En vista de la confusión interesadamente creada y -todo hay que decirlo- de la actitud injustificadamente deferente hacia el Estado (es decir: hacia quienes lo gobiernan) de buena parte de la ciudadanía española, que tiende a dar por bueno cualquier mensaje proveniente de las autoridades políticas y/o de sus interesados mensajeros, hay que recordar lo obvio:
1º) Cortar una carretera o una vía férrea no tiene por qué ser violencia, en el sentido jurídico de la expresión. Puede serlo, si afecta inmediatamente a la libertad de movimientos. (En un sentido más lato, tal vez podría calificarse siempre de tal. Pero dicho sentido lato -interesante para ciertos debates morales, de los que me he ocupado en otras ocasiones- carece de relevancia desde el punto de vista legal.) Y, en todo caso, no constituye un hecho que ponga en peligro la vida o la salud de las personas (aunque, por supuesto, depende del método empleado).