El otro día estuve dando una conferencia a propósito de la reciente "amnistía fiscal" que el Gobierno español ha implantado, a través del Real Decreto Ley 12/2012, de 30 de marzo (B.O.E. núm. 78, de 31 de marzo), y quisiera resumir aquí mis tesis al respecto de la misma:
1. Mis observaciones se limitan a los aspectos jurídicos de la regulación. Por supuesto, como ciudadano, me resulta escandaloso que un gobierno que (en estricta continuidad y prolongación, eso sí, de las políticas puestas en práctica antes por el anterior gobierno, del P.S.O.E.) está llevando a cabo los mayores recortes de derechos sociales desde la dictadura franquista decida, además, declarar públicamente que defraudar a la Hacienda Pública (y, en definitiva, a la sociedad española) tiene premio -y premio gordo. Ello, desde luego, es perfectamente coherente con el enfoque clasista desde el que este gobierno está gestionando la crisis socioeconómica. No puede, pues, sorprender. Pero sí escandalizar, y dar motivos para la protesta.