, 9 de septiembre de 2017

Cuando los elefantes luchan: independentismo catalán y Derecho Penal


"Cuando los elefantes luchan, la hierba es la que sufre."
(Proverbio africano)

Observada con ojos de penalista (como individuo que piensa, y como ciudadano del Estado español, habría, claro está, mucho más que decir), lo más lamentable de la actual “crisis catalana” resulta ser el modo artero con el que el Gobierno español y la Fiscalía están manipulando el Derecho Penal con fines políticos: redefiniendo lo que es una prevaricación, una malversación o una desobediencia, para subsumir en dichos tipos penales conductas políticamente discutibles, y aun nulas o anulables, pero no delictivas, por no encajar en las correspondientes descripciones típicas (o por quedar amparadas por la inviolabilidad parlamentaria). Y, al parecer (lo iremos viendo), con el beneplácito de jueces y tribunales. Tristísimo ejemplo de predominio de la raison d’État sobre el respeto al principio de legalidad penal (entre otros).

Lo hemos visto ya, desde hace décadas, en materia de terrorismo: se empieza "flexibilizando" las garantías propias del Derecho Penal de un Estado de Derecho en relación con quienes son definidos como los enemigos por antonomasia en un determinado momento (E.T.A., yihadismo), pero luego dicha "flexibilidad" (excepcionalidad) acaba por extenderse a otros muchos enemigos, mayores o menores, que se van creando (titiriteros, "comando Dixan", twiteros,...). Apliquémonos entonces, ahora, la moraleja de la historia: ¿qué va a ocurrir, a partir de ahora, con la disidencia política pacífica? ¿Se la intentará perseguir también a través de los medios del Derecho Penal "común" (es decir, no del Derecho Penal político)? Recuérdese que tal técnica se ha intentado utilizar ya recientemente -aunque entonces fracasara el intento- con PODEMOS (la supuesta financiación ilegal que habría recibido de gobiernos extranjeros y enemigos), y ahora se vuelve a aplicar a los enemigos de turno, los "separatistas" catalanes...

Bajo, muy bajo, parece el nivel de tolerancia (y de calidad) de un régimen político que se dice democrático y que, sin embargo, no es capaz de resolver en su seno un conflicto político pacífico sin recurrir a la represión. Y, encima, a una represión vergonzante y tramposa.


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