En las próximas semanas, y a pesar de la recomendación de la Comisión Europea de que los recortes para controlar el déficit público no afecten la inversión en I+D+i, el Gobierno y las Cortes Generales de España podrían aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que dañarían a corto y largo plazo al ya muy debilitado sistema de investigación español y contribuirían a su colapso. Esto implicaría el mantenimiento de un modelo económico obsoleto que ya no es competitivo y que es especialmente vulnerable a todo tipo de contingencias económicas y políticas. Ante esta situación, solicitamos a los responsables políticos:
- Evitar que se lleve a cabo una nueva reducción de la inversión en I+D+i. En los últimos años, la financiación en I+D+i (capítulo 46 de los Presupuestos Generales del Estado) se ha visto recortada en un 4,2% en el 2010, un 7,38% en el 2011 y se baraja una reducción de un 8,65% en el 2012 (donde los porcentajes se refieren al recorte con respecto al año anterior). De ratificarse el recorte barajado para el 2012, en los últimos años los Organismos Públicos de Investigación habrán sufrido una reducción acumulada del 30% de la dotación procedente de estos presupuestos. La financiación en I+D+i en el 2010 fue un 1,39% del PIB, sin embargo se estima que para el 2011 será de menos del un 1,35%. A medio plazo es crítico alcanzar la media de la UE-27 del 2,3% y converger hacia el objetivo del 3% del Consejo Europeo.
- Que se incluya la I+D entre los “sectores prioritarios” permitiendo una Oferta de Empleo Público y posibilidades de contratación en organismos públicos de investigación, universidades y centros tecnológicos. Esto evitaría una fuga de científicos y personal investigador de la que el país tardaría décadas en recuperarse.
“El modelo productivo español (…) se ha agotado, con lo que es necesario impulsar un cambio a través de la apuesta por la investigación y la innovación como medios para conseguir una economía basada en el conocimiento que permita garantizar un crecimiento más equilibrado, diversificado y sostenible.” Estas palabras, extraídas del Preámbulo de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, fueron aprobadas en Mayo del 2011 por el 99% de los miembros del Congreso y Senado español, constituyendo un Pacto de Estado tácito sobre la necesidad de priorizar la I+D. El diagnóstico es inequívoco y la solución ha sido identificada. Ahora sólo falta que los líderes políticos estén a la altura de sus responsabilidades y cumplan con su palabra. La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado por las Cortes Generales y el Gobierno español en las próximas semanas es el momento de demostrar ese compromiso.
Unos presupuestos con recortes en I+D+i, como los que se están barajando actualmente, dañarían gravemente y a largo plazo al ya muy debilitado sistema de investigación en España, tanto su infraestructura como especialmente su capital humano. Esto supondría una pérdida de competitividad y así ha sido reconocido por el Consejo Europeo. En el memorandum del 2 de Marzo 2012, “El Consejo Europeo confirma la investigación y la innovación como motores del crecimiento y el empleo (…). Los Jefes de Estado y de Gobierno de la EU han enfatizado hoy (…) que la estrategia europea de crecimiento y su respuesta integral al reto actual (…) requiere un impulso de la innovación, la investigación y el desarrollo, (….) componentes vitales de la futura competitividad y desarrollo de Europa” (MEMO/12/153). Por ello que urgimos a los responsables políticos españoles a que tengan en cuenta las siguientes consideraciones.
RECURSOS HUMANOS EN I+D
El Real Decreto-ley 20/2011 de Medidas urgentes para la corrección del Déficit Público (BOE-A-2011-20638, 31 de diciembre del 2011, Art. 3) establece que “la contratación de personal (…) se restringirán a los sectores (…) que se consideren prioritarios”. “Durante el año 2012 serán objeto de amortización (…), un número equivalente de plazas al de las jubilaciones que se produzcan, (…) salvo en los sectores (…) que se consideren prioritarios.”
