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sábado, 29 de octubre de 2016

"Payasos diabólicos", uso del espacio público y Estado policial


Hoy me desayuno con esta noticia:

"Detenidos dos 'payasos diabólicos' con armas simuladas que corrían por Almería
(...)
(...) ambos fueron interceptados, desarmados e identificados por los funcionarios policiales, quienes tras efectuar las comprobaciones oportunas determinaron que las armas eran simuladas.
Interrogados por los agentes, ambos jóvenes declararon que se encontraban participando junto a 60 personas más en un juego de supervivencia zombie "tan de moda últimamente", según añaden desde la Jefatura.
Antes tales hechos, los agentes les advirtieron del peligro y alarma social que puedan conllevar estas prácticas y levantaron las correspondientes actas de denuncia por infracción a la Ley Orgánica 04/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana y de incautación de armas prohibidas."

Sorprendido, acudo a la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, y repaso el catálogo de infracciones. La única que podría tener algo que ver con la conducta descrita es la contemplada en el art. 36.10 de la Ley: "Portar, exhibir o usar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso, aún cuando en este último caso se tuviera licencia, siempre que dichas conductas no constituyan infracción penal".

Difícilmente, sin embargo, podría considerarse que la conducta reportada resulta subsumible en este tipo sancionador, a la vista de que no se trataba de armas, sino de meras imitaciones. Y no de "armas simuladas", como dice, equivocadamente, la noticia (y seguramente la nota de prensa policial en la que se basa): en efecto, de acuerdo con el art. 4 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, son armas prohibidas "las armas de fuego simuladas bajo apariencia de cualquier otro objeto"; es decir, las armas que disimulan su condición. No, en cambio, los objetos que simulan ser armas.

O, claro, siempre se podría acudir a ese cajón de sastre, indeterminado e inconstitucional, que es la infracción del art. 36.3 de la Ley: "causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos". Por más que, desde un punto de vista material, resulta evidente que transitar por la calle participando en un juego, sin molestar a nadie, no constituye ninguna suerte de desorden.

¿Ignorancia supina del Derecho por parte tanto de los agentes como de la Jefatura de la Policía Municipal de Almería? Tal vez, en parte...

La cuestión de fondo me parece que es, sin embargo, algo más seria: tiene que ver, justamente, con ese término que una mentalidad policial autoritaria no ha sido capaz de evitar que se colara en la nota de prensa: "el peligro y alarma social que puedan conllevar estas prácticas". "Alarma social". Justamente: se crea, por unos medios de comunicación ávidos de sensacionalismo y que buscan muchas de sus noticias (para ahorrar costes) en internet, un pequeño pánico moral en torno a supuestos "payasos diabólicos" que asustarían -dicen ellos- a la ciudadanía. E inmediatamente la policía reacciona, de manera "natural": hay que "hacer algo", hay que evitar que cunda el pánico.

Consecuencia: se para a personas que realizan conductas lícitas y se las intima y se las abre expediente sancionador. Se las coacciona, en suma, privándolas de su libertad de seguir actuando, dentro de la ley, como les plazca. Probablemente, al final no haya sanción. O, si la hay (debido a esa contumacia tan usual de nuestra Administración frente a ciudadan@s indefens@s), si fuese recurrida, sería revoca por la jurisdicción contencioso-administrativa. Pero, mientras tanto, la restricción de la libertad, del uso del espacio público, ya ha tenido efectivamente lugar.

Se trata, es cierto, de un incidente muy pequeño, casi ínfimo, que no pasará a los anales de la lucha por la libertad. Pero, me parece, extremadamente revelador, de cómo son las prácticas policiales y de cómo opera la siempre problemática relación entre éstas, la opinión pública, las políticas punitivistas y la legalidad. Que corre siempre (como parece que ha sucedido precisamente en este caso) el riesgo de ser la parte más perjudicada, en detrimento de los derechos de l@s ciudadan@s.


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