En este artículo (aparecido en el nº 94 -marzo 2019- de Jueces para la Democracia. Información y Debate) se examina, de modo muy convincente, la evolución histórica del sistema penitenciario español desde 1979 (fecha de aprobación de la Ley Orgánica General Penitenciaria) hasta nuestros días. Se examina, de una parte, el modo en el que el marco normativo formal ha permanecido casi sin modificaciones durante estos cuarenta años, gracias a un agudo proceso de deslegalización, en el que buena parte de las normas verdaderamente relevantes para la regulación del sistema penitenciario vienen teniendo rango formalmente infranormativo (circulares, instrucciones, etc.), completamente en manos de la Administración penitenciaria.
De otra parte, se analiza cómo el modelo de ejecución penitenciaria previsto en la Ley de 1979 ha quedado completamente desubicado, a causa de la transformación producida tanto en la realidad criminológica propia de la sociedad española durante estas décadas (desaparición del delincuente-modelo heroinómano, generalización del encarcelamiento de personas migrantes, etc.) como en las políticas criminales (que han ido otorgando peso en el ingreso en prisión también a otras formas de delincuencia: violencia contra las mujeres, etc.).
Con todo ello, se ponen de manifiesto dos características fundamentales del sistema penitenciario español en la actualidad particularmente problemáticas: 1º) la carencia de un sistema de garantías formales adecuadas para las personas encarceladas, por falta de regulaciones detalladas, de un rango suficiente y con un control judicia adecuado; y 2º) el abandono efectivo (con algunas honrosas excepciones) de cualquier estrategia creíble para proporcionar tratamiento resocializador a la gran mayoría de esas personas. Todo lo cual debería conducir a una transformación del sistema, para atender ambos desafíos, especialmente ahora que la presión de la masificación carcelaria parece estar disminuyendo.
