Como es sabido, las normas jurídicas prescriptivas pretenden cumplir generalmente dos clases de funciones (mediante prescripciones contenidas a veces en normas diferentes, otras veces dentro de una misma norma): de una parte, motivar al individuo a comportarse de un cierto modo; y, de otra, regular el conflicto que surge cuando la prescripción que pretendía motivar fracasa y el individuo no la cumple.
El artículo que enlazo y recomiendo expone sintéticamente los desafíos que la primera de las funciones, la motivadora, suscita. Que, en resumidas cuentas, consiste en que, para tener éxito en motivar a los individuos a comportarse de un cierto modo, es preciso que el mensaje normativo influya causalmente sobre la mente del destinatario de un cierto modo. Lo cual, claro está, exige que el mensaje esté configurado de manera adecuada y que la recepción del mismo tenga lugar en condiciones idóneas.
Esto, en otras palabras, implica configurar las prescripciones con finalidad motivadora de manera óptima, conforme a las indicaciones que las ciencias sociales proporcionan acerca de cómo se produce dicho proceso de comunicación social y de motivación (grupal e individual). Desafío que, como regla general, ha sido hasta ahora tenido en consideración escasamente por parte de l@s legislador@s y de l@s expertos, pese a que parece imprescindible tomárselo en serio, si es que la cuestión de la eficacia y eficiencia del Derecho verdaderamente nos importa (y debería).