El preámbulo citado de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación establece el carácter prioritario de la I+D+i. Por tanto, el Real Decreto-ley 20/2011 permite reactivar el empleo público en I+D, indispensable para fortalecer las instituciones de investigación.Durante los últimos tres años, la Oferta de Empleo Público ha castigado muy duramente a estas instituciones, que han sufrido una drástica reducción en el número de nuevas plazas. Para conjunto de todos los Organismos Públicos de Investigación y CSIC, e incluyendo todos los niveles investigadores (desde personal de laboratorio hasta profesores de investigación), el número total de nuevas plazas ha sido de 681, 589, 106, 50 y 55, para los años 2007, 2008, 2009, 2010 and 2011, respectivamente. La intención del Gobierno es ofrecer cero plazas en el 2012. La situación es insostenible: el conjunto de todos los organismos públicos de investigación (OPIs) agrupa a unos 140 centros con una edad media de 50-55 años, llegando hasta los 58 años en el CSIC. La plantilla fija de los centros de investigación se está reduciendo aceleradamente porque durante los últimos años las plazas que quedan libres por jubilaciones no se reponen. Mientras, el resto de la plantilla queda relegada, en el mejor de los casos, a una concatenación de contratos de corta duración. El resultado es una importante pérdida de competitividad porque formar equipos y captar financiación requiere un grado de estabilidad que un gran número de investigadores en su pico de productividad aun no poseen, ya sea dentro del modelo funcionarial actual o de contratación laboral. De hecho, es urgente flexibilizar la contratación en investigación para permitir una planificación de recursos humanos que haga viable los planes estratégicos. De lo contrario, nunca se alcanzarán los objetivos marcados y el abandono de líneas de investigación supondrá una importante pérdida de inversión. Por ejemplo, CSIC, el mayor OPI con 133 centros, ha recibido durante los años 2010 y 2011 menos de un 20% de las necesidades mínimas de personal investigador establecidas en su plan estratégico (Plan de Actuación 2010-2014). El resto de los OPIs están en una situación similar o incluso peor.
La falta de estabilidad en la política de recursos humanos del sistema nacional de I+D daña su credibilidad y mina la competitividad. El Programa Ramón y Cajal es un buen ejemplo de ello (pero no es el único). A nivel nacional, este programa es el buque insignia del sistema de investigación en España en términos de recursos humanos. Vio la luz en el 2001 con una visión de futuro cuyo compromiso es, y siempre ha sido, ofrecer la posibilidad de estabilización de los investigadores que hayan superado las dos evaluaciones establecidas durante un “periodo de prueba” de 5 años (en el segundo y en el cuarto año): es el “tenure-track” español. Sin embargo, solo un 37% de los investigadores de la convocatoria del 2006 que han superado las evaluaciones establecidas en el programa ha logrado estabilizarse, siendo este porcentaje significativamente más reducido para los investigadores de la convocatoria del 2007 cuyos contratos empiezan a finalizar en los próximos meses. De media, los investigadores que han acabado o están a punto de acabar sus contratos y han superado satisfactoriamente las evaluaciones, tienen 42 años de edad, 17 de los cuales han sido dedicados a la investigación, lideran sus grupos de trabajo, tienen una extensa experiencia en el extranjero y participan en una amplia red de colaboradores internacionales. Existen otros muchos investigadores de perfil similar que se encuentran en la misma situación. Es urgente que el sistema de investigación español cumpla los compromisos de su tenure-track actual y se modifique para permitir una planificación de recursos humanos que haga viable esta figura (el nuevo contrato de acceso en la Ley de la Ciencia dista mucho de ser un tenure-track).
Las características de la labor de investigación exigen décadas para la formación de un capital humano de calidad. España no alberga un sector privado en I+D+i que pueda absorber y aprovechar a investigadores altamente cualificados. Este capital humano, que tanto ha costado formar y que mejor preparado está para contribuir a un modelo productivo basado en el conocimiento, no va a tener otro remedio que emigrar o dejar la investigación. El país se enfrenta a una “fuga de cerebros” multi-generacional (desde los investigadores que empiezan ahora sus tesis doctorales hasta los de 40-45 años). España también se arriesga a cauterizar la vocación por la Ciencia de las generaciones más jóvenes (ahora niños y adolescentes). Dentro de unos años, España no tendrá más remedio que importar científicos. Sólo podrá hacerlo atrayéndolos con costosas ofertas que puedan competir con las de países punteros en ciencia, cuyas políticas de recursos humanos tendrán mucha mayor credibilidad. Si España no toma medidas urgentes para conservar el capital humano de mayor excelencia científica, el sistema de investigación tardará décadas en recuperarse, lastrando el ansiado cambio en el modelo económico.
