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martes, 8 de noviembre de 2016

Joan J. Queralt: ¿Descolgar las esteladas? El caso de Berga (Y un comentario mío sobre la politización judicial)



Comparto este artículo no tanto por el interés especial del caso concreto, sino porque viene a poner de manifiesto algo harto preocupante (para la calidad de nuestro sistema político -sedicentemente democrático y pluralista) y que, sin embargo, rara vez se hace notar: que con creciente asiduidad (hoy ya no hace falta siquiera la excusa del "terrorismo" para que ello suceda) se está empleando el Derecho Penal como herramienta de "cruzadas" políticas: como instrumento de propaganda, pero también como herramienta para cambiar políticas y relaciones de poder. Y lo que es más grave: que juez@s y fiscal@s, con entusiasmo digno de mejor causa, se prestan de manera muy mayoritaria (aunque, desde luego, siempre con las honrosas excepciones de rigor) a participar en dichas cruzadas: a pasar de ser administradores de justicia a secuaces de alguna bandería política.

En efecto, como el análisis de Joan J. Queralt pone perfectamente de manifiesto, todo el movimiento (impulsado, con franca imprudencia y evidente oportunismo, desde el Gobierno estatal y aplaudido por la mayoría de los partidos políticos de ámbito estatal, desde el PSOE hasta la extrema derecha) de emplear el Derecho Penal para socavar el movimiento independentista catalán es, desde el punto de vista jurídico (esto es, si se respetan los principios básicos que deberían guiar y limitar el ejercicio de la potestad punitiva, así como los criterios asentados de interpretación de las normas jurídicas) un completo dislate: ni hay delito ni, mientras las cosas sigan como hasta ahora, puede haberlo. Por lo que tampoco debería haber medidas cautelares, ni admisión de querellas, ni investigaciones, ni...

La cuestión, por supuesto, es que juez@s, tribunales y fiscalía se presten a participar en el carnaval (de la ilegalidad, promovida desde el Estado), presuntamente para evitar otra ilegalidad. (¿Otra ilegalidad aún más grave? Cabe dudarlo, a no ser que aceptemos la dudosa tesis -de corte fascistoide- de que la "unidad de España" tiene preferencia sobre el respeto a los valores y garantías del Estado de Derecho.) Y que prácticamente nadie lo denuncie.

Es lo que ocurre con las cruzadas: que es fácil que, henchidos de santo entusiasmo, los adalides de la causa se olviden de "nimiedades" como las libertades y el respeto al Derecho. Que es la razón por la que habría que reclamar al Poder Judicial algo menos de entusiasmo patriótico y algo más de sentido común democrático y de conciencia de cuál es su auténtico deber: un deber que poco tiene que ver con proteger a España (¡otra vez la raison d'État!), sino con proteger los derechos de l@s español@s ... catalan@s -y también catalan@s independentistas- incluid@s.


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