En este libro (3ª ed., Oxford University Press, 2000) se analiza el contexto político en el que se ha diseñado y desarrollado la institución policial moderna, tal y como hoy la conocemos.
Desde mi punto de vista (que no es, desde luego, el de un historiador), los aspectos más interesantes de la investigación son:
- Por una parte, la distinción conceptual -pero fundamental- entre función policial e institución policial.
- En segundo lugar, la idea de que tanto en la puesta en práctica de la función como en el diseño de la institución existen componentes políticos ineludibles: toma de partido en favor de ciertos intereses, favorecimiento de poderes, cuestiones de justicia.
- En tercer lugar, la diferenciación entre los discursos políticos y mediáticos acerca de la policía y de sus funciones y la realidad que los estudios criminológicos ponen de manifiesto.
- En cuarto lugar, la sugerencia de que, de hecho, la función policial no tiene (contra lo que las teorías legalistas de la función policial sostienen -sea como hecho o como desideratum) como objetivo principal la investigación de delitos, sino el mantenimiento del orden y de la seguridad. Y que ello puede coincidir con la prevención de delitos. Pero no necesariamente: ello dependerá -añado yo- de si el orden y la seguridad son definidos de un determinado modo, extremadamente restrictivo; y de si, consiguientemente, se asumen, como aceptables, tanto un elevado nivel de sentimiento de inseguridad como un gran número de problemas de coordinación social.
- Por fin, se señala la dificultad para lidiar coherentemente con los componentes políticos (politics) de las estrategias (policy) y prácticas policiales. Y ello, por cuanto que tanto unas como otras funden en un todo indisoluble dos funciones completamente distintas (que, tanto desde el punto de vista conceptual como desde el valorativo, deben ser distinguidas... pero que, en términos políticos, van juntas en la institución policial): la resolución de problemas de coordinación social (la preservación del orden y de la seguridad); pero su preservación en beneficio de ciertos grupos sociales y en perjuicio de otros. Esto es, una preservación del orden y de la seguridad que es injusta (a veces, también en sus medios, pero, en todo caso, siempre) en el reparto de costes y de beneficios que la actuación estatal (policial) conlleva.