INVERSION EN I+D
La inversión en I+D ha de converger con la media de la UE-27 y aproximarse al objetivo del 3% del PIB establecido por el Consejo Europeo en su Estrategia de Lisboa. La financiación en I+D+i en el 2010 fue un 1,39% del PIB y se estima que esta cifra será de menos de un 1,35% durante el 2011. Mientras que los países motores económicos de la UE están cercanos o por encima del 2,5% (con tres países por encima del 3%), los países rescatados o intervenidos se encuentran muy por debajo del 2,3% (la media de inversión en la Europa de los 27). ¿Casualidad? Evidentemente no: ninguno de los países económicamente sanos en el grupo de cabeza de Europa se ha permitido mantenerse relegado a los vagones de cola en I+D.
La inversión en I+D ha de ser estable e independiente de ciclos políticos y económicos. La ausencia de estabilidad, un mal endémico del sistema de investigación español, hace que pierda efectividad y credibilidad. En los últimos años, la financiación en I+D+i (capítulo 46 de los Presupuestos Generales del Estado) se ha visto recortada en un 4,2% en el 2010, un 7,38% en el 2011 y se baraja una reducción de un 8,65% en el 2012 (donde los porcentajes se refieren al recorte con respecto al año anterior). España sigue en I+D una política cíclica, que hace aún más vulnerable al país cuando peor está su economía, cortando posibles vías de recuperación. Por el contrario, muchos países punteros en investigación adoptan en I+D una política anti-cíclica, de mayor inversión cuanto menos crece la economía. En el 2012, Francia ha anunciado un paquete de estímulo de € 35.000 M para investigación, mientras que Alemania, abanderada de la austeridad, incrementará hasta el 2015 en un 5% el presupuesto de sus principales organismos de investigación (incluyendo al Instituto Max Planck y la Deutsche Forschungsgemeinschaft (Fundación Alemana para la Investigación). Así mismo, el 2 de Marzo del 2012, la Comisión Europea, contando con el apoyo del Gobierno español, propuso aumentar muy significativamente la inversión en investigación y desarrollo, pasando de € 55.000 M en el 2007-2013 a € 80.000 M en el 2014-2020 (MEMO/12/153).
Un modelo económico basado en la generación de conocimiento sólo tendrá éxito si se garantiza la estabilidad del sistema de investigación en términos de recursos económicos y humanos y si hay un sector privado que apueste por la investigación y la innovación. Para potenciar este último, el Banco de Inversión Europeo y la Comisión Europea crearon en el año 2007 el Instrumento de Financiación de Riesgo Compartido (RSFF). Sin embargo, si España no evita la fuga de investigadores, el sistema de investigación español tardará décadas en recuperarse debido a un doble factor: ni las empresas españolas encontrarán personal investigador cualificado para hacer uso de estos recursos financieros europeos, ni las instituciones públicas de investigación tendrán capital humano para beneficiarse de los recursos económicos de la Comisión Europea (€ 80.000 M en el 2014-2020).
El cambio a una economía basada en el conocimiento, que puede llevar décadas en conseguirse, no debe medirse en legislaturas y requiere un acuerdo de Estado que lo blinde de ciclos económicos y políticos. Es una cuestión de Estado y debería considerarse una prioridad. En palabras del Ministro de Economía y Competitividad, Luís de Guindos “vamos a hacer de la I+D+i la base del futuro desarrollo de la economía española (…) y aprovechar el capital humano que tenemos y desarrollar la carrera investigadora” (Sesión Plenaria del Congreso de los Diputados, 21-02-2012).
Los líderes políticos deberían ser coherentes con el mensaje que están enviando a la sociedad española y a otros países e inversores: no pueden mantener la retórica del cambio a un modelo productivo basado en el conocimiento, mientras que todos los pasos que dan van en la dirección opuesta, produciendo irremediablemente un grave daño a corto y largo plazo a la infraestructura científica y su capital humano que sólo puede resultar en una economía de conocimiento “prestado” que alberga pocos expertos locales. “Si el conocimiento te parece caro, prueba con la ignorancia” (Derek Bok).
