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jueves, 22 de mayo de 2014

Más sobre la incriminación del discurso público del odio: ¿viola el principio de responsabilidad por el hecho?


Mi querido amigo y compañero Juan Antonio García Amado publicó ayer en su blog una entrada sobre el mismo tema del que yo también me he ocupado hoy, acerca de las propuestas de prohibir y de sancionar proferencias en público de enunciados que son considerados "inmorales", "indecentes", "incorrectos", etc.: se titula Técnicas para bloquear la autonomía moral de los ciudadanos, y versa esencialmente sobre las razones morales por las que resulta inconveniente que el Estado se entrometa en los actos comunicativos de l@s ciudadan@s.

Yo, que por supuesto comparto tanto su punto de partida como sus conclusiones, he creído hallar, sin embargo, algunas carencias en su argumentación. Por lo que le he dejado el comentario que reproduzco a continuación:

Paremos las negociaciones del Tratado de Comercio e Inversiones entre la UE y EE UU, y entre la UE y Canadá (TTIP y CETA)

Puedes firmar este llamamiento a l@s candidat@s al Parlamento Europeo aquí:



"Limpiar la red": ordenando el debate, y tres recomendaciones de lectura



Supongamos, por un solo momento, que debiéramos tomarnos en serio las declaraciones que estos días hacen representantes del Gobierno y del Partido Popular acerca de la necesidad de limitar cierto tipo de declaraciones públicas a través de la redes sociales, a través de la intervención del Derecho, y del Derecho Penal. (Supongamos, pues, por un solo momento, que no se tratase tan sólo de intentar lanzar una cortina de humo sobre las corruptelas y el caciquismo de Isabel Carrasco Lorenzo y de su partido en León, que han vuelto a ponerse de manifiesto -a decirse en voz alta- con motivo de su muerte. Buscando de paso movilizar a l@s votantes más conservadores, mediante el fácil recurso al victimismo, a la demonización y a la demagogia del tough-on-crime.)